La persistencia de la desigualdad educativa

Por Alieto Guadagni  | Para LA NACION

Seis años después de haberse dictado la ley de secundario obligatorio, los índices de matriculación y deserción escolar y los resultados de las evaluaciones muestran que la meta de la escolarización completa todavía está muy lejos

Las naciones que avanzan y reducen la pobreza, mejorando al mismo tiempo la equidad en la distribución del ingreso, lo hacen siempre fortaleciendo el proceso de acumulación de capital. Pero en esta visión integral del proceso de desarrollo, el capital es algo mucho más importante que la mera acumulación de bienes materiales como máquinas, fábricas, puertos, rutas, oleoductos, etcétera. 

Hay otra forma de capital en este siglo XXI que es más importante que el capital físico: es el capital humano acumulado por la población gracias a la educación. Según un reciente estudio del Banco Mundial, "el valor del capital humano equivale a cuatro veces el valor del capital físico". Hace ya varias décadas que aumenta la escolarización en las naciones que lideran no sólo el crecimiento económico, sino también el abatimiento de la pobreza y el avance tecnológico.

Esto es notorio en lo que se refiere al ciclo secundario, de acuerdo con lo que demuestran las cifras publicadas en 2013 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE): en las naciones industrializadas, el 75% de los mayores de 25 años concluyó la escuela secundaria, mientras que entre nosotros apenas lo hicieron 42 de cada 100. Según estima la OCDE, 83 de cada 100 de los actuales adolescentes en los países industrializados terminarán regularmente la escuela secundaria, pero si bien también lo harán 83 en Chile, la tasa bajará a 65 en Brasil y a 43 en nuestro país.

Un paso positivo se dio entre nosotros en diciembre de 2006, cuando se dictó la ley 26.206, que estableció la obligatoriedad del secundario (la histórica ley 1420, de 1884, había dispuesto únicamente la obligatoriedad de la escuela primaria).

Destaquemos dos hechos positivos. En primer lugar, la matrícula total secundaria creció casi un 10% entre 2003 y 2011 (año con últimas cifras oficiales), mientras que la cantidad de alumnos de primer año aumentó en ese mismo período el 13%. Son dos buenas noticias, pero que se oscurecen cuando se observa que en 2011 hubo menos alumnos en el último año secundario que en 2003. Eso se debió a que la matrícula estatal cayó un 4,3%, reducción que no llegó a ser compensada por la matrícula privada de 2011, pues sólo creció 2,1%. Y la provincia de Buenos Aires lidera la disminución de la matrícula estatal en el último año secundario, ya que en 2011 en el conurbano bonaerense había 15% menos de alumnos que en 2003.

Tampoco es alentador observar las cifras sobre la cantidad de egresados anuales de la escuela secundaria. Según los Anuarios Estadísticos del Ministerio de Educación, en 2011 concluyeron el ciclo secundario 33.500 alumnos menos que en 2003. Tal disminución en la graduación secundaria es importante, ya que llega al 12% y se agrava en el caso de las escuelas secundarias estatales, donde se graduaron 27.000 alumnos secundarios menos en 2011 que en 2003. Nuevamente es Buenos Aires la provincia que lidera esta reducción en la graduación secundaria, con un índice del 27%.

El otro hecho que debe ser destacado es la existencia de una gran desigualdad en el proceso de graduación secundaria, pues está íntimamente vinculado con las diferencias socioeconómicas de las familias de los alumnos. Si bien en las escuelas secundarias privadas hay también alumnos de familias humildes, es evidente que la mayoría de este alumnado corresponde a los estamentos medios y altos de nuestra sociedad. Lo contrario ocurre con las escuelas secundarias estatales, donde hay un predominio de alumnos de familias más humildes.

