El stand-up de la Presidenta

Lo que dice el nuevo estilo oratorio de Cristina Kirchner

Por Beatriz Sarlo | Para LA NACION

La Presidenta ha cambiado notablemente su oratoria. Todos los observadores coinciden en que está "más suelta". Yo diría que muchas veces se muestra sencillamente pintoresca.

Antes de esta transformación, desde la muerte de Néstor Kirchner en sus discursos incrustaba bloques de alto dramatismo, cuando mentaba, con la voz estrangulada por la emoción, su soledad y su voluntad de sobreponerse. La intensidad, aunque no ha desaparecido, hoy dura menos. En su lugar, están las ocurrencias de una espontaneidad libre de ataduras, que trae anécdotas, gustos, recuerdos, diálogos con la platea, bromas, sonrisas, miradas de costado, revoloteo de manos y pasos de baile tan expresivos que no sería justo citar sólo por escrito, sin los gestos. No voy a citar, me voy a privar de esa prueba que puede verse en www.presidencia.gov.ar/discursos .

El stand-up comedy presidencial, es decir el momento en que Cristina Kirchner improvisa en primerísima persona, tiene un público que parece disfrutar de esa fórmula escénica. Hace dos días, detuve el cuadro de video sobre una panorámica que mostraba a ese público en un salón de la Casa de Gobierno. Lo vi a Filmus riéndose ante un intercambio de datos sobre el origen étnico del comandante Chávez; quien los proporcionaba a la Presidenta era el secretario de Comercio, que se tocó la cabeza e hizo el gesto de enrularse el pelo. Rápida, la Presidenta captó que los gestos de Moreno sugerían que Chávez tenía mota. Y fue ésa la palabra que empleó. Me imaginé a un Filmus políticamente correcto, en alguna otra vida pasada, predicando ante unos niños que con esas cosas no debía bromearse. Hasta que festejó ese momento del stand-up presidencial, Filmus era un señor correcto, serio, con cara de aburrido, convencional. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué creen que se les pide? ¿Qué temen si no se ríen con obsecuencia?

Lo que le pase a Filmus, en realidad, tiene poca importancia. Dejará de reír y seguramente se sentirá más cómodo con un cambio en el estilo presidencial. Las salidas de tono de la Presidenta, cuando incursiona en el stand-up, son la incógnita para analizar. En el pasado, el registro más usual de Cristina Kirchner (mientras fue diputada y senadora) era tecnocrático. Hablaba de corrido una jerga de informe socioeconómico. Era evidente que se aplicaba a preparar esas intervenciones que luego hacía "de memoria". Después de presidentes que improvisaban mal y no aprendían de memoria, como Menem, ganaba de punta a punta. Kirchner era un orador directo, pasional y desgalichado; por el contrario, su esposa parecía la universitaria del tándem. Le faltaba algo para ser una oradora tan buena como se creía: no tenía temperatura escénica (a lo Lula) ni parecía una académica destacada (a lo Fernando Henrique Cardoso o Ricardo Lagos).

Se dirá que estas cuestiones carecen de importancia política. Creo, en cambio, que son importantes, porque no muestran simplemente modos de hablar, sino la relación que alguien mantiene con su propia imagen pública. Cada uno habla del modo en que se siente autorizado a hablar por sus antecedentes o su poder.

Cristina, en esta nueva forma de su oratoria, habla como alguien que piensa que sus más triviales ocurrencias pesan y, por lo tanto, deben ser comunicadas a la ciudadanía. Mientras su oratoria fue tecnocrática y populista (una buena mezcla), era unánime la opinión de que se adecuaba a las necesidades de su lugar político. Se toleraban sus sarcasmos, porque se los consideraba una manifestación de su inteligencia. Después, cuando atravesó el capítulo dramático de poner en escena el dolor y el duelo, recibió la paciente solidaridad de sus oyentes. Ahora, en este giro hacia el stand-up, corre un riesgo que antes no corría: ¿es graciosa cuando canta un jingle o revolea los ojos? Si la parodia falla, el stand-up se desmorona.

Hay una sombra de omnipotencia en este nuevo estilo oratorio de la Presidenta. Los buenos oradores políticos conocen perfectamente cuál es su género y, sobre todo, saben que no todos los géneros les quedan bien. La Presidenta parece haber perdido esta capacidad de distinguir.

A esto podría responderse con dos objeciones. La primera es que sus discursos son exitosos. Tal afirmación es incomprobable, salvo que las plateas cautivas de la Presidenta sean tomadas como adecuada muestra sociológica (como si las risas grabadas de la televisión sirvieran para probar el alto rating de un programa). La segunda objeción es que todo mi argumento carece de importancia y que lo que importa en los políticos es lo que hacen, no lo que dicen.

Es un error separar la acción política del discurso que la acompaña. El estilo de la explicación indica mucho sobre la idea que un político tiene acerca de sí mismo. El profundo autocentramiento de la Presidenta es tan visible en sus discursos como en el verticalismo que es el sello de su gobierno. La forma de sus teleconferencias enfatiza su concentrado personalismo para dirigirse a gobernadores, intendentes o (peor aún) gente de lugares alejados donde se inaugura o reinaugura una obra. Parece una señora que habla con subordinados, a los que trata con una confianza condescendiente que ellos jamás podrían devolver: bromas, preguntas, comentarios van en dirección única, de arriba para abajo. Es paternalista un discurso que coloca a su interlocutor en un lugar desde donde no puede responder sino celebrando a quien le habla. En la primera mitad del siglo XX, se llamó a este estilo populismo oligárquico, de patrón de estancia. Hoy es populismo de burguesa próspera, convencida de que todos sus actos son para beneficiar a esa pobre gente que la escucha.

