El clientelismo del Sur

El Gobierno de Argentina usa las instituciones para hacer proselitismo

Por PIERPAOLO BARBIERI 

En la España de la Restauración, el fraude electoral era tal que hasta los muertos —literalmente— votaban. Analfabetos en vida llenaban sus boletas con letra prolija luego de muertos; usualmente apoyaban al Partido Conservador, pero también al Liberal. Los comités formados para fiscalizar los resultados solían dejar el número de votos final en blanco, para que los gobernadores pudiesen insertar la cantidad que les convenía a su gusto. Incluso algunos periódicos llegaron a publicar los resultados electorales antes de que se celebraran las elecciones.

Lo que no era fraude era clientelismo —un término que surgió en la Roma antigua y que en nuestro tiempo se refiere a la “compra” de votos de una u otra manera—. Hoy España es diferente. Pero al margen de los métodos más obscenos, muchas de estas prácticas transaccionales todavía dañan la democracia en América Latina.

Este domingo se celebraron en Argentina las PASO —primarias abiertas, simultáneas y obligatorias—. Cuando las crearon, el Gobierno de los Kirchner presentó la idea de primarias como una reforma para revitalizar la política local. Pero aparte de servir como una encuesta obligada antes de las elecciones el 27 de octubre, las del domingo fueron casi inútiles.

Solo algunos partidos utilizaron las PASO para elegir candidatos. La gran mayoría —incluido el oficialismo kirchnerista y los principales referentes de la oposición— habían elegido ya sus candidatos a dedo.

Las primarias son un ejercicio necesario cuando existen estructuras partidarias fuertes, pero lo que queda del bipartidismo en Argentina todavía no se ha recuperado de la profunda crisis de 2001. En medio de una recesión que terminó convirtiéndose en una suspensión de pagos, la Alianza del entonces presidente implosionó sin que se revitalizara la Unión Cívica Radical, antagonista histórico del peronismo que hoy solo le hace frente a nivel regional.

El kircherismo ya no centraliza al peronismo como lo hacía hace cinco años. Y las listas “peronistas” se multiplican. La oposición está lejos de estar unificada. Esto creará un problema para promover una verdadera alternativa en las presidenciales del 2015, ni que hablar en octubre.

El domingo fue una derrota para el Gobierno, pero solo una parcial. Es muy prematuro hablar del “fin de una era”.

El domingo perdió el kirchnerismo, pero es prematuro hablar de “fin de una era”

Para unas primarias casi inútiles, el kirchnerismo no dejó de utilizar el poder del Estado para promover a sus candidatos. Las usuales “cadenas nacionales” \[los mensajes del Gobierno de transmisión obligatoria en radios y televisión\] de la presidenta ya tienen un nuevo personaje: Martín Insaurralde, el candidato oficialista en la provincia de Buenos Aires, donde se pelean el 38% de los votos del país.

La verdadera campaña comenzó ayer —y el Gobierno solo profundizará su estrategia—. Insaurralde y otros candidatos oficialistas aparecerán con la presidenta. Y se puede esperar una continuación de la ola de buenas noticias: crecimiento tan alto que parece tan irrisorio como las estadísticas oficiales de la inflación, una sospechosa y sorpresiva caída del desempleo, apertura de fábricas, y muchas obras públicas mágicamente planeadas en las zonas electorales más disputadas.

No bastó inventar romances entre Insaurralde y famosas modelos locales o llevarlo a ver al Papa en Brasil con la comitiva presidencial. Los 75 días que quedan de campaña son una eternidad política en Argentina. Kirchner hará más, nunca menos.

Este es el clientelismo moderno: la implícita transacción de votos en dádivas, obras, y subsidios promovidos desde el Estado mientras se usan las instituciones para el proselitismo propio. Al Gobierno poco le importó el uso de recursos oficiales para viajes o anuncios en las primarias. Menos le importará ahora.

La historia del peronismo sugiere que los herederos políticos nunca respetan a sus padres, así que el plan kirchnerista es no buscarlos. Los ataques contra la libertad de prensa, la independencia judicial, la propiedad privada y hasta la independencia estadística sugieren que, en la teleología kirchnerista, las instituciones son maleables ante la “santidad” de un proyecto político.

Es por eso por lo que, como ya anunciara la misma presidenta, este Gobierno “va por todo”. En vez de promover cambios, los fieles el domingo prometían “profundizar el modelo”. Hoy la reforma constitucional que desean para “la Cristina eterna” parece lejana. Pero creer que un Gobierno como el argentino podría dejar que los resultados electorales cambien sus objetivos es confundir la esperanza con la realidad.

El error filosófico del autoritarismo —y de la lógica que perpetúa al clientelismo— es creer que una persona o un ideal está por encima de las estructuras republicanas. Quizá los que lograban la alquimia de que los muertos votasen pensaban que protegían a España. Pero lo único que lograban era quitar legitimidad a un Estado políticamente débil, socialmente fragmentado y económicamente atrasado.

Eran la propia enfermedad de la que proponían ser la cura. Que el principio del siglo XXI en Argentina no sea como el principio del siglo XX en España.

