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miércoles, 28 de agosto de 2013

La economía populista pasa la factura


De eso no se habla
Por  
Sergio Massa cree que la economía seguirá empeorando en 2014, con más inflación, más impuestos, más devaluación, menos empleo y más pobreza. A la misma conclusión arriban la mayoría de los especialistas, que descartan un giro significativo del Gobierno que permita recuperar confianza y revertir el deterioro económico y social.
El alcalde de Tigre supone que el malestar de la ciudadanía con la Casa Rosada se va a profundizar en las elecciones de octubre, y que las dificultades económicas se llevarán puestas también las aspiraciones presidenciales de Daniel Scioli.
El gobernador de Buenos Aires comparte el diagnóstico económico de su adversario. Sabe de las dificultades que vienen, aunque prefiere creer que, en la derrota, Cristina terminará negociando con él la sucesión. Y supone que tendrá cierto apoyo del establishment peronista, que hoy respalda a la jefa del Estado para enfrentar el vertiginoso ascenso de su vecino de Tigre.
"Hace mal los cálculos. Scioli se olvidó de que hay ballottage y Massa es el único que les gana a todos en segunda vuelta", insisten los renovadores.
También se están probando los trajes de luces en el espacio socialdemócrata. Radicales, socialistas y demás aliados de centroizquierda prometen para 2015 una fórmula unificada y competitiva para disputarle el poder al peronismo. Ruegan que no se repita la experiencia de la Alianza: recibir en 2015 una bomba de tiempo económica si el Gobierno persiste en evitar el ajuste y el Banco Central sigue perdiendo dólares.
La oposición, en general, reclama un desdoblamiento cambiario para evitar que el turismo y la importación de bienes de lujo vacíen las reservas. Sabe que no es solución de fondo, pero supone que la transición será así más o menos ordenada, según los valores que queden en caja para el próximo mandato. Los economistas profesionales calculan que, de no mediar correcciones, el Gobierno podría terminar en 2015 con menos de 10.000 millones de dólares en el Central.

Todos se preparan para suceder a Cristina. Lo preocupante es la percepción unánime en los contendientes: explican sus chances en la mayor penuria que se viene para la población en 2014 y 2015. Como si bailaran sobre la cubierta del Titanic.
También la Presidenta está anoticiada de la situación. No en vano, luego de la derrota electoral, lo primero que hizo fue intimar a empresarios y banqueros "a ver qué quieren hacer con la Argentina". En esta preocupación se inscribe también la polémica reapertura del canje y el cambio del lugar de pago de la deuda anunciados anteayer. La jefa del Estado, más allá de su vehemencia pública, es consciente del enorme desajuste económico que enfrenta su administración y de las dificultades para subsistir dos años más en medio de la inflación y la crisis de confianza que desató el cepo cambiario. Pretende, claro, que las consecuencias del populismo económico que viene administrando desde hace seis años no le exploten a ella. Que la paguen otros: los bancos, la UIA, la oposición, los economistas, Clarín.
Un detalle no menor es observar dónde se coloca la opinión pública en este debate sobre el futuro económico. Será vital en el proceso de transición compleja que se abre en el país. No se trata de la primera vez que la Argentina se enfrenta a un proceso de populismo económico con explosión de gasto público que ya no se puede financiar y va llegando a su fin. Ocurrió, con distintos matices, por derecha y por izquierda: en 1974/75 antes del Rodrigazo; en 1981, con el fin de la tablita de Martínez de Hoz; después de la derrota electoral de Raúl Alfonsín en 1987, y, el más recordado, el estallido de la convertibilidad a fines de 2001.
Posiblemente la experiencia Menem-De la Rúa sea la más aleccionadora. La Alianza prometió evitar el ajuste y ganó con más de 50% . "Conmigo: un dólar, un peso", decía De la Rúa. Después de ganar tuvo que hacer el ajuste igual vía el impuestazo de Machinea y la espiral de endeudamiento externo, que ni siquiera le alcanzó. Ya era demasiado tarde, pero conviene recordar que cuando Ricardo López Murphy propuso un ajuste serio de la economía ocho meses antes para evitar la megadevaluación que finalmente llegó con Eduardo Duhalde, la opinión pública y la dirigencia política lo crucificaron.
También Cristina ganó con el 54% de los votos hace dos años. En la campaña electoral, la Presidenta advertía: "Si quieren el ajuste, busquen a otra", mientras los especialistas advertían sobre la explosión del gasto, la crisis energética, la inflación y la fuga de capitales. Ganó las elecciones con apoyo de la clase media que ahora la rechaza, pero la realidad le impuso el peor de los ajustes: control de cambios con un insólito cepo al dólar. En dos años, perdió la mitad de los votos y casi la mitad de las reservas. Ganó las elecciones con el dólar libre 4 a 1, pero no pudo mantener el régimen y terminó sucumbiendo en las urnas.