Sintonizo con frecuencia el canal Unasur. Allí puede escucharse a Chávez, un colorido orador antiimperialista, seguro dentro de esa cultura, y con sensibilidad verbal para diferentes registros: de la maldición a la amenaza, de la promesa a la confianza. Independientemente del juicio que se tenga sobre su política, Chávez tiene estilo. Los discursos de la Presidenta no pertenecen a esa tradición, como si no los hubiera practicado antes. Esto es particularmente evidente cuando se mete en la historia del siglo XIX y primera mitad del XX, con la insegura brevedad de alguien que no avanza por campo conocido.

Todo esto conforma una personalidad política (no hablo de inabordable psicología, sino de rasgos ideológicos). Todos los grandes dirigentes han sido juzgados no sólo por sus obras, sino también por sus discursos, desde Sarmiento hasta Perón. Los discursos son una de las materias en que se expresa y se define un estilo de gobierno y una concepción del poder. El centralismo verticalista produce una atmósfera de encierro, en la que Cristina Kirchner se mueve como si fuera el medio más favorable a su espontaneidad. Si un dirigente cree que está autorizado a decir cualquier cosa en cualquier momento, incluso malos chistes, ha perdido una conciencia de los límites dentro de los que se ejerce siempre, en todas partes, un poder que sea legítimo no sólo por los fines perseguidos, sobre los que puede disentirse, no sólo por los medios utilizados, que pueden discutirse, sino por las formas de comunicarlos.

Cristina Kirchner dijo que, en caso de usar un poco menos la cadena nacional, los opositores malévolos ya estarían preguntándose dónde está la Presidenta. Probablemente tenga razón. Ella es responsable de haber elegido esa incesante estrategia mediática. Si la deja de lado, es obvio que deberá reemplazarla por otra para evitar la pregunta que supone inminente, ya que la oposición en todas sus variantes le parece un ejército cuyo único impulso son las malas intenciones.

© La Nacion

Si no hay castigo, no hay justicia

Los permisos para que los presos tengan salidas transitorias 


Por Diana Cohen Agrest  | Para LA NACION

Desde siempre, las sociedades humanas presentan constantes naturales: todas reprueban social y penalmente el quebrantamiento de las normas. Desertor de los valores que sostienen el entramado social, el delincuente es aquel que transgrede la ley positiva históricamente situada. De allí que salvo condiciones excepcionales -guerras y revoluciones-, la protección ante la delincuencia es la intervención de la ley positiva en una dimensión moral que se puede calificar de universal: no provocar el sufrimiento del otro.

Dicha interdicción se instauró tras el reconocimiento de que el delito es consustancial a la condición humana: no es por azar que el relato del Génesis, tras narrar la expulsión del Paraíso, prosiga con el crimen inaugural de Caín perpetrado contra su hermano Abel. Según la narración bíblica, un Dios omnipotente castigó al victimario con una marca en su frente, estigma que lo preservaría del castigo humano y que acompañaría el derrotero existencial de Caín.

Antes de la celebración del hipotético pacto que fundó la sociedad civil, los particulares vengaban por su propia mano la afrenta sufrida: el hombre se cobraba el mal perpetrado por otro hombre. Con el devenir de la historia, esa oportunidad le fue arrebatada a la víctima y fue delegada en los poderes públicos -eclesiásticos y luego civiles-. Manos humanas que, en la Argentina que nos duele, las más de las veces son ajenas al dolor de la pérdida e indiferentes a la escisión definitiva e irreparable instaurada por la muerte de quien amamos.

En una interpretación disparatada de la Constitución Nacional, hoy asistimos a la propuesta (sin duda, innovadora en el mundo, también en esto somos "los primeros") de que los presos gocen de salidas transitorias "culturales" con el fin de "militar" (paradoja del lenguaje, pues si hay una palabra que carga en el imaginario social con una suerte de pecado de origen es esta expresión hoy sintomáticamente resignificada). Además de los intereses en juego, este empoderamiento del delincuente invierte el orden simbólico y, en un mecanismo de admiración inconsciente, celebra al victimario, quien es, al fin de cuentas, el ganador que "pudo" con la víctima, mientras que la víctima es el fracasado. Porque es mejor identificarse con el triunfador, quien se animó a hacer -y triunfó en su "ejecución" (¡otra paradoja!) de un acto que, según parece, anida como deseo en el inconsciente de muchos.

Los ideales que sustentan la laxitud normativa -rebajados a una presunta rehabilitación del convicto- son desmentidos por el alto porcentaje de reincidencias. Por supuesto, si por "rehabilitación" se entiende "resocialización", esto es, la oportunidad de volver a vivir en el seno de la sociedad y de continuar delinquiendo, esa asimilación semántica implicaría que la "resocialización" y el vivir del delito no serían mutuamente excluyentes, lo que se da de hecho en las políticas vigentes de excarcelación de delincuentes.

Fundándose en una teoría agnóstica del castigo que parte de la premisa de la ineficacia punitiva, en particular, de la pena privativa de libertad, se alega que la excarcelación es una de las vías propiciadas para descomprimir las lamentables condiciones de la realidad penitenciaria. Pero es una inconsecuencia lógica argumentar que porque las penas no disuaden del delito, deberíamos eliminarlas (porque las penas alternativas son un eufemismo, no son penas).