Pierpaolo Barbieri es fellow de la Escuela Kennedy de Gobierno en Harvard. Su libro Hitler’s shadow empire será publicado por Harvard University Press este año. Su próximo proyecto se centra en la historia económica de América Latina.

Tomado de El País, España.

Elecciones sin partidos

Una democracia “fulanista-menganista” que va hacia el cesarismo. Lo mismo en el oficialismo que en la oposición

Por Dante Caputo 

Uno de los cambios de la vida política aquí es la desaparición de los partidos políticos. Es probable que gran parte de los argentinos, agitados en el torbellino de nuestra cotidianeidad, no lo haya advertido. Sin embargo, la transformación es mayor y tendrá consecuencias en la manera en que funciona nuestra democracia, en la calidad de la selección de quiénes ocuparán los más altos cargos del Estado y, sobre todo, en el tipo de oferta programática que llegará a los ciudadanos.

Los dos partidos que estuvieron en el centro de la disputa política en los últimos setenta años, justicialismo y radicalismo, en la práctica han dejado de existir. El radicalismo fue reduciendo sostenidamente su caudal electoral para los cargos nacionales. Desaparece porque se achicó hasta un punto en el que sólo puede competir aliándose con otras fuerzas y, por lo general, en situación minoritaria. Mantiene su presencia provincial y municipal, pero se extinguió como fuerza política nacional. En la Ciudad de Buenos Aires, un distrito que históricamente le fue favorable, todo indica que no obtendrá ningún diputado para las próximas elecciones.

En cambio, el justicialismo desaparece porque se agrandó demasiado. El caso más elocuente es el de la provincia de Buenos Aires. Alrededor del 75% de los candidatos que serían votados son de origen peronista. Sin embargo, es una filiación abstracta: el peronismo va a esa elección sin candidatos partidarios. Con 75% de votantes a favor no hay ningún candidato del PJ que haya sido elegido por un procedimiento partidario.

La desaparición del PJ se hizo evidente hace unas semanas cuando la Justicia Electoral anunció que se le retiraría la personería porque no funciona, no tiene congresos ni cumple con ninguna de las actividades a las que obliga la ley.

Los partidos han sido reemplazados por individuos. En lugar de justicialismo hay “kirchnerismo” o “massismo” o lo que usted guste; dirigentes que son a la vez candidatos y partidos. Sus programas nacen y terminan con sus personas.

Un hecho excepcional, que confirma estas tendencias, es que el Frente para la Victoria, a pesar de su larga permanencia en el Gobierno, no ha tenido en este tiempo ninguna manifestación partidaria: nunca se oyó hablar de congreso del Frente ni de la elaboración de programas. De hecho, recuerde que las últimas elecciones en las que se reeligió a Cristina Kirchner, a la hora de presentar la plataforma ante la Justicia Electoral, el FPV copió la que había servido para la elección anterior.

Así, Argentina ya no cuenta con partidos, de los cuales solía decirse que eran una condición necesaria para el funcionamiento del sistema democrático. Hemos pasado de los partidos al “fulanismo-menganismo”.

La “democracia fulanista-menganista” tiene algunas consecuencias importantes. En una democracia sin partido lo único que garantiza la continuidad de un proyecto político es quien lo dirige. En otras palabras ¿cree usted lector que el programa de gobierno actual aseguraría su continuidad a través del FPV? ¿Quién puede seguir con el proyecto kirchnerista sin Cristina? En efecto, parece poco probable. De allí que las reelecciones indefinidas sean mostradas como la garantía de la continuidad política. 

Si existiese un partido de gobierno, probablemente el principal argumento para la reelección presidencial desaparecería. El partido daría continuidad a su programa. Pero, el partido no existe, no hay herencia posible, no hay custodio de las ideas (supuesta su existencia), no hay garantía de continuidad. Por lo tanto, el sistema se adecua perfectamente al interminable deseo de ocupación del poder.

En Chile, la Concertación gobernó durante veinte años y lo volverá a hacer a partir de diciembre. En ese tiempo no hubo reelección ni alguien propuso que la hubiera. Sin embargo, los cuatro presidentes que se sucedieron (los dos últimos dejaron el gobierno con alrededor de 80% de imagen positiva) ejecutaron durante dos décadas un proyecto con continuidad cuyos resultados están a la vista. Los partidos fuertes son la garantía de la continuidad política y también son un límite a la natural tendencia al surgimiento de presidentes monarcas.

Otra consecuencia de la democracia con partidos, es que usted sabe en qué lugar del espectro ideológico se sitúa el candidato. ¿Centroizquierda o centroderecha? El partido, su historia, su programa se lo dirán. En cambio, al ver la situación en la provincia de Buenos Aires, resulta difícil saber dónde se ubican el pensamiento y los proyectos de los candidatos. Esto permite que funcione un elemento clave de la trampa electoral: el uso de una historia para llevar adelante una política que nada tiene que ver con ella.