Algo pasa con la sociedad argentina, atrapada hace años entre desajustes y ajustes económicos solapados y sin salida pacífica. Tal vez todavía Cristina tenga una ventaja en la disputa que se viene, ya que sus adversarios no se animan a explicitar lo que se necesita para combatir la inflación y normalizar la economía. Hay que frenar el despilfarro de gastos en el Estado para reducir el déficit fiscal y la emisión sin respaldo. Y recrear las condiciones que permitan reabrir el crédito internacional para el país y sus empresas. Con la ventaja, además, de que con los actuales precios de las materias primas -sobre todo, de alimentos- el ajuste para no terminar en un nuevo estallido no sería tan salvaje en términos de reducciones de gastos y tamaño del Estado.
Pero aun así, nadie en la oposición quiere hablar del tema. Todavía Cristina logra correr por izquierda a sus críticos acusándolos de desestabilizadores o, peor aún, de ser nostálgicos de los 90. Todavía Cristina, sin nadie enfrente, logra que buena parte de los argentinos perciba que la devaluación, una tragedia que trae siempre inflación y pobreza, es una consecuencia del mercado, y no del Estado, que es quien deprecia la moneda por el déficit y la emisión. Desde que llegó en 2008, la jefa del Estado depreció el peso 70% en el mercado oficial y 160% en el blue. Pero los devaluadores son otros.
En la Argentina decir la verdad en materia económica no paga. FIEL acaba de informar que en la "década ganada" creció 52% el empleo público, contra 22% del sector privado. Las provincias aumentaron 47% su dotación y los municipios, 80%. En las empresas estatales había unas 30.000 personas cuando llegaron los Kirchner. Ahora suman más de 100.000. Se consolidó un gasto público indexado para asistencia social que deberá mantenerse y que alcanza a unos 13 millones de personas. Allí está todo el problema que nadie quiere enfrentar.
No hay devaluación ni inflación que alcance para financiar semejante explosión del gasto, a tal punto que se termina cobrando impuesto al salario a maestros de escuela o encargados de edificios. Según la consultora Idesa, por culpa de la inflación, una familia tipo de clase media tributa hoy en la Argentina 35% de impuesto a las ganancias, la misma alícuota que se le impone a una multinacional. Por la inflación, trabajadores y empresas pagan cada vez más tributos sobre ganancias ficticias y por eso crece frenéticamente la economía en negro.

Nadie quiere mencionar la necesidad de un ajuste. Tal vez porque nadie quiere escuchar esas propuestas. ¿Aceptaría hoy la sociedad debatir en serio el tremendo estatismo económico que sobrevino en el país con creciente apoyo popular y de las clases medias tras la debacle de la convertibilidad? ¿Cuánto cuesta en términos de inflación y devaluación mantener el despilfarro en la Anses, Aerolíneas, YPF, Enarsa, el Correo, Fútbol para Todos, o la corrupción generalizada en los contratos privados de obras y servicios para el Estado?
Ha sido notable la capacidad que han tenido los políticos profesionales en la Argentina para quitarse la responsabilidad de sus acciones de gobierno y colocar las culpas en el mercado y el sector privado por los estallidos económicos: los bancos, las privatizadas, las AFJP, las grandes empresas, Estados Unidos, el FMI, la década del 90 y los fondos buitre son ejemplos de los chivos expiatorios que se han presentado para ocultar la explosión de gasto público que desata inflaciones, devaluaciones y pobreza.
Por cierto, no ha sido una tarea solitaria de Néstor y Cristina Kirchner estos años. El estatismo creciente que ahora se torna extremo, asfixia y hace perder elecciones, contó con la aprobación y exaltación de amplios sectores de la sociedad desde la administración Duhalde hasta la fecha. Con particular aliento de ciertos sectores del periodismo, que demoniza a las empresas, a la iniciativa privada y a la economía de mercado por las penurias de la gente. Parece evidente que los problemas no residen exclusivamente en Cristina Kirchner. La culpa no es sólo de los que gobiernan; también somos nosotros.
© LA NACION.