Esta inconsecuencia descarta otra posibilidad: mejorar el sistema carcelario y, fundamentalmente, en los casos de delitos en contra de la vida o de la integridad de las personas, imponer penas proporcionales a ese delito. El experto canadiense en seguridad Irvin Waller, en una nota publicada en LA NACION, señalaba que "en Bogotá se logró reducir fuertemente la tasa de homicidios en un plan que fue mantenido por tres alcaldes. Primero es necesario el diagnóstico. Y ése no es un tema de la policía porque se necesita una planificación general del Estado para dar respuestas efectivas. Allí se focalizó, al principio, en el control de las armas de fuego, el acceso al alcohol y las condiciones de vida en los barrios de mayor violencia, además de luchar fuertemente contra los crímenes de venganzas de sicarios y proteger a las víctimas de delitos. Los resultados muestran que el éxito es posible". Sin una férrea voluntad política de luchar contra el crimen cotidiano y una transformación de las causas sociales que lo cobijan es imposible recuperar el tejido comunitario. Ese es el desafío que nos espera como sociedad.

Quienes persisten en seguir modelos noruegos o finlandeses, sin embargo, descartan una segunda dimensión del castigo, la retributiva. En las páginas de Sobre la justificación moral del castigo , Eduardo Rabossi declaraba que mientras quienes defienden el poder de disuasión de la pena afirman que se castiga para disuadir al delincuente o a otros de continuar delinquiendo, en cambio, quienes defienden la tesis retribucionista sostienen que el castigo en general se justifica porque el ofensor cometió un delito. El castigo es entonces el resultado de aplicar una norma en la que se estipula una pena para cierta clase de actos, y aplica dicho castigo a un caso particular. Pero allí se hace una distinción entre el legislador y el juez. Si se toma en cuenta la ley penal, "cuando el legislador establece que determinado tipo de acciones deben ser penadas con tal o cual castigo, mira hacia el futuro y si tiene presente hechos pasados, sólo es como motivación de su proceder". En cambio, concluye Rabossi, cuando el juez aplica una sanción mira hacia el pasado, porque "lo que le interesa es determinar la culpabilidad efectiva del supuesto ofensor", y si mira hacia el futuro, por ejemplo al efecto reformador que pueda tener la pena, "sólo es como algo derivado de su culpabilidad". En lugar de sacrificar uno de los dos criterios sancionatorios clásicos, ambos se reconcilian en el justo castigo.

De la Justicia pública siempre se esperó, cuando menos, que el mal cometido nunca llegara a ser conmutado. Jamás se espera que repare aquel mal intrínsecamente irreparable (el homicidio o la violación no son condiciones que puedan remediarse), ni tampoco se espera que cometa un nuevo mal (tal como sería la tortura).

Sin embargo, la Justicia pública desprecia la lógica retributiva que gobierna todas las otras actividades humanas: la retribución se ejerce tanto en la economía basada en la noción de intercambio como en la política fraguada en las lealtades y hasta en el intercambio cotidiano de regalos o favores. Pero suele ser descartada en la ejecución de la pena cuando se exonera al victimario de su cumplimento. Demonizando cualquier atisbo de un presunto "afán vindicativo", se contradice esa lógica inherente a la condición humana, conmutando la pena y, en el mismo gesto, burlando la buena fe de las víctimas sobrevivientes que han renunciado a devolver personalmente un mal con otro mal.

Cuando el Estado expropia la venganza, se compromete a sustituir su función primordial. Si ese compromiso no se cumple, el Estado es un Leviatán que destruye los lazos comunitarios una y otra vez desgarrados por el dolor de una impunidad que, en el mejor de los casos, nutre el sentimiento de impotencia, y en el peor, el horror del resentimiento. Ese mismo Estado omnipresente en la persecución de los ciudadanos es ejecutor, por omisión, de esas miles de vidas expropiadas por un sistema inerme que no cuidó de lo más valioso y, frente al dolor de lo irreparable, responde con la negación, el silencio y el olvido.

El filósofo Paul Ricoeur señalaba una rigurosa sucesión de conexiones: donde hay normas sociales, decía, "hay posibilidad de infracción; donde hay infracción existe lo punible, ya que el castigo tiende a restaurar la ley al negar simbólica y efectivamente el daño cometido en detrimento del otro, la víctima. Si el perdón fuera posible a este nivel, consistiría en levantar la sanción punitiva, en no castigar allí donde se puede y se debe castigar. Esto es imposible directamente, pues el perdón crea impunidad". Donde no hay castigo, no hay orden simbólico y donde no hay orden simbólico, no hay justicia.

Como una impostora, se instaura una injusticia alentada por los mismos que nos prometieron otra historia. Esa historia que hoy se inscribe en el borramiento del mal cometido, en la exaltación de la transgresión, en el aniquilamiento de los valores más elementales, en un vaciamiento del entramado simbólico que sostiene el entramado social.

Retomar el rumbo perdido

El rescate de deuda y la falta de confianza en la economía

Por Roberto Lavagna 
Especial para La Nación

Los primeros días de nuestra gestión, a fines de abril de 2002 y ya desatada la más grave crisis en más de un siglo, estuvieron signados por la fragilidad del orden social en el conurbano bonaerense -que había sido escenario de desórdenes y saqueos en los meses previos-, la ira cotidiana de nutridas manifestaciones de clase media frente a los bancos en el microcentro -que habían tapiado sus frentes, agregando desolación al paisaje urbano- y una virtual anarquía en el Congreso y en la política en general. Anticipándose una década a los "indignados" europeos, el hilo conductor de la protesta local se había sintetizado en el "que se vayan todos".