Hay tres candidatos que reclaman su cuna peronista, pero que no poseen casi nada en común. Es imaginable que uno de ellos sea, en realidad, la apuesta del centroderecha para llegar al poder; también es  probable que otro represente la posibilidad de un giro más bien conservador y finalmente, el favorito de la Presidenta, es un instrumento para  su continuidad en el poder. ¿De quién será sucesor Massa? ¿De Menem o de Cámpora? 

Así, el amplio y mutante peronismo ha concluido su tarea y sólo queda una lejana pertenencia que ningún candidato se esfuerza en recordar. ¿Quién es Massa? Sólo Massa. ¿Quién es Scioli? Sólo Scioli. ¿Quién es Insaurralde? Cristina.

Por el lado de la oposición las referencias partidarias no son más claras.

En este estado de cosas, usted votará por individuos, no por partidos, y como los individuos en cuestión poco dicen de lo que quieren hacer y silencian todo acerca de cómo lo harían, el voto se basará en una confusa intuición acerca de los que unos u otros harán una vez que sean electos. La ausencia de partidos conduce a la ausencia de proyectos y, por tanto, a la continuidad en el poder de quienes gobiernan; a su vez, realimentando el proceso, la irrefrenable tendencia a mantener el poder, lleva a la evaporación de los partidos, temible fuente de reclutamiento de nuevos dirigentes.

Este nuevo sistema de funcionamiento en nuestro país, poco o nada tiene que ver con las maneras en que se organizan en otras democracias. En EE.UU. los partidos no funcionan como en Europa ni como solía ser en Argentina. Sin embargo, garantizan los cambios de dirigencia, el surgimiento de nuevas elites políticas, la competencia entre los precandidatos y una razonable unidad ideológica. En Europa, los candidatos nacen de partidos cuyas estructuras, ideologías y aparatos cuentan de manera decisiva para la elección y para el Gobierno.

En Argentina los partidos son recuerdos.

Así vamos en un país cuyo sistema republicano es débil y en el que el presidencialismo se ha transformando en cesarismo. Hemos logrado una democracia “fulanista-menganista” de monarcas sin control donde la autosucesión es el objetivo más codiciado de la gestión.

La persistencia de la desigualdad educativa

Por Alieto Guadagni  | Para LA NACION

Seis años después de haberse dictado la ley de secundario obligatorio, los índices de matriculación y deserción escolar y los resultados de las evaluaciones muestran que la meta de la escolarización completa todavía está muy lejos

Las naciones que avanzan y reducen la pobreza, mejorando al mismo tiempo la equidad en la distribución del ingreso, lo hacen siempre fortaleciendo el proceso de acumulación de capital. Pero en esta visión integral del proceso de desarrollo, el capital es algo mucho más importante que la mera acumulación de bienes materiales como máquinas, fábricas, puertos, rutas, oleoductos, etcétera. 

Hay otra forma de capital en este siglo XXI que es más importante que el capital físico: es el capital humano acumulado por la población gracias a la educación. Según un reciente estudio del Banco Mundial, "el valor del capital humano equivale a cuatro veces el valor del capital físico". Hace ya varias décadas que aumenta la escolarización en las naciones que lideran no sólo el crecimiento económico, sino también el abatimiento de la pobreza y el avance tecnológico.

Esto es notorio en lo que se refiere al ciclo secundario, de acuerdo con lo que demuestran las cifras publicadas en 2013 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE): en las naciones industrializadas, el 75% de los mayores de 25 años concluyó la escuela secundaria, mientras que entre nosotros apenas lo hicieron 42 de cada 100. Según estima la OCDE, 83 de cada 100 de los actuales adolescentes en los países industrializados terminarán regularmente la escuela secundaria, pero si bien también lo harán 83 en Chile, la tasa bajará a 65 en Brasil y a 43 en nuestro país.

Un paso positivo se dio entre nosotros en diciembre de 2006, cuando se dictó la ley 26.206, que estableció la obligatoriedad del secundario (la histórica ley 1420, de 1884, había dispuesto únicamente la obligatoriedad de la escuela primaria).

Destaquemos dos hechos positivos. En primer lugar, la matrícula total secundaria creció casi un 10% entre 2003 y 2011 (año con últimas cifras oficiales), mientras que la cantidad de alumnos de primer año aumentó en ese mismo período el 13%. Son dos buenas noticias, pero que se oscurecen cuando se observa que en 2011 hubo menos alumnos en el último año secundario que en 2003. Eso se debió a que la matrícula estatal cayó un 4,3%, reducción que no llegó a ser compensada por la matrícula privada de 2011, pues sólo creció 2,1%. Y la provincia de Buenos Aires lidera la disminución de la matrícula estatal en el último año secundario, ya que en 2011 en el conurbano bonaerense había 15% menos de alumnos que en 2003.

Tampoco es alentador observar las cifras sobre la cantidad de egresados anuales de la escuela secundaria. Según los Anuarios Estadísticos del Ministerio de Educación, en 2011 concluyeron el ciclo secundario 33.500 alumnos menos que en 2003. Tal disminución en la graduación secundaria es importante, ya que llega al 12% y se agrava en el caso de las escuelas secundarias estatales, donde se graduaron 27.000 alumnos secundarios menos en 2011 que en 2003. Nuevamente es Buenos Aires la provincia que lidera esta reducción en la graduación secundaria, con un índice del 27%.