En el primer año secundario, apenas el 24% de los alumnos asiste a escuelas privadas en todo el país. Sin embargo, de cada 100 egresados secundarios nada menos que 40 provienen de escuelas privadas. Tal proporción es mucho más elevada en la ciudad de Buenos Aires, donde la graduación privada es un 57% del total, o sea, cinco puntos más que en Córdoba y en el conurbano. Si la participación de las escuelas privadas es mayor en la graduación anual que en el total de alumnos secundarios, esto quiere decir que la deserción escolar en el sistema privado es inferior a la deserción en las escuelas estatales. Así se constata cuando se observa que, en 2011, por cada 100 alumnos en primer año secundario había 52 egresados en las escuelas privadas, pero esta relación lamentablemente caía a menos de la mitad en el caso de las escuelas estatales, donde por cada 100 chicos incorporados apenas 25 se graduaban. Es decir, la deserción en las escuelas estatales es muy superior a la que se registra en las escuelas privadas.

Una gran desigualdad en el nivel de los conocimientos de los estudiantes secundarios es también la característica que emerge de los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE), que realiza periódicamente el Ministerio de Educación. Un ejemplo ha sido la ONE de 2007, realizada con los alumnos del último año de la escuela secundaria. En esa prueba, se determinó que el 44,7% de los alumnos registraba un desempeño "bajo" en la prueba de matemática, pero en el caso de los alumnos de escuelas privadas de La Pampa y Neuquén ese mismo promedio era inferior al 20%, mientras que en las escuelas estatales secundarias de Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca superaba 76%, o sea, era más del triple.

En las escuelas del lado porteño de la General Paz, el 22% de los alumnos de escuelas privadas evidenciaba un desempeño "bajo" en aquella prueba y, a pocos kilómetros del otro lado de la General Paz, en las escuelas estatales del conurbano más del doble de los alumnos se ubicaba en ese nivel deficiente, con un 55% del total. El nivel socioeconómico de las familias de los adolescentes explica gran parte de esta evidente desigualdad educativa.

La ley de educación fue promulgada el 27 de diciembre de 2006. Más de seis años es un lapso suficiente para poder concretar una mejora sustancial en la graduación secundaria. Si bien existe preocupación en las autoridades educativas por cumplir con esta ley, debemos decir, lamentablemente, que no se llegó ni de manera aproximada a la meta de escolarización completa. Se requieren, pues, nuevas acciones efectivas para avanzar hacia la universalización efectiva de la escuela secundaria (y con graduación), más allá de las diferencias socioeconómicas.

En un proceso de ese tipo, están empeñados nada menos que diez países latinoamericanos, que ya registran índices de graduación secundaria superiores a los nuestros. Ha quedado atrás el tradicional liderazgo escolar argentino, nacido a partir de la ley 1420. No hay igualdad de oportunidades en la sociedad del siglo XXI si la mayor parte de los adolescentes, especialmente los más pobres, no concluyen la escuela secundaria, requisito básico para acrecentar el capital humano, que, como hemos visto, es cuatro veces más importante que el capital físico.

Militares para espiar y vigilar

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION 

Cristina Kirchner está colocando la seguridad y los servicios de inteligencia del país en manos de oficiales del Ejército. La decisión, que significa una de las mayores contradicciones de la era kirchnerista, podría explicarse sólo por la necesidad presidencial de imponer una disciplina militar a su gobierno y al resto del Estado.

El nuevo jefe del Ejército, general César Milani, es un militar con amplia influencia en los servicios de inteligencia de las tres Fuerzas Armadas. Otro militar en actividad, Sergio Berni, es en los hechos el ministro de Seguridad de la Nación. Milani y Berni, que estaban distanciados, debieron reconciliarse antes de que el primero asumiera la conducción de la mayor organización militar del país.

La decisión política de la Presidenta es audaz: quiere darle forma a un servicio de inteligencia paralelo al de la SI (ex SIDE). Está enojada con sus viejos espías no sólo porque la tienen mal informada. Ella cree que esos agentes también influyen en algunos jueces, sobre todo de fueros que eran cercanos al Gobierno, que están acribillando a sus funcionarios con duras resoluciones. Los jueces están más molestos, en verdad, por la reforma judicial que quiso destituirlos que por otra cosa.

Ricardo Jaime, un emblema viviente de la corrupción kirchnerista, está ahora prófugo de la Justicia.