El componente fundamental de aquellos primeros días de gestión fue la generación de confianza, algo sutil e inasible, que se siente o no se siente pero que no se compra ni se vende, a pesar de que, como vemos hoy, muchos esfuerzos marketineros intentan tratarla como una mercadería y venderla a partir de cuidadas y no tan cuidadas puestas en escena, como si fuese un objeto apropiable.

Fue en aquel momento cuando nuestro equipo decidió la emisión del Boden 2012 como medio para evitar la exigencia de los bancos, del FMI y de algunos sectores locales de hacer un canje compulsivo de los depósitos del público. Se trataba de flexibilizar la rigidez de los depósitos reprogramados congelados -implementados antes de nuestra gestión como forma extrema e inútil de frenar la corrida bancaria- y de introducir así dosis "voluntarias" en la solución. La corrida, se recordará, se había acelerado a mediados de 2001 y desde comienzos de 2002 avanzaba destruyendo todo a su paso. Aquella crisis y sus prolegómenos implicaron una destrucción de riqueza para la Argentina del tipo de la que habíamos sufrido a causa de la crisis mundial originada en Wall Street en 1929.

Afortunadamente, el conjunto de la sociedad argentina puso todo su empeño para salir de la crisis, asumiendo las profundas correcciones macroeconómicas que se introdujeron para superar la parálisis de la segunda mitad del período de la convertibilidad, lo que permitió que rápidamente se retomara el sendero virtuoso de la producción y el empleo. En forma gradual pero firme, los ciudadanos, y luego los mercados, interpretaron constructivamente los esfuerzos de diseño e implementación de nuestro plan de "normalización, recuperación y crecimiento" de salida de la crisis.

Para eso tuvimos que obrar con convencimiento, con imaginación y creatividad, respetando los principios básicos de las reglas económicas en una crisis profunda, y al mismo tiempo recuperando el poder de decisión nacional, aunque eso contradijera los deseos del Fondo Monetario Internacional. Por aquellos días el mundo miraba con incredulidad cómo la Argentina se ponía de pie; y dentro del país, los agoreros de los peores escenarios iban llamándose a silencio. Hicimos muchas de las cosas que entre 6 y 7 años más tarde el mundo desarrollado tuvo que hacer para evitar un colapso derivado de los excesos financieros; decisiones que en 2002, cuando las adoptamos, eran rechazadas por la ortodoxia cerrada, se transformaron así en aceptables. 

Rápidamente alcanzamos el equilibrio fiscal y la estabilidad de precios (0,3% mensual en el trimestre octubre/diciembre 2002), alejando el riesgo de hiperinflación, lo que requirió firmeza al decir que no a muchos reclamos, algunos de ellos justos, cuya satisfacción no era posible por la escasez extrema de recursos que padecíamos. Luego vino el superávit fiscal, de la mano del restablecimiento de la competitividad y del aumento del empleo. Dureza y selectividad fiscal y flexibilidad monetaria, en el marco de un círculo virtuoso de recuperación y crecimiento, fueron las bases de la recuperación que nos acompañó hasta el fin de la gestión en el Ministerio de Economía, a fines de 2005.

Mucho más allá de los contenidos editoriales, la fuerza comunicacional de la imagen televisiva bastó para que la sociedad argentina reconociera la gestión profesional de gente comprometida, gente normal, que con mucho esfuerzo y trabajo fijó el rumbo para alcanzar la recuperación en base a un diagnóstico acertado, sin estridencias, sin jactancias, alejados de la soberbia que con excesiva frecuencia se apodera del discurso económico en nuestro país. Baste sino, en contraposición, recordar el distanciamiento de la realidad que denotaba el discurso que pretendía imponerse muy poco tiempo antes del estallido de la crisis de diciembre de 2001.

A diez años de la emisión del Boden 2012, a quienes trabajamos en su concepción e instrumentación nos hubiese gustado que el momento de su rescate hubiera coincidido con una economía en pleno crecimiento, con estabilidad, con mejoras sociales duraderas, y que nuestras relaciones financieras con el mundo estuviesen totalmente normalizadas. Seguir en default con el Club de París, por caso, es inexplicable. Nos impide, por ejemplo, abastecernos de maquinarias y equipos de última generación en las condiciones crediticias como las que obtienen los países vecinos. Ese incumplimiento continúa contaminando todos los esfuerzos del sector privado y atenta contra nuestra competitividad.

También hubiera sido plausible que al madurar aquella emisión nuestro país, y sobre todo el sector de inversión y creación de empleo privado, hubiese estado en condiciones de aprovechar las bajísimas tasas del mercado internacional para financiar la modernización de la estructura productiva y de una infraestructura vetusta, que literalmente pone en riesgo e incluso sesga la vida de los argentinos. Es tan malo un país con muy alto endeudamiento como el de los años previos a la crisis de 2001, como un país con una sub-inversión profunda como la Argentina actual.

Tampoco el Gobierno supo darle continuidad a la política financiera de estos años, que era parte integrante del canje de deuda de 2005. Ya al momento del canje habíamos dejado explícitamente planteado un camino de recompra de deuda que apuntaba a neutralizar el efecto presupuestario de las Unidades del Crecimiento (cupón del PBI). Está escrito en el prospecto de emisión. Nada pasó. En cambio, en la usina del relato oficial hoy se debe estar analizando cómo presentar "en sociedad" a fin de año el pago anual del cupón que, como consecuencia de un crecimiento importante, se ha ido elevando en los últimos años. El rescate de las cupones para reducir los pagos debió hacerse como estaba previsto, el grueso no mas allá de 2008, calladamente, como se hacen las políticas de intervención en el mercado, en una tarea que habría insumido a lo sumo unos 20 días de trabajo de profesionales experimentados. Eso, claro está, no forma parte del relato.