El otro hecho que debe ser destacado es la existencia de una gran desigualdad en el proceso de graduación secundaria, pues está íntimamente vinculado con las diferencias socioeconómicas de las familias de los alumnos. Si bien en las escuelas secundarias privadas hay también alumnos de familias humildes, es evidente que la mayoría de este alumnado corresponde a los estamentos medios y altos de nuestra sociedad. Lo contrario ocurre con las escuelas secundarias estatales, donde hay un predominio de alumnos de familias más humildes.

En el primer año secundario, apenas el 24% de los alumnos asiste a escuelas privadas en todo el país. Sin embargo, de cada 100 egresados secundarios nada menos que 40 provienen de escuelas privadas. Tal proporción es mucho más elevada en la ciudad de Buenos Aires, donde la graduación privada es un 57% del total, o sea, cinco puntos más que en Córdoba y en el conurbano. Si la participación de las escuelas privadas es mayor en la graduación anual que en el total de alumnos secundarios, esto quiere decir que la deserción escolar en el sistema privado es inferior a la deserción en las escuelas estatales. Así se constata cuando se observa que, en 2011, por cada 100 alumnos en primer año secundario había 52 egresados en las escuelas privadas, pero esta relación lamentablemente caía a menos de la mitad en el caso de las escuelas estatales, donde por cada 100 chicos incorporados apenas 25 se graduaban. Es decir, la deserción en las escuelas estatales es muy superior a la que se registra en las escuelas privadas.

Una gran desigualdad en el nivel de los conocimientos de los estudiantes secundarios es también la característica que emerge de los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE), que realiza periódicamente el Ministerio de Educación. Un ejemplo ha sido la ONE de 2007, realizada con los alumnos del último año de la escuela secundaria. En esa prueba, se determinó que el 44,7% de los alumnos registraba un desempeño "bajo" en la prueba de matemática, pero en el caso de los alumnos de escuelas privadas de La Pampa y Neuquén ese mismo promedio era inferior al 20%, mientras que en las escuelas estatales secundarias de Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca superaba 76%, o sea, era más del triple.

En las escuelas del lado porteño de la General Paz, el 22% de los alumnos de escuelas privadas evidenciaba un desempeño "bajo" en aquella prueba y, a pocos kilómetros del otro lado de la General Paz, en las escuelas estatales del conurbano más del doble de los alumnos se ubicaba en ese nivel deficiente, con un 55% del total. El nivel socioeconómico de las familias de los adolescentes explica gran parte de esta evidente desigualdad educativa.

La ley de educación fue promulgada el 27 de diciembre de 2006. Más de seis años es un lapso suficiente para poder concretar una mejora sustancial en la graduación secundaria. Si bien existe preocupación en las autoridades educativas por cumplir con esta ley, debemos decir, lamentablemente, que no se llegó ni de manera aproximada a la meta de escolarización completa. Se requieren, pues, nuevas acciones efectivas para avanzar hacia la universalización efectiva de la escuela secundaria (y con graduación), más allá de las diferencias socioeconómicas.

En un proceso de ese tipo, están empeñados nada menos que diez países latinoamericanos, que ya registran índices de graduación secundaria superiores a los nuestros. Ha quedado atrás el tradicional liderazgo escolar argentino, nacido a partir de la ley 1420. No hay igualdad de oportunidades en la sociedad del siglo XXI si la mayor parte de los adolescentes, especialmente los más pobres, no concluyen la escuela secundaria, requisito básico para acrecentar el capital humano, que, como hemos visto, es cuatro veces más importante que el capital físico.

Militares para espiar y vigilar

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION 

Cristina Kirchner está colocando la seguridad y los servicios de inteligencia del país en manos de oficiales del Ejército. La decisión, que significa una de las mayores contradicciones de la era kirchnerista, podría explicarse sólo por la necesidad presidencial de imponer una disciplina militar a su gobierno y al resto del Estado.

El nuevo jefe del Ejército, general César Milani, es un militar con amplia influencia en los servicios de inteligencia de las tres Fuerzas Armadas. Otro militar en actividad, Sergio Berni, es en los hechos el ministro de Seguridad de la Nación. Milani y Berni, que estaban distanciados, debieron reconciliarse antes de que el primero asumiera la conducción de la mayor organización militar del país.

La decisión política de la Presidenta es audaz: quiere darle forma a un servicio de inteligencia paralelo al de la SI (ex SIDE). Está enojada con sus viejos espías no sólo porque la tienen mal informada. Ella cree que esos agentes también influyen en algunos jueces, sobre todo de fueros que eran cercanos al Gobierno, que están acribillando a sus funcionarios con duras resoluciones. Los jueces están más molestos, en verdad, por la reforma judicial que quiso destituirlos que por otra cosa.

Ricardo Jaime, un emblema viviente de la corrupción kirchnerista, está ahora prófugo de la Justicia.

Guillermo Moreno fue llamado a indagatoria por abuso de autoridad, una noticia antigua que sólo ahora aterrizó en los tribunales. Son sólo ejemplos iridiscentes de un abrupto cambio de época. Otras decisiones contra el oficialismo se tomaron o se preparan en la Justicia.