Guillermo Moreno fue llamado a indagatoria por abuso de autoridad, una noticia antigua que sólo ahora aterrizó en los tribunales. Son sólo ejemplos iridiscentes de un abrupto cambio de época. Otras decisiones contra el oficialismo se tomaron o se preparan en la Justicia.

Es cierto, de todos modos, que el espionaje clásico se convirtió en crítico del cristinismo desde que el Gobierno firmó el acuerdo con Irán para evaluar entre los dos países la información sobre el criminal atentado a la AMIA. La Justicia argentina (y su gobierno) tenía una posición: el gobierno de Irán estuvo detrás de la masacre en la mutual judía. La ex SIDE había contribuido con sus informes a esa certeza. Sus agentes temen ahora quedar expuestos y, sobre todo, exponer a sus fuentes extranjeras. Gran parte de la información que consiguieron se las pasó la CIA y el Mossad. 

Si fueran ciertas las conspiraciones actuales de los espías, la Presidenta tiene siempre a mano la posibilidad de remover a la conducción del servicio de inteligencia y a sus agentes, cubiertos o encubiertos. No lo puede hacer. Esos funcionarios están cargados de secretos de diez años de kirchnerismo, de un gobierno que usó y abusó de sus servicios para hacer política interna. Es el caso del español Luis Bárcenas, un hombre gris y desconocido, pero conocedor de muchos secretos sobre el manejo de dinero del partido gobernante en Madrid. El gobierno de Rajoy le soltó la mano, Bárcenas habló y ahora tambalea la administración de Rajoy.

Pero volvamos a Milani. Este general no ha descubierto el poder en los últimos días. Experto en inteligencia militar desde que se graduó como subteniente, jamás abandonó la oficina de espías del Ejército desde que accedió a su control. No descuidó esa agencia cuando fue segundo jefe de la fuerza ni ahora, que es el jefe del Ejército. Ya como segundo jefe se dio el lujo militar de disentir frontalmente de su entonces jefe, el general Luis Pozzi. Pozzi intentó echarlo a Milani varias veces del servicio activo, pero siempre alguien frenó su mano a tiempo.

Pozzi respondía a su mando natural, el también entonces ministro de Defensa Arturo Puricelli. Al revés, Milani prefirió alejarse de Puricelli y seguir cultivando su excelente relación con la ex ministra de Defensa y entonces titular de Seguridad, Nilda Garré. Garré le abrió las puertas de algunas organizaciones de derechos humanos, pero sobre todo de importantes dirigentes del CELS, que defendieron a Milani durante varios años. Tal vez por su cercanía con Garré, Milani se enfrentó con Berni, el pintoresco teniente coronel que está a cargo de la seguridad y que gastó más tiempo en desestabilizar a la ex ministra que en combatir el crimen.

Hace poco, luego de ordenar la renovación total de las cúpulas militares, Cristina Kirchner se reunió a solas con Milani, en Olivos, durante más de una hora. Habían pasado muchas cosas para ese militar que tiene como vocación la curiosidad por lo que hacen los otros. Puricelli, a quien siempre ninguneó, pasó de un estrepitoso fracaso como ministro de Defensa al cargo de supuesto ministro de Seguridad. Berni, su presunto segundo, es el ministro de Seguridad en la realidad. Es el que ordena y habla en nombre de la política nacional de seguridad. También había llegado al Ministerio de Defensa Agustín Rossi, un político con escasa o nula experiencia en cuestiones militares. Milani vio la oportunidad, por fin, de llevar a la práctica su vieja arenga a los militares. Tenemos que acercarnos al gobierno para volver a crecer, les repitió durante muchos años a sus incrédulos camaradas.

La Presidenta le exigió a Milani que acercara posiciones con Berni. No los quiere ver peleados a los dos militares más importantes de su gobierno. Pero hay algo raro en ese enredo para los códigos uniformados: Milani, un general de división, podría llegar dentro de poco al más alto rango del Ejército, el de teniente general, mientras Berni es sólo un teniente coronel. No obstante, Milani aceptó la condición y se reconcilió con Berni. El temperamento de cada uno de los dos obliga al escepticismo sobre el futuro de esa relación.