Al término de nuestra gestión la soja rondaba los 214 dólares la tonelada; hoy supera los 640, además de la suba de otros granos. Desde 2007, la situación internacional le ha dado muchas oportunidades a la Argentina, en particular con el alza de los precios de las principales exportaciones, que han subido todavía más en los últimos meses. Contrastando con esa abundancia de recursos, el manejo de la economía, tanto por inexperiencia como por falta de imaginación, muchas veces producto de anteojeras ideológicas y/o de una sovietización a la criolla, nos han llevado a la situación actual, caracterizada por la desconfianza, la desinversión, el ahogo del sector privado y crecientes y justificados reclamos de los sectores sociales mas frágiles.

La reinstauración del peso en las transacciones y en el ahorro, que impulsamos creando el CER, manteniendo baja la inflación y transformando de manera voluntaria deuda externa en dólares en deuda en pesos (canje de 2005), dio ahora paso a la desconfianza creciente en la moneda nacional y alentó la fuga neta de capitales desde 2006 en adelante.

Hoy y acá sólo hay que festejar políticas económicas que nos lleven a asegurar el crecimiento y el bienestar a todos los argentinos. Para eso hay que retomar el rumbo perdido.

Los errores de discurso de Cristina

Jorge Oviedo

Especial para La Nación

En su discurso en la Bolsa de Comercio, Cristina Kirchner cometió una serie de errores e inexactitudes, entre los que se cuentan:

-"Yo era diputada nacional y me acuerdo de que meses antes del desastre [de 2001] se sancionó una ley, que se denominaba de intangibilidad de los depósitos. Según el gobierno de la Alianza, era una señal muy fuerte para los mercados, a los efectos de asegurarle que la gente iba a tener el dinero que le iban a devolver los bancos. Como si la economía pudiera manejarse por leyes y la confianza y la garantía te la pudiera dar una ley."

El proyecto comenzó a tratarse el 15 de agosto en la Cámara baja sobre tablas por pedido del diputado del PJ Miguel Angel Pichetto, actual jefe del bloque kirchnerista del Senado.

-"Recuerdo, bien sentada a mi derecha, porque era la diputada Ana María Mosso (...) que hizo una gran y perfecta objeción a lo que era esa ley de intangibilidad diciendo que no iba a servir de nada."

La versión taquigráfica menciona a Mosso no como opositora, sino como autora de uno de los proyectos. Se aprobó rápido y sin objeciones. No hay en la versión taquigráfica ningún discurso contra el proyecto.

-"Lo que hay es una formidable crisis especulativa (...) a partir de una crisis que conocimos muy bien, y que fue el estrangulamiento del sector externo. Esto es el endeudamiento del sector externo público y el endeudamiento del sector externo privado, y del sector externo familiar."

En todo caso se trataría del endeudamiento externo del sector público y privado, que no es lo mismo. Durante la convertibilidad, personas y familias se financiaron con créditos en moneda extranjera, que no eran "externos" y por eso pudieron pesificarse.

-"Los otros dos grandes momentos de endeudamiento se dan durante la dictadura (...). Allí el sector privado fue fundamentalmente el endeudado y que culminó con la estatización, que el doctor Cavallo y obviamente el Gobierno, sostuvieron (...). Entonces se estatizó la deuda que finalmente son los bonos Par, los bonos Discount, etc., etc., que terminaremos de pagar recién en el año 34. Hay bonos que se emitieron en aquel momento que son con legislación de Nueva York."

En la dictadura aumentó mucho la deuda en moneda extranjera. Con las devaluaciones de 1981 se rompió la promesa de depreciación predecible de la "tablita". Se dio al sector privado un seguro de cambio para cancelar las deudas. Varios economistas señalan que el problema fue que cuando Cavallo ya no estaba en el Banco Central no se lo adecuó correctamente por inflación. El default fue en 1982, lo renegoció sin éxito Alfonsín y luego se hizo el acuerdo Brady en 1992. Entonces se emitieron los Par y Discount, no en la dictadura. Se defaultearon. Los Par y Discount que hoy existen los emitió Kirchner.

-"Luego vino el segundo período de endeudamiento, la convertibilidad, y para sostener la ficción de que un peso era igual a un dólar. Nos endeudamos, inclusive, para sostener gastos corrientes y además desprendiéndonos de bienes. Algunos, afortunadamente, hemos recuperado."

Según los estudios más serios, la mitad del aumento de la deuda en el gobierno de Menem reconoció cuentas impagas con jubilados, proveedores del Estado, personas perseguidas, secuestradas o despedidas de sus empleos públicos por la dictadura, acusados de "subversivos".

Néstor Kirchner, fue un gran apoyo de Menem para privatizar YPF. En 1999 la Nación, Santa Cruz y todas las provincias petroleras vendieron a Repsol las acciones que en la privatización de 1993 habían conservado y dieron el control a los españoles.

-"La deuda pública total contra Producto Bruto Interno: en el año 2002, significa el 166% de nuestro PBI, hoy significa el 41,8."

Comparó contra el peor momento, cuando el PBI medido en dólares se había derrumbado por la brusca devaluación y cuatro años de recesión. Sólo a fines de 2001 la deuda pública superó el 50% del PBI. El PBI en dólares estaba sobrevaluado por el atraso cambiario. Pareciera que hoy ocurre algo parecido. Tras la reestructuración, los niveles de deuda no tienen un diferencia tan grande respecto de los últimos años de la convertibilidad.

-"Deuda Pública Total en poder del sector privado, en moneda extranjera, contra PBI: en 2002, 92%; (...) Cuando se pague el Boden 12 - vamos a pasar a deber solamente el 8,4%."