Es cierto, de todos modos, que el espionaje clásico se convirtió en crítico del cristinismo desde que el Gobierno firmó el acuerdo con Irán para evaluar entre los dos países la información sobre el criminal atentado a la AMIA. La Justicia argentina (y su gobierno) tenía una posición: el gobierno de Irán estuvo detrás de la masacre en la mutual judía. La ex SIDE había contribuido con sus informes a esa certeza. Sus agentes temen ahora quedar expuestos y, sobre todo, exponer a sus fuentes extranjeras. Gran parte de la información que consiguieron se las pasó la CIA y el Mossad. 

Si fueran ciertas las conspiraciones actuales de los espías, la Presidenta tiene siempre a mano la posibilidad de remover a la conducción del servicio de inteligencia y a sus agentes, cubiertos o encubiertos. No lo puede hacer. Esos funcionarios están cargados de secretos de diez años de kirchnerismo, de un gobierno que usó y abusó de sus servicios para hacer política interna. Es el caso del español Luis Bárcenas, un hombre gris y desconocido, pero conocedor de muchos secretos sobre el manejo de dinero del partido gobernante en Madrid. El gobierno de Rajoy le soltó la mano, Bárcenas habló y ahora tambalea la administración de Rajoy.

Pero volvamos a Milani. Este general no ha descubierto el poder en los últimos días. Experto en inteligencia militar desde que se graduó como subteniente, jamás abandonó la oficina de espías del Ejército desde que accedió a su control. No descuidó esa agencia cuando fue segundo jefe de la fuerza ni ahora, que es el jefe del Ejército. Ya como segundo jefe se dio el lujo militar de disentir frontalmente de su entonces jefe, el general Luis Pozzi. Pozzi intentó echarlo a Milani varias veces del servicio activo, pero siempre alguien frenó su mano a tiempo.

Pozzi respondía a su mando natural, el también entonces ministro de Defensa Arturo Puricelli. Al revés, Milani prefirió alejarse de Puricelli y seguir cultivando su excelente relación con la ex ministra de Defensa y entonces titular de Seguridad, Nilda Garré. Garré le abrió las puertas de algunas organizaciones de derechos humanos, pero sobre todo de importantes dirigentes del CELS, que defendieron a Milani durante varios años. Tal vez por su cercanía con Garré, Milani se enfrentó con Berni, el pintoresco teniente coronel que está a cargo de la seguridad y que gastó más tiempo en desestabilizar a la ex ministra que en combatir el crimen.

Hace poco, luego de ordenar la renovación total de las cúpulas militares, Cristina Kirchner se reunió a solas con Milani, en Olivos, durante más de una hora. Habían pasado muchas cosas para ese militar que tiene como vocación la curiosidad por lo que hacen los otros. Puricelli, a quien siempre ninguneó, pasó de un estrepitoso fracaso como ministro de Defensa al cargo de supuesto ministro de Seguridad. Berni, su presunto segundo, es el ministro de Seguridad en la realidad. Es el que ordena y habla en nombre de la política nacional de seguridad. También había llegado al Ministerio de Defensa Agustín Rossi, un político con escasa o nula experiencia en cuestiones militares. Milani vio la oportunidad, por fin, de llevar a la práctica su vieja arenga a los militares. Tenemos que acercarnos al gobierno para volver a crecer, les repitió durante muchos años a sus incrédulos camaradas.

La Presidenta le exigió a Milani que acercara posiciones con Berni. No los quiere ver peleados a los dos militares más importantes de su gobierno. Pero hay algo raro en ese enredo para los códigos uniformados: Milani, un general de división, podría llegar dentro de poco al más alto rango del Ejército, el de teniente general, mientras Berni es sólo un teniente coronel. No obstante, Milani aceptó la condición y se reconcilió con Berni. El temperamento de cada uno de los dos obliga al escepticismo sobre el futuro de esa relación.

A cambio, Milani salió de esa reunión con Cristina Kirchner con dos trofeos. Sabía los nombres de quienes serían los inminentes jefes de las otras dos fuerzas, la Armada y la Fuerza Aérea. Fue él quien notificó informalmente de sus ascensos a esos militares antes de que les llegara la comunicación oficial. Fue un enorme acto de poder según las costumbres militares.

El segundo triunfo consistió en imponer al general Luis Carena jefe del Estado Mayor Conjunto, el cargo más alto en la estructura militar argentina. Esa designación escondía una sorpresa: Carena es general de brigada, un rango inferior al de Milani, y es menos antiguo que Milani. Es decir, tiene la obligación institucional de subordinarse a quien es su jefe natural por rango y antigüedad, Milani, aunque éste tiene un cargo inferior al de él. Una típica ensalada kirchnerista. Hay una segunda sorpresa: Carena es, como Milani, oficial de inteligencia. En síntesis, la inteligencia militar ha tomado el control del Ejército por primera vez en la historia. 