A cambio, Milani salió de esa reunión con Cristina Kirchner con dos trofeos. Sabía los nombres de quienes serían los inminentes jefes de las otras dos fuerzas, la Armada y la Fuerza Aérea. Fue él quien notificó informalmente de sus ascensos a esos militares antes de que les llegara la comunicación oficial. Fue un enorme acto de poder según las costumbres militares.

El segundo triunfo consistió en imponer al general Luis Carena jefe del Estado Mayor Conjunto, el cargo más alto en la estructura militar argentina. Esa designación escondía una sorpresa: Carena es general de brigada, un rango inferior al de Milani, y es menos antiguo que Milani. Es decir, tiene la obligación institucional de subordinarse a quien es su jefe natural por rango y antigüedad, Milani, aunque éste tiene un cargo inferior al de él. Una típica ensalada kirchnerista. Hay una segunda sorpresa: Carena es, como Milani, oficial de inteligencia. En síntesis, la inteligencia militar ha tomado el control del Ejército por primera vez en la historia. 

Llama la atención que organizaciones de derechos humanos no hayan pedido que Milani contara, por lo menos, su experiencia en Tucumán en 1976, durante el operativo Independencia. Aunque su ayudante de entonces, el soldado Alberto Ledo, es un desaparecido y su madre es miembro de Madres de Plaza de Mayo, Milani tiene, como cualquier otro ciudadano, el derecho a ser considerado inocente mientras no se pruebe lo contrario. Pero era un subteniente de inteligencia y un soldado bajo su mando desapareció. Tenía supuestamente mejor información que otros militares.

Milani circulaba también como oficial de inteligencia entre Catamarca, Tucumán y La Rioja cuando murió en un sospechoso accidente el obispo de La Rioja, monseñor Angelelli. El papa Francisco consideró su muerte como un crimen de la dictadura. ¿Supo Milani qué pasaba en aquellos años? ¿Recuerda la información reservada que seguramente recibió entonces sobre violaciones de los derechos humanos? Ningún juez lo citó nunca como testigo privilegiado de esos crueles escenarios. Ningún fiscal reclamó tampoco su testimonio.

Milani controla casi 400 millones de pesos en fondos reservados para la inteligencia del Ejército. Ha influido también para designar a oficiales de su confianza en las oficinas de inteligencia de la Armada y la Fuerza Aérea. Casi toda la inteligencia militar, no sólo la del Ejército, está bajo su control. La ley indica que las Fuerzas Armadas sólo pueden hacer inteligencia sobre ejércitos de otros países. Los militares tienen prohibido el espionaje interno por tres leyes: la de seguridad interior, la de defensa y la de inteligencia.

O deberían ofenderse los gobiernos de Brasil y Chile (eternas hipótesis de conflicto de los militares locales), o deberían ofenderse los argentinos porque los militares han vuelto a averiguar sobre sus vidas. El nivel de aquellos recursos de inteligencia no tiene ninguna relación con la muy escasa capacidad de acción de los militares argentinos, infradotados en armamentos, tecnología y salarios. Militares bien informados y mal pertrechados, la fórmula para una derrota segura en cualquier guerra, que felizmente no sucederá.

Aceptémoslo de una buena vez: los militares cometerán la ilegalidad de husmear en cuestiones internas y eso tiene dos consecuencias. Es, por un lado, una grave regresión política, una decisión que corresponde a una nación predemocrática. Es también un juego riesgoso, porque los militares nunca volvieron fácilmente a los cuarteles y porque suelen pedirles a los civiles que les devuelvan los favores que hacen. Esos favores se pagan con más poder para ellos.

El viejo proyecto de Milani es un círculo que se está cerrando.