Pareciera que no computa la deuda por fallos adversos del Ciadi, que el Gobierno no paga. Excluye la deuda con el Club de París, en default hace 11 años, que podría superar los US$ 8000 millones. También la deuda con Venezuela por importaciones de fueloil. Y seguramente tampoco una previsión de indemnización a Repsol por la expropiación de YPF.

En la deuda total, seguramente no incluyó los fallos en favor de jubilados que el Gobierno no cumple.

-"La exportación de carne cayó entre 27 y el 30%. La cuota Hilton (...) el año pasado nos la pagaban a 22.000 dólares, este año está entre 12.000 y 13.000, si te la compran (...) La tonelada de leche en polvo estaba ya en 2011 a 5000 dólares, hoy está entre 2600 y US$ 2700."

La Argentina durante años no ha cubierto la cuota Hilton, aun con precios récord. Los exportadores lo atribuyen a malas prácticas gubernamentales. Con precios internacionales récord, Néstor Kirchner prohibió los envíos de carne y Guillermo Moreno, los de leche en polvo. En el sector aseguran que así se desalentó la inversión en secadoras de leche y hoy no hay suficientes.

-"En el año 2001, todos los consultores económicos, todos los periodistas, todos los diarios decían que estaba arreglado y que no pasaba nada."

La crisis fue para los medios internacionales un "choque de autos en cámara lenta", por lo previsible. Los republicanos decían desde 1997 que había que abandonar a países como la Argentina que debían defaultear sus bonos y pagar por anticipado al FMI. Anne Krueger, número 2 del FMI, propuso una ley de quiebras para países, mientras De la Rúa intentaba el canje de noviembre de 2001. La Presidenta acusó de encubrir la crisis al economista Jorge Avila, profesor del CEMA, donde se graduó Boudou.

Las advertencias de que la Argentina marchaba hacia el colapso, hechas por Avila y otros economistas, sacaron de quicio a Cavallo. Los acusó "traidores a la patria" en 2001, en una entrevista con LA NACION que, como todos los medios, reflejaba el debate. El 30 de noviembre de 2001, Ambito Financiero anticipó el corralito. Durante todo el año los ahorristas retiraron miles de millones de dólares en depósitos, advertidos de las dificultades del Gobierno.

Mentirosos y mentirosas

Por: Martín Caparrós | 31 de mayo de 2012

Seré breve: Lanata fundó y dirigió Página/12. Otra vez: Lanata fundó y dirigió Página/12, y parece un chiste que yo esté escribiendo esta frase. Es público y notorio y comprobable que Jorge Lanata imaginó y fundó Página/12 en los primeros meses de 1987, que le inventó el estilo, que lo dirigió durante varios años y que convocó a los mejores periodistas que pudo convencer, que también contribuyeron a formarlo.
Digo: Lanata fundó y dirigió Página/12, y parece chiste que yo esté escribiendo esta frase –o que esta frase deba ser escrita– pero ese diario acaba de cumplir 25 años y lo celebró con un número especial que incluía a la mayoría de sus plumas actuales y ninguna –ninguna– de ellas hizo la menor referencia a Jorge Lanata: lo desaparecieron de su historia. Como si el diario hubiera salido solo, por generación espontánea, sin director, sin creador. O como si lo hubiera hecho un ente anónimo, secreto, clandestino. Va de nuevo: un suplemento de 40 páginas donde los periodistas y editores de un diario cuentan los principios de ese diario pero no nombran a su fundador y primer director. Lo callan, lo niegan. Y dicen que son periodistas. Todo terminó ayer miércoles cuando la señora presidenta de los argentinos, la doctora Jorgelina Griñones de Velotti, fue a una fiesta organizada para seguir celebrando tan magno evento y peroró y tampoco lo nombró –“la verdad que no quiero olvidarme de nadie”, dijo, y nada–, y otros peroraron y tampoco.
Nadie recordaría aquella foto de Lenin con Trotsky si Stalin la hubiera hecho publicar con un epígrafe tipo "el exiliado León Trotsky antes de traicionar a la revolución". Pero nos acordamos porque lo que Stalin hizo fue borrar la imagen de Trotsky de la foto: borrarlo de la historia. Por eso aquella foto fue un símbolo de un régimen siniestro. Más allá de los personajes: los procedimientos.
Se pueden discutir lecturas de la historia, interpretaciones de la historia, explicaciones de la historia. Pero no ciertos hechos precisos de la historia. Cambiarlos no se llama discutir: se llama mentir. Y si se tiene poder –el poder de reescribir esa historia desde un diario o un púlpito o un trono–, se llama abuso de poder, autoritarismo, estalinismo, canallada.
No estoy hablando de Jorge Lanata. A veces acuerdo con él, a veces no, es mi amigo, lo quiero, pero no es importante en este asunto. Y el asunto tampoco: en última instancia, que Lanata haya fundado o no Página/12 no es relevante. Es relevante –impresionante– que esas personas se ensucien así por algo tan menor. Es relevante que unas personas se crean que pueden falsificar gratis, y que ofrezcan con esto un ejemplo demasiado obvio de lo que hacen tan a menudo, tantas veces.
Digo: estoy hablando de unos idiotas que se creen que los demás somos tan idiotas como ellos y que pueden engañarnos con mentiras berretas. Estoy hablando de una banda de mentirosos y mentirosas que se jactan de respetar la Verdad y la Memoria y se cagan en cualquier verdad y cualquier memoria que no les guste o no les sirva, y se creen que pueden inventar cualquiera que sí, incluso cuando casi no importa –y más, por supuesto, cuando sí.
Estoy hablando de personas penosas, peligrosas. Personas que me están dando miedo. Por eso estoy hablando.