Llama la atención que organizaciones de derechos humanos no hayan pedido que Milani contara, por lo menos, su experiencia en Tucumán en 1976, durante el operativo Independencia. Aunque su ayudante de entonces, el soldado Alberto Ledo, es un desaparecido y su madre es miembro de Madres de Plaza de Mayo, Milani tiene, como cualquier otro ciudadano, el derecho a ser considerado inocente mientras no se pruebe lo contrario. Pero era un subteniente de inteligencia y un soldado bajo su mando desapareció. Tenía supuestamente mejor información que otros militares.

Milani circulaba también como oficial de inteligencia entre Catamarca, Tucumán y La Rioja cuando murió en un sospechoso accidente el obispo de La Rioja, monseñor Angelelli. El papa Francisco consideró su muerte como un crimen de la dictadura. ¿Supo Milani qué pasaba en aquellos años? ¿Recuerda la información reservada que seguramente recibió entonces sobre violaciones de los derechos humanos? Ningún juez lo citó nunca como testigo privilegiado de esos crueles escenarios. Ningún fiscal reclamó tampoco su testimonio.

Milani controla casi 400 millones de pesos en fondos reservados para la inteligencia del Ejército. Ha influido también para designar a oficiales de su confianza en las oficinas de inteligencia de la Armada y la Fuerza Aérea. Casi toda la inteligencia militar, no sólo la del Ejército, está bajo su control. La ley indica que las Fuerzas Armadas sólo pueden hacer inteligencia sobre ejércitos de otros países. Los militares tienen prohibido el espionaje interno por tres leyes: la de seguridad interior, la de defensa y la de inteligencia.

O deberían ofenderse los gobiernos de Brasil y Chile (eternas hipótesis de conflicto de los militares locales), o deberían ofenderse los argentinos porque los militares han vuelto a averiguar sobre sus vidas. El nivel de aquellos recursos de inteligencia no tiene ninguna relación con la muy escasa capacidad de acción de los militares argentinos, infradotados en armamentos, tecnología y salarios. Militares bien informados y mal pertrechados, la fórmula para una derrota segura en cualquier guerra, que felizmente no sucederá.

Aceptémoslo de una buena vez: los militares cometerán la ilegalidad de husmear en cuestiones internas y eso tiene dos consecuencias. Es, por un lado, una grave regresión política, una decisión que corresponde a una nación predemocrática. Es también un juego riesgoso, porque los militares nunca volvieron fácilmente a los cuarteles y porque suelen pedirles a los civiles que les devuelvan los favores que hacen. Esos favores se pagan con más poder para ellos.

El viejo proyecto de Milani es un círculo que se está cerrando.

La década no está ganada, sino desperdiciada

El Gobierno dilapidó el viento de cola y, con una mala asignación de recursos, dejó caer la infraestructura del país

Por Alieto Guadagni  | Para LA NACION 

La década del 80 fue la "década perdida" , en la Argentina y en América latina. Nuestra Presidenta ahora considera queesta es la "década ganada" . Estos calificativos exigen prestar atención a tres hechos nuevos en el escenario mundial de los últimos años. Primero, la tasa de interés internacional es hoy la más baja de los últimos 50 años y ni llega a la mitad del nivel de 2002. Segundo, gracias a estas tasas mínimas la inversión externa se derramó sobre toda América latina; comparando con el año 2000, hoy es 15 veces mayor en Perú y Ecuador; 10 veces, en Uruguay; seis veces mayor en Chile y Colombia, y dos en Uruguay. La Argentina no sólo permaneció al margen de esta tendencia, sino que desde 2005 se fugaron 84.000 millones de dólares. Tercero, los precios internacionales para nuestras exportaciones son los más altos de los últimos 40 años. Según el Indec, los términos de intercambio se duplicaron respecto de 1986; en mayo de 2003 la soja se cotizaba a 232 dólares y ahora vale 550. Gracias a estos excepcionales términos de intercambio nos hemos beneficiado con recursos adicionales que superan los 150.000 millones de dólares.

Es así como, financiado por estas rentas extraordinarias, el gasto público en la última década se multiplico más de tres veces, pero la infraestructura no se benefició de esta multiplicación. Por ejemplo, hay un gran déficit de agua potable y cloacas, elementos esenciales para reducir la mortalidad infantil y las enfermedades de transmisión hídrica. Unos 8,2 millones de habitantes carecen de agua por red y 21 millones no tienen cloacas.

En el conurbano, el 30% de la gente no tiene agua por red, el 63% carece de cloacas y el 39% no tiene gas por red. Las inversiones fueron insuficientes. La creciente urbanización también agudizó los daños por inundaciones, como en La Plata, pero la inversión en esta protección hídrica ha sido mínima: se gasta 10 veces más en subsidiar a Aerolíneas Argentinas. 

La infraestructura vial está atrasada frente a un parque automotor que creció un 90% en la última década, con un creciente "pasivo vial" por falta de inversiones. José Barbero señala que tenemos apenas 2500 kilómetros de carreteras de calzada doble, pero necesitamos más del doble. La red nacional y las rutas provinciales se degradan por falta de inversiones y sobrecostos notorios. Un kilómetro de carreteras de cuatro carriles le cuesta ahora al Estado casi el doble que en la década anterior.