La década no está ganada, sino desperdiciada

El Gobierno dilapidó el viento de cola y, con una mala asignación de recursos, dejó caer la infraestructura del país

Por Alieto Guadagni  | Para LA NACION 

La década del 80 fue la "década perdida" , en la Argentina y en América latina. Nuestra Presidenta ahora considera queesta es la "década ganada" . Estos calificativos exigen prestar atención a tres hechos nuevos en el escenario mundial de los últimos años. Primero, la tasa de interés internacional es hoy la más baja de los últimos 50 años y ni llega a la mitad del nivel de 2002. Segundo, gracias a estas tasas mínimas la inversión externa se derramó sobre toda América latina; comparando con el año 2000, hoy es 15 veces mayor en Perú y Ecuador; 10 veces, en Uruguay; seis veces mayor en Chile y Colombia, y dos en Uruguay. La Argentina no sólo permaneció al margen de esta tendencia, sino que desde 2005 se fugaron 84.000 millones de dólares. Tercero, los precios internacionales para nuestras exportaciones son los más altos de los últimos 40 años. Según el Indec, los términos de intercambio se duplicaron respecto de 1986; en mayo de 2003 la soja se cotizaba a 232 dólares y ahora vale 550. Gracias a estos excepcionales términos de intercambio nos hemos beneficiado con recursos adicionales que superan los 150.000 millones de dólares.

Es así como, financiado por estas rentas extraordinarias, el gasto público en la última década se multiplico más de tres veces, pero la infraestructura no se benefició de esta multiplicación. Por ejemplo, hay un gran déficit de agua potable y cloacas, elementos esenciales para reducir la mortalidad infantil y las enfermedades de transmisión hídrica. Unos 8,2 millones de habitantes carecen de agua por red y 21 millones no tienen cloacas.

En el conurbano, el 30% de la gente no tiene agua por red, el 63% carece de cloacas y el 39% no tiene gas por red. Las inversiones fueron insuficientes. La creciente urbanización también agudizó los daños por inundaciones, como en La Plata, pero la inversión en esta protección hídrica ha sido mínima: se gasta 10 veces más en subsidiar a Aerolíneas Argentinas. 

La infraestructura vial está atrasada frente a un parque automotor que creció un 90% en la última década, con un creciente "pasivo vial" por falta de inversiones. José Barbero señala que tenemos apenas 2500 kilómetros de carreteras de calzada doble, pero necesitamos más del doble. La red nacional y las rutas provinciales se degradan por falta de inversiones y sobrecostos notorios. Un kilómetro de carreteras de cuatro carriles le cuesta ahora al Estado casi el doble que en la década anterior.

Las cosechas crecen pero el ferrocarril de cargas retrocede por carencia de inversiones, incrementando así los costos logísticos. El ferrocarril transporta menos del 10% de la carga, mientras que en Canadá lleva el 55%; en Alemania, el 54%, y en Estados Unidos, el 47%.

En el área metropolitana el servicio ferroviario ha retrocedido y origina un alto costo de vidas humanas. Este retroceso es fruto de grandes subsidios mal direccionados, que no estimulan ni la inversión ni el buen mantenimiento de vías y trenes. Entre 2003 y 2011 se invirtió anualmente menos de la mitad de lo invertido entre 1995 y 2001. Las recientes inversiones apenas cubrieron la séptima parte de las necesidades de mantenimiento y reposición del material. Existen también notorios atrasos en áreas clave como puertos, dragados, aeronavegación, ferrocarriles interurbanos, radarización y control del espacio aéreo, esencial para combatir el narcotráfico.

En energía, la carencia de inversiones originó una gran caída en las reservas de gas (60%) y petróleo (20%). Por eso, desde 2003 la producción de petróleo cae un 30%, mientras que la de gas cae, desde 2004, un 20%. La caída en inversiones impacta sobre nuestras cuentas externas, por el fuerte ascenso en las importaciones de combustibles, que este año llegarán a 13.000 millones de dólares, cuando en 2006 el sector energético aportaba más de 6000 millones a la balanza comercial. La carencia de inversiones en hidroelectricidad ha impulsado el consumo de combustibles caros e importados. En 2003, más de la mitad de la generación eléctrica era aportada por la hidroelectricidad; ahora, aporta menos del 30%.

