- PorRodolfo Terragno
¿Quiénes privatizaron YPF?
En 1992, el Presidente Menem envió al Congreso el proyecto de Ley de Privatización de Activos y Acciones de YPF, por el cual el Estado nacional y las provincias debían “enajenar conjuntamente las acciones de las que fueren titulares”.
El proyecto no sólo era rechazado por la UCR: enfrentaba resistencias entre los propios legisladores justicialistas. Pero éstos fueron por fin persuadidos. La tarea le correspondió a Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz y presidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). La entidad agrupaba a Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Salta y Santa Cruz.
El 22 de septiembre, los gobernadores de la OFEPHI se reunieron con el Ministro del Interior, José Luis Manzano. Kirchner sostuvo que, si todas las provincias petroleras daban su apoyo a la privatización, las bancadas oficialistas se verían en dificultades para votar en contra. Al salir del despacho de Manzano, Kirchner dio una conferencia de prensa en la misma Casa Rosada. Frente a las cámaras, pidió apoyo para el proyecto e instó a que, si algún legislador justicialista mantenía su disidencia, al menos diese quórum y se abstuviera. Al día siguiente, apareció en Clarín la foto del gobernador de Santa Cruz dando su conferencia de prensa. Ilustraba esta noticia: “Provincias petroleras hacen lobby por la aprobación”.
La tarea fue efectiva. Dos días más tarde, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto. El diputado Oscar Parrilli, actual secretario general de la Presidencia, fue el miembro informante. Un año después, en su libro Cuatro años en el Congreso de la Nación, 1989-1993, Parrilli exhibió la privatización con orgullo: “Hoy YPF es la gran empresa petrolera privada nacional, que domina más de la mitad del mercado de los combustibles”.
En ese momento, 68 por ciento de la sociedad estaba en manos de bancos y fondos de inversión. Años más tarde, la española Repsol pasaría a tener 80 por ciento.
¿Cuáles fueron los objetivos de Menem y Kirchner?
Quizás, atraer inversiones y recuperar el autoabastecimiento de petróleo. Lo primero se hizo realidad en 1999, cuando Repsol puso 15.500 millones de dólares. Lo segundo fue un fracaso. La producción cayó y, en una década, la importación de hidrocarburos aumentó 717 por ciento.
¿Qué debieron haber hecho?
Conservar a YPF en manos del Estado y terciarizar la exploración y explotación. Lo sensato era que el país atrajera a compañías con enorme capacidad de inversión y alta tecnología, no para que se hicieran dueñas de YPF sino para que le sirvieran como contratistas, trabajando a “a comisión”: si sacaban petróleo, obtenían una pequeña parte; si no, se quedaban en cero.
¿No era utópico lograr eso?
En absoluto. Ya se había hecho dos veces en el país, y con éxito. Lo hizo Frondizi, que en 1958-1962 terminó con la importación de petróleo. Y lo hizo Alfonsín, con quien ejecutamos una política que, entre 1987 y 1989, le devolvió al país el autoabastecimiento, sin que se vendiera una sola acción de YPF y haciendo que la empresa estatal pasara del déficit al superávit.
¿Está bien que ahora se re-estatice?
No así. El oficialismo, ya en vida de Néstor Kirchner, se arrepintió del error cometido. Ahora quiso enmendarlo, pero lo hizo mal. Se podría haber logrado el 51% sin entrar en conflicto con otro país, ni alarmar a la comunidad internacional, ni ahuyentar inversores.
¿Cómo?
Mediante una desinversión consensuada. Repsol sabía que estaba en la cuerda floja y, si algo le interesaba, era mantener una fuerte presencia en la Argentina, para evitar el deterioro de su imagen internacional y concentrarse en la explotación de sus yacimientos en Brasil y México. Era fácil negociar que redujera su participación a 30%, que ya se había reducido a 57. Y nada habría sido más sencillo que desinteresar al segundo accionista, el Grupo Petersen, que es allegado al gobierno y entró a YPF sin poner un solo peso.
¿Es cierto que la confiscación alejará a los inversores?
Pensemos en un país cuya mayor empresa está en manos de una compañía internacional y, de repente, el Gobierno la interviene por decreto, la expropia y anuncia que no pagará indemnización. Los inversores pensarían dos veces antes de instalarse en tal país.
¿Cuánta inversión necesita la Argentina?
Para sostener la actual tasa de crecimiento hacen falta, sólo en energía, 7.000 millones de dólares por año. En infraestructura, tal vez más; todo depende del ritmo que se imprima a su ampliación. Ahora bien, el que pone dinero en grandes obras lo recupera recién a los 9, 10 u 11 años. ¿Quién va a ponerlo si cree que en cualquier momento le sacan todo?
¿Puede haber marcha atrás?
Lamentablemente, estamos frente a un hecho consumado. Ahora hay que pensar cómo seguimos. Ante todo, debemos contener el daño, negociando con Repsol, desde una posición de fuerza, las mejores condiciones posibles para la Argentina. Eso normalizará nuestras relaciones económicas internacionales. Luego, hay que poner en YPF una gerencia de primera línea, no de funcionarios, sino de expertos en hidrocarburos que tengan, además, una gran capacidad de gestión. Por último, si se vence la desconfianza exterior, atraer las mejores empresas que podamos, pero sólo como contratistas de YPF. Hay que entender esto: si una corporación internacional tiene yacimientos en varias partes del mundo, con reservas mucho mayores a las que necesita a corto o mediano plazo, concentrará la producción allí donde tenga los menores costos y la productividad mayor. Si no le conviene explotar en un país como la Argentina, a lo sumo tendrá una actividad moderada, para satisfacer una porción de la demanda interna.
¿Por qué la oposición apoya?
El Gobierno se envolvió en la bandera y algunos políticos temen que, si se oponen, se los supondrá vinculados a intereses antinacionales. No se ha entendido que los líderes políticos debe anticiparse a la opinión pública de mañana; no seguir a ciegas la circunstancial opinión pública de hoy. En 1982 había que estar contra la guerra y en 1999 contra la convertibilidad. Esta vez, había que estar en contra de la expropiación y a favor de una negociación inteligente.