Las cosechas crecen pero el ferrocarril de cargas retrocede por carencia de inversiones, incrementando así los costos logísticos. El ferrocarril transporta menos del 10% de la carga, mientras que en Canadá lleva el 55%; en Alemania, el 54%, y en Estados Unidos, el 47%.

En el área metropolitana el servicio ferroviario ha retrocedido y origina un alto costo de vidas humanas. Este retroceso es fruto de grandes subsidios mal direccionados, que no estimulan ni la inversión ni el buen mantenimiento de vías y trenes. Entre 2003 y 2011 se invirtió anualmente menos de la mitad de lo invertido entre 1995 y 2001. Las recientes inversiones apenas cubrieron la séptima parte de las necesidades de mantenimiento y reposición del material. Existen también notorios atrasos en áreas clave como puertos, dragados, aeronavegación, ferrocarriles interurbanos, radarización y control del espacio aéreo, esencial para combatir el narcotráfico.

En energía, la carencia de inversiones originó una gran caída en las reservas de gas (60%) y petróleo (20%). Por eso, desde 2003 la producción de petróleo cae un 30%, mientras que la de gas cae, desde 2004, un 20%. La caída en inversiones impacta sobre nuestras cuentas externas, por el fuerte ascenso en las importaciones de combustibles, que este año llegarán a 13.000 millones de dólares, cuando en 2006 el sector energético aportaba más de 6000 millones a la balanza comercial. La carencia de inversiones en hidroelectricidad ha impulsado el consumo de combustibles caros e importados. En 2003, más de la mitad de la generación eléctrica era aportada por la hidroelectricidad; ahora, aporta menos del 30%.

Todas estas carencias de inversión en sectores estratégicos no se explican, como hemos visto, por falta de recursos, sino por mala asignación del gasto público, que está hoy a un nivel récord histórico. Se aumentaron aceleradamente los subsidios fiscales, que ya superan los 20.000 millones de dólares anuales. Estos subsidios son apropiados por los segmentos socio-económicos más favorecidos, porque no existe una verdadera tarifa "social". Cuando comenzaron los subsidios, hacia mediados de la década, eran cifras razonables, pero hoy son tan gravosos que el Gobierno viene postergando desde hace ya varios años las necesarias inversiones en infraestructura, muchas de ellas de carácter urgente y prioritario porque hacen a la seguridad de las personas, como ocurre con el transporte ferroviario. Esta decisión estratégica del Gobierno de priorizar los subsidios a favor de los segmentos de arriba de la sociedad, y al mismo tiempo postergar las inversiones necesarias en los servicios de amplia demanda popular como el transporte público, configura un cuadro de alto riesgo. 

Los cuantiosos subsidios que distribuye el gobierno nacional responden a un criterio altamente regresivo, ya que el 20% más pobre de la población se beneficia apenas del 6,3% del subsidio total, mientras que el 20% más rico se apropia nada menos que del 42,7% del total de los subsidios. Es decir, los ricos reciben subsidios 6,8 veces mayores a los subsidios que benefician a los pobres. Por su parte, tenemos la Asignación Universal por Hijo, eficaz política de transferencias monetarias que mejora la distribución del ingreso, ya que concentra estos subsidios en los segmentos más pobres. Pero la magnitud del gasto fiscal en la AUH ni por lejos alcanza a compensar el carácter regresivo de los subsidios económicos, por la sencilla razón de que el fisco gasta en estos subsidios regresivos ocho veces más que en la AUH. En 2005, la inversión pública era el triple de los subsidios; ahora los subsidios son un 50% mayores que la inversión. Un ejemplo de subsidios regresivos es Aerolíneas, ya que el 85% de su déficit proviene de los vuelos internacionales, como Miami, Roma y Madrid. Hay que recordar que quienes administran esta empresa pública que tanto incide en mermar recursos para otras inversiones prioritarias no publican sus balances desde 2008.

Cuando un gobierno pierde la visión del porvenir y no presta atención a la infraestructura del país, compromete su futuro. Pero el futuro siempre llega, a veces más temprano que tarde. Son ya varios años de prioridades equivocadas en el área de infraestructura, muchas de ellas salpicadas por sobrecostos propios del capitalismo de "amigos", que significan achicar los fondos que se dedican a las obras prioritarias. El mayor símbolo de prioridades ya no equivocadas sino absurdas fue el disparate del "tren bala", que entretuvo por varios años al Gobierno, que no prestó atención a las redes ferroviarias urbanas. No invertir en infraestructura es muy costoso, pero el costo para toda la sociedad es mucho mayor cuando la inversión no sólo no es suficiente sino que además está demasiado afectada por la corrupción. Considerando la decadencia y atraso de nuestra infraestructura se puede sostener que la última década no fue ni ganada ni perdida. Fue, simplemente, desperdiciada.

© LA NACION.

La extraña historia del juez Zaffaroni

POR RODOLFO TERRAGNO 

ESCRITOR Y POLITICO 

Días después de arrebatar el poder, Jorge Rafael Videla designó a Eugenio Raúl Zaffaroni al frente del Juzgado Nacional en lo Criminal de Sentencia de la Capital Federal. Al asumir el juzgado, Zaffaroni juró “observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados [por la Junta Militar] y el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional”.