Todas estas carencias de inversión en sectores estratégicos no se explican, como hemos visto, por falta de recursos, sino por mala asignación del gasto público, que está hoy a un nivel récord histórico. Se aumentaron aceleradamente los subsidios fiscales, que ya superan los 20.000 millones de dólares anuales. Estos subsidios son apropiados por los segmentos socio-económicos más favorecidos, porque no existe una verdadera tarifa "social". Cuando comenzaron los subsidios, hacia mediados de la década, eran cifras razonables, pero hoy son tan gravosos que el Gobierno viene postergando desde hace ya varios años las necesarias inversiones en infraestructura, muchas de ellas de carácter urgente y prioritario porque hacen a la seguridad de las personas, como ocurre con el transporte ferroviario. Esta decisión estratégica del Gobierno de priorizar los subsidios a favor de los segmentos de arriba de la sociedad, y al mismo tiempo postergar las inversiones necesarias en los servicios de amplia demanda popular como el transporte público, configura un cuadro de alto riesgo. 

Los cuantiosos subsidios que distribuye el gobierno nacional responden a un criterio altamente regresivo, ya que el 20% más pobre de la población se beneficia apenas del 6,3% del subsidio total, mientras que el 20% más rico se apropia nada menos que del 42,7% del total de los subsidios. Es decir, los ricos reciben subsidios 6,8 veces mayores a los subsidios que benefician a los pobres. Por su parte, tenemos la Asignación Universal por Hijo, eficaz política de transferencias monetarias que mejora la distribución del ingreso, ya que concentra estos subsidios en los segmentos más pobres. Pero la magnitud del gasto fiscal en la AUH ni por lejos alcanza a compensar el carácter regresivo de los subsidios económicos, por la sencilla razón de que el fisco gasta en estos subsidios regresivos ocho veces más que en la AUH. En 2005, la inversión pública era el triple de los subsidios; ahora los subsidios son un 50% mayores que la inversión. Un ejemplo de subsidios regresivos es Aerolíneas, ya que el 85% de su déficit proviene de los vuelos internacionales, como Miami, Roma y Madrid. Hay que recordar que quienes administran esta empresa pública que tanto incide en mermar recursos para otras inversiones prioritarias no publican sus balances desde 2008.

Cuando un gobierno pierde la visión del porvenir y no presta atención a la infraestructura del país, compromete su futuro. Pero el futuro siempre llega, a veces más temprano que tarde. Son ya varios años de prioridades equivocadas en el área de infraestructura, muchas de ellas salpicadas por sobrecostos propios del capitalismo de "amigos", que significan achicar los fondos que se dedican a las obras prioritarias. El mayor símbolo de prioridades ya no equivocadas sino absurdas fue el disparate del "tren bala", que entretuvo por varios años al Gobierno, que no prestó atención a las redes ferroviarias urbanas. No invertir en infraestructura es muy costoso, pero el costo para toda la sociedad es mucho mayor cuando la inversión no sólo no es suficiente sino que además está demasiado afectada por la corrupción. Considerando la decadencia y atraso de nuestra infraestructura se puede sostener que la última década no fue ni ganada ni perdida. Fue, simplemente, desperdiciada.

© LA NACION.

La extraña historia del juez Zaffaroni

POR RODOLFO TERRAGNO 

ESCRITOR Y POLITICO 

Días después de arrebatar el poder, Jorge Rafael Videla designó a Eugenio Raúl Zaffaroni al frente del Juzgado Nacional en lo Criminal de Sentencia de la Capital Federal. Al asumir el juzgado, Zaffaroni juró “observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados [por la Junta Militar] y el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional”.

En 2003, cuando Néstor Kirchner lo propuso conjuez de la Corte Suprema, me opuse en el Senado a que se prestara acuerdo a su designación. Quien había convalidado el secuestro y desaparición de la Constitución Nacional no podía ser nombrado su custodio.

En efecto, al jurar fidelidad al estatuto de la Junta, Zaffaroni había aprobado de hecho:

• Que fueran declarados “caducos” los mandatos de la Presidenta, los gobernadores y los vicegobernadores.

• Que se disolvieran el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, la Sala de Representantes de la Ciudad de Buenos Aires y todos los consejos municipales del país.

• Que fueran removidos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

• Que también fueran removidos el Procurador General de la Nación y el Procurador del Tesoro.

• Que fueran desplazados los integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia de todas las provincias.

• Que Videla asumiera las facultades legislativas.