Publicado en Pamplinas, el blog que tiene el escritor y periodista en el diario "El país", españa.

Expropiación de YPF: 10 preguntas para entender el problema

PorRodolfo Terragno

¿Quiénes privatizaron YPF?

En 1992, el Presidente Menem envió al Congreso el proyecto de Ley de Privatización de Activos y Acciones de YPF, por el cual el Estado nacional y las provincias debían “enajenar conjuntamente las acciones de las que fueren titulares”.

El proyecto no sólo era rechazado por la UCR: enfrentaba resistencias entre los propios legisladores justicialistas. Pero éstos fueron por fin persuadidos. La tarea le correspondió a Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz y presidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). La entidad agrupaba a Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Salta y Santa Cruz.

El 22 de septiembre, los gobernadores de la OFEPHI se reunieron con el Ministro del Interior, José Luis Manzano. Kirchner sostuvo que, si todas las provincias petroleras daban su apoyo a la privatización, las bancadas oficialistas se verían en dificultades para votar en contra. Al salir del despacho de Manzano, Kirchner dio una conferencia de prensa en la misma Casa Rosada. Frente a las cámaras, pidió apoyo para el proyecto e instó a que, si algún legislador justicialista mantenía su disidencia, al menos diese quórum y se abstuviera. Al día siguiente, apareció en Clarín la foto del gobernador de Santa Cruz dando su conferencia de prensa. Ilustraba esta noticia: “Provincias petroleras hacen lobby por la aprobación”.

La tarea fue efectiva. Dos días más tarde, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto. El diputado Oscar Parrilli, actual secretario general de la Presidencia, fue el miembro informante. Un año después, en su libro Cuatro años en el Congreso de la Nación, 1989-1993, Parrilli exhibió la privatización con orgullo: “Hoy YPF es la gran empresa petrolera privada nacional, que domina más de la mitad del mercado de los combustibles”.

En ese momento, 68 por ciento de la sociedad estaba en manos de bancos y fondos de inversión. Años más tarde, la española Repsol pasaría a tener 80 por ciento.

¿Cuáles fueron los objetivos de Menem y Kirchner?

Quizás, atraer inversiones y recuperar el autoabastecimiento de petróleo. Lo primero se hizo realidad en 1999, cuando Repsol puso 15.500 millones de dólares. Lo segundo fue un fracaso. La producción cayó y, en una década, la importación de hidrocarburos aumentó 717 por ciento.

¿Qué debieron haber hecho?

Conservar a YPF en manos del Estado y terciarizar la exploración y explotación. Lo sensato era que el país atrajera a compañías con enorme capacidad de inversión y alta tecnología, no para que se hicieran dueñas de YPF sino para que le sirvieran como contratistas, trabajando a “a comisión”: si sacaban petróleo, obtenían una pequeña parte; si no, se quedaban en cero.

¿No era utópico lograr eso?

En absoluto. Ya se había hecho dos veces en el país, y con éxito. Lo hizo Frondizi, que en 1958-1962 terminó con la importación de petróleo. Y lo hizo Alfonsín, con quien ejecutamos una política que, entre 1987 y 1989, le devolvió al país el autoabastecimiento, sin que se vendiera una sola acción de YPF y haciendo que la empresa estatal pasara del déficit al superávit.

¿Está bien que ahora se re-estatice?

No así. El oficialismo, ya en vida de Néstor Kirchner, se arrepintió del error cometido. Ahora quiso enmendarlo, pero lo hizo mal. Se podría haber logrado el 51% sin entrar en conflicto con otro país, ni alarmar a la comunidad internacional, ni ahuyentar inversores.

¿Cómo?

Mediante una desinversión consensuada. Repsol sabía que estaba en la cuerda floja y, si algo le interesaba, era mantener una fuerte presencia en la Argentina, para evitar el deterioro de su imagen internacional y concentrarse en la explotación de sus yacimientos en Brasil y México. Era fácil negociar que redujera su participación a 30%, que ya se había reducido a 57. Y nada habría sido más sencillo que desinteresar al segundo accionista, el Grupo Petersen, que es allegado al gobierno y entró a YPF sin poner un solo peso.

¿Es cierto que la confiscación alejará a los inversores?

Pensemos en un país cuya mayor empresa está en manos de una compañía internacional y, de repente, el Gobierno la interviene por decreto, la expropia y anuncia que no pagará indemnización. Los inversores pensarían dos veces antes de instalarse en tal país.

¿Cuánta inversión necesita la Argentina?

Para sostener la actual tasa de crecimiento hacen falta, sólo en energía, 7.000 millones de dólares por año. En infraestructura, tal vez más; todo depende del ritmo que se imprima a su ampliación. Ahora bien, el que pone dinero en grandes obras lo recupera recién a los 9, 10 u 11 años. ¿Quién va a ponerlo si cree que en cualquier momento le sacan todo?

¿Puede haber marcha atrás?

Lamentablemente, estamos frente a un hecho consumado. Ahora hay que pensar cómo seguimos. Ante todo, debemos contener el daño, negociando con Repsol, desde una posición de fuerza, las mejores condiciones posibles para la Argentina. Eso normalizará nuestras relaciones económicas internacionales. Luego, hay que poner en YPF una gerencia de primera línea, no de funcionarios, sino de expertos en hidrocarburos que tengan, además, una gran capacidad de gestión. Por último, si se vence la desconfianza exterior, atraer las mejores empresas que podamos, pero sólo como contratistas de YPF. Hay que entender esto: si una corporación internacional tiene yacimientos en varias partes del mundo, con reservas mucho mayores a las que necesita a corto o mediano plazo, concentrará la producción allí donde tenga los menores costos y la productividad mayor. Si no le conviene explotar en un país como la Argentina, a lo sumo tendrá una actividad moderada, para satisfacer una porción de la demanda interna.