En 2003, cuando Néstor Kirchner lo propuso conjuez de la Corte Suprema, me opuse en el Senado a que se prestara acuerdo a su designación. Quien había convalidado el secuestro y desaparición de la Constitución Nacional no podía ser nombrado su custodio.

En efecto, al jurar fidelidad al estatuto de la Junta, Zaffaroni había aprobado de hecho:

• Que fueran declarados “caducos” los mandatos de la Presidenta, los gobernadores y los vicegobernadores.

• Que se disolvieran el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, la Sala de Representantes de la Ciudad de Buenos Aires y todos los consejos municipales del país.

• Que fueran removidos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

• Que también fueran removidos el Procurador General de la Nación y el Procurador del Tesoro.

• Que fueran desplazados los integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia de todas las provincias.

• Que Videla asumiera las facultades legislativas.

• Que se prohibiera la actividad política.

• Que se prohibieran, asimismo, todas las actividades gremiales.

No era la primera vez que Zaffaroni incurría en perjurio constitucional. En 1969, al ser designado camarista en San Luis, había jurado lealtad al Estatuto de la “Revolución Argentina”, por el cual Juan Carlos Onganía eliminó la Constitución de un plumazo y asumió la suma del poder público.

Él no lo desmiente. Durante el examen público de sus antecedentes, previo al acuerdo del Senado para su incorporación a la Corte, Zaffaroni respondió así a una pregunta mía: “Juré por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, juré por el Estatuto de Onganía, juré por la Constitución reformada por Lanusse en 1973, juré por la Constitución Nacional de 1853 y juré por la Constitución reformada en 1994”.

En el sitio web de la Asociación Madres de Plaza de Mayo aún estaba, en 2003, un “Proyecto contra la Impunidad y, como parte de éste, una denuncia de las Madres a los jueces que juraron por los Objetivos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional entre 1976 y 1980.

Se trataba de una “denuncia criminal” contra 437 jueces a quienes se identifica como “represores del Poder Judicial”.

En esa lista, ordenada alfabéticamente, figura en el puesto 435: Zaffaroni, Eugenio Raúl.

Como a los otros miembros de esa lista, se lo acusaba de haber sido “partícipe necesario”, en los términos del articulo 45 del Código Penal, de los delitos de privación ilegítima de la libertad; apremios ilegales; sustracción, retención y ocultamiento de personas, entre otros.

Sobre la desaparición forzada de personas, Zaffaroni dijo algo insostenible: “Obviamente, sabíamos que se estaba secuestrando gente. Ahora, cuál era su destino o qué pasaba con la gente, fue lo que, en líneas generales, me enteré en el extranjero [en 1978]”.

Y admitió que, después de haberse enterado en el extranjero de lo que sucedía en la Argentina, volvió y siguió siendo juez.

El conocimiento de lo que pasaba en el país tampoco le impidió escribir, en 1980, el sorprendente libro Derecho Penal Militar. La obra fue publicada durante la vigencia de un gobierno militar que proclamaba estar en guerra y que procuraba justificar sus actos en un “estado de necesidad”. Zaffaroni, refiriéndose a “una circunstancia hipotética”, afirmaba en 1980 que, “habiendo desaparecido cualquier autoridad, o siendo incapaz la que resta”, un grupo militar puede “usurpar justificadamente la función pública”.

Esta afirmación coincidía con la retórica empleada por la dictadura para legitimar la toma del poder por la fuerza en 1976.

Hay también coincidencia entre los argumentos que esgrimía la dictadura para cohonestar la represión y los que, con aire académico, Zaffaroni desarrolló en su libro: “derecho penal militar de excepción”, “circunstancias especiales”, “necesidad terrible”, “necesidad terribilísima”, “bando militar como ley material”, “bando militar como tipificador de delitos”, “excepcional necesidad de dar muerte al delincuente”, o “muerte por legítima defensa cuando el delincuente haga armas contra la autoridad”.

Antes de enviarlos a imprenta, Zaffaroni entregó los originales del libro a los auditores de la Aeronáutica y la Marina.

En la introducción, el doctor Zaffaroni y su colaborador, Ricardo Juan Caballero, dicen: “Queremos hacer público nuestro agradecimiento al brigadier auditor doctor Laureano Álvarez Estrada, quien tuvo la gentileza de leer los originales, por las importantísimas observaciones que nos efectuara, y al contraalmirante auditor doctor Ramón León Francisco Morel”.

El 23 de julio de 2003, me dirigí a Zaffaroni, pidiéndole que me diera su interpretación de este hecho. En su respuesta, el actual juez de la Corte sostuvo: “En la citada obra no se agradece a nadie por funcionario de la dictadura, sino por auditor militar”.

Nadie puede sostener que los auditores de las Fuerzas Armadas fueran ajenos a la dictadura militar. Laureano Álvarez Estrada había sido designado, por decreto 105, del 14 de abril de 1976, subsecretario de Justicia de la dictadura.