• Que se prohibiera la actividad política.

• Que se prohibieran, asimismo, todas las actividades gremiales.

No era la primera vez que Zaffaroni incurría en perjurio constitucional. En 1969, al ser designado camarista en San Luis, había jurado lealtad al Estatuto de la “Revolución Argentina”, por el cual Juan Carlos Onganía eliminó la Constitución de un plumazo y asumió la suma del poder público.

Él no lo desmiente. Durante el examen público de sus antecedentes, previo al acuerdo del Senado para su incorporación a la Corte, Zaffaroni respondió así a una pregunta mía: “Juré por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, juré por el Estatuto de Onganía, juré por la Constitución reformada por Lanusse en 1973, juré por la Constitución Nacional de 1853 y juré por la Constitución reformada en 1994”.

En el sitio web de la Asociación Madres de Plaza de Mayo aún estaba, en 2003, un “Proyecto contra la Impunidad y, como parte de éste, una denuncia de las Madres a los jueces que juraron por los Objetivos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional entre 1976 y 1980.

Se trataba de una “denuncia criminal” contra 437 jueces a quienes se identifica como “represores del Poder Judicial”.

En esa lista, ordenada alfabéticamente, figura en el puesto 435: Zaffaroni, Eugenio Raúl.

Como a los otros miembros de esa lista, se lo acusaba de haber sido “partícipe necesario”, en los términos del articulo 45 del Código Penal, de los delitos de privación ilegítima de la libertad; apremios ilegales; sustracción, retención y ocultamiento de personas, entre otros.

Sobre la desaparición forzada de personas, Zaffaroni dijo algo insostenible: “Obviamente, sabíamos que se estaba secuestrando gente. Ahora, cuál era su destino o qué pasaba con la gente, fue lo que, en líneas generales, me enteré en el extranjero [en 1978]”.

Y admitió que, después de haberse enterado en el extranjero de lo que sucedía en la Argentina, volvió y siguió siendo juez.

El conocimiento de lo que pasaba en el país tampoco le impidió escribir, en 1980, el sorprendente libro Derecho Penal Militar. La obra fue publicada durante la vigencia de un gobierno militar que proclamaba estar en guerra y que procuraba justificar sus actos en un “estado de necesidad”. Zaffaroni, refiriéndose a “una circunstancia hipotética”, afirmaba en 1980 que, “habiendo desaparecido cualquier autoridad, o siendo incapaz la que resta”, un grupo militar puede “usurpar justificadamente la función pública”.

Esta afirmación coincidía con la retórica empleada por la dictadura para legitimar la toma del poder por la fuerza en 1976.

Hay también coincidencia entre los argumentos que esgrimía la dictadura para cohonestar la represión y los que, con aire académico, Zaffaroni desarrolló en su libro: “derecho penal militar de excepción”, “circunstancias especiales”, “necesidad terrible”, “necesidad terribilísima”, “bando militar como ley material”, “bando militar como tipificador de delitos”, “excepcional necesidad de dar muerte al delincuente”, o “muerte por legítima defensa cuando el delincuente haga armas contra la autoridad”.

Antes de enviarlos a imprenta, Zaffaroni entregó los originales del libro a los auditores de la Aeronáutica y la Marina.

En la introducción, el doctor Zaffaroni y su colaborador, Ricardo Juan Caballero, dicen: “Queremos hacer público nuestro agradecimiento al brigadier auditor doctor Laureano Álvarez Estrada, quien tuvo la gentileza de leer los originales, por las importantísimas observaciones que nos efectuara, y al contraalmirante auditor doctor Ramón León Francisco Morel”.

El 23 de julio de 2003, me dirigí a Zaffaroni, pidiéndole que me diera su interpretación de este hecho. En su respuesta, el actual juez de la Corte sostuvo: “En la citada obra no se agradece a nadie por funcionario de la dictadura, sino por auditor militar”.

Nadie puede sostener que los auditores de las Fuerzas Armadas fueran ajenos a la dictadura militar. Laureano Álvarez Estrada había sido designado, por decreto 105, del 14 de abril de 1976, subsecretario de Justicia de la dictadura.