¿Por qué la oposición apoya?

El Gobierno se envolvió en la bandera y algunos políticos temen que, si se oponen, se los supondrá vinculados a intereses antinacionales. No se ha entendido que los líderes políticos debe anticiparse a la opinión pública de mañana; no seguir a ciegas la circunstancial opinión pública de hoy. En 1982 había que estar contra la guerra y en 1999 contra la convertibilidad. Esta vez, había que estar en contra de la expropiación y a favor de una negociación inteligente.

La UCR no puede acompañar otro error

Por Facundo Suárez Lastra | Para LA NACION

enía 9 años cuando mi padre fue designado por Arturo Illia presidente de YPF, y desde entonces llevo a YPF en mi corazón.

Recorrí yacimientos, dormí en campamentos al lado de los pozos y navegué en barcos petroleros. Pero sobre todo pude ver cómo mi padre durante toda su vida se preocupó por que la Argentina tuviera una política de hidrocarburos que no sólo lograra el autoabastecimiento, sino que contribuyera al desarrollo industrial y a la producción local de los fertilizantes de nuestras tierras.

Dicho esto, me animo a afirmar que estamos frente a una ilusión generada por la demagogia irresponsable de los que ayer privatizaron la empresa más grande de la Argentina y hoy la quieren mal reestatizar.

La YPF que defendemos y que queremos reencontrar no existe más por obra y gracia del peronismo. Esta, que se llama como aquélla, es una empresa de capitales mayoritariamente españoles, acompañados por empresarios argentinos ajenos al negocio del petróleo y cercanos al poder de los Kirchner. Esta YPF no es la que tenemos los argentinos en nuestro imaginario como la Gran Empresa Nacional. Esta ha sido deliberadamente vaciada por sus dueños con la complicidad de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Si esto no se entiende, se puede caer en el equívoco de pensar que no acompañar la iniciativa del Gobierno es alejarse de la tradición radical. Un buen análisis nos lleva a la posición contraria. Esto es: rechazar por irresponsable e insuficiente la iniciativa de la Presidenta.

Desde que YPF fue convertida en una sociedad anónima, las áreas de exploración y explotación de la antigua YPF Sociedad del Estado se convirtieron en permisos de exploración y explotación otorgados por el Estado nacional a cambio de obligaciones específicas.

Estas obligaciones han sido incumplidas por YPF (que ya no es más nuestra YPF), y de acuerdo con el marco legal vigente el camino correcto en defensa de los intereses nacionales es el de la caducidad de la concesión de esas áreas y de reversión al Estado Nacional sin cargo alguno.

Son causales del cese de la concesión: "Incumplimiento sustancial e injustificado de las obligaciones estipuladas en materia de productividad, conservación, inversiones, trabajos o ventajas especiales".

Según lo claramente expresado por los funcionarios nacionales, estos presupuestos están dados y los incumplimientos son graves. La ley vigente sigue estableciendo: "Al caducar la concesión, la misma revierte plenamente al Estado" (?) "Anulado, caducado o extinguido un permiso o concesión revertirán al Estado las áreas respectivas con todas las mejoras, instalaciones, pozos y demás elementos que el titular de dicho permiso o concesión haya afectado al ejercicio de su respectiva actividad...".

Un Estado con vocación nacional y una clara política energética tiene que tomar otro camino del tomado por la Presidenta. El radicalismo no puede acompañar otro error más del peronismo, sobre todo cuando estos errores no sólo han perjudicado los intereses nacionales, sino que han significado espectaculares transferencias de recursos a grupos económicos amigos del poder.

Un premio

Se debe entender que no es necesaria la expropiación, ya que la empresa no es la propietaria de las aéreas, es una simple concesionaria que ha incumplido sus obligaciones. La expropiación más que un castigo, en este caso, es un premio, ya que cualquiera sea el precio que se pague será indebido.

YPF ya no es más la primera empresa de América latina, como lo supo ser; sólo tiene alrededor del 30% de las áreas de explotación de nuestro país. La mayoría de las empresas concesionarias, al igual que YPF, han disminuido sensiblemente sus niveles de explotación y exploración y han visto caer sus reservas. La principal razón de esto ha sido la inconsistencia de la política energética de los gobiernos peronistas con Menem y los Kirchner a la cabeza.

La expropiación parcial de YPF es un remedo de respuesta a una crisis que el gobierno nacional no sabe cómo manejar.

El Gobierno no acepta sugerencias ni modificaciones, pretende la aprobación de esta ley a libro cerrado.

Propone como interventores a los responsables de la falta de control de los concesionarios y de políticas de precios ridículas con las que se desalentó la producción y se estimularon sospechosos e insostenibles negocios de importación de combustibles.

No reconoce los errores del pasado ni permite controles para el futuro.

El tinte demagógico y populista de la puesta en escena de toda esta operación perjudica seriamente la inserción de la Argentina en la economía internacional, factor principal del crecimiento de los últimos años.

Acompañar la iniciativa en general es darle a un gobierno que no reconoce límites en lo legal una fuerte señal de que todo es posible y dejar a una gran parte del país sin una alternativa creíble y confiable como debería ser el radicalismo. No sigamos encuestas, sigamos principios.

El autor fue intendente de la ciudad de Buenos Aires