martes, 2 de julio de 2013

La década no está ganada, sino desperdiciada

El Gobierno dilapidó el viento de cola y, con una mala asignación de recursos, dejó caer la infraestructura del país
Por   | Para LA NACION 

La década del 80 fue la "década perdida" , en la Argentina y en América latina. Nuestra Presidenta ahora considera queesta es la "década ganada" . Estos calificativos exigen prestar atención a tres hechos nuevos en el escenario mundial de los últimos años. Primero, la tasa de interés internacional es hoy la más baja de los últimos 50 años y ni llega a la mitad del nivel de 2002. Segundo, gracias a estas tasas mínimas la inversión externa se derramó sobre toda América latina; comparando con el año 2000, hoy es 15 veces mayor en Perú y Ecuador; 10 veces, en Uruguay; seis veces mayor en Chile y Colombia, y dos en Uruguay. La Argentina no sólo permaneció al margen de esta tendencia, sino que desde 2005 se fugaron 84.000 millones de dólares. Tercero, los precios internacionales para nuestras exportaciones son los más altos de los últimos 40 años. Según el Indec, los términos de intercambio se duplicaron respecto de 1986; en mayo de 2003 la soja se cotizaba a 232 dólares y ahora vale 550. Gracias a estos excepcionales términos de intercambio nos hemos beneficiado con recursos adicionales que superan los 150.000 millones de dólares.
Es así como, financiado por estas rentas extraordinarias, el gasto público en la última década se multiplico más de tres veces, pero la infraestructura no se benefició de esta multiplicación. Por ejemplo, hay un gran déficit de agua potable y cloacas, elementos esenciales para reducir la mortalidad infantil y las enfermedades de transmisión hídrica. Unos 8,2 millones de habitantes carecen de agua por red y 21 millones no tienen cloacas.
En el conurbano, el 30% de la gente no tiene agua por red, el 63% carece de cloacas y el 39% no tiene gas por red. Las inversiones fueron insuficientes. La creciente urbanización también agudizó los daños por inundaciones, como en La Plata, pero la inversión en esta protección hídrica ha sido mínima: se gasta 10 veces más en subsidiar a Aerolíneas Argentinas. 
La infraestructura vial está atrasada frente a un parque automotor que creció un 90% en la última década, con un creciente "pasivo vial" por falta de inversiones. José Barbero señala que tenemos apenas 2500 kilómetros de carreteras de calzada doble, pero necesitamos más del doble. La red nacional y las rutas provinciales se degradan por falta de inversiones y sobrecostos notorios. Un kilómetro de carreteras de cuatro carriles le cuesta ahora al Estado casi el doble que en la década anterior.
Las cosechas crecen pero el ferrocarril de cargas retrocede por carencia de inversiones, incrementando así los costos logísticos. El ferrocarril transporta menos del 10% de la carga, mientras que en Canadá lleva el 55%; en Alemania, el 54%, y en Estados Unidos, el 47%.
En el área metropolitana el servicio ferroviario ha retrocedido y origina un alto costo de vidas humanas. Este retroceso es fruto de grandes subsidios mal direccionados, que no estimulan ni la inversión ni el buen mantenimiento de vías y trenes. Entre 2003 y 2011 se invirtió anualmente menos de la mitad de lo invertido entre 1995 y 2001. Las recientes inversiones apenas cubrieron la séptima parte de las necesidades de mantenimiento y reposición del material. Existen también notorios atrasos en áreas clave como puertos, dragados, aeronavegación, ferrocarriles interurbanos, radarización y control del espacio aéreo, esencial para combatir el narcotráfico.
En energía, la carencia de inversiones originó una gran caída en las reservas de gas (60%) y petróleo (20%). Por eso, desde 2003 la producción de petróleo cae un 30%, mientras que la de gas cae, desde 2004, un 20%. La caída en inversiones impacta sobre nuestras cuentas externas, por el fuerte ascenso en las importaciones de combustibles, que este año llegarán a 13.000 millones de dólares, cuando en 2006 el sector energético aportaba más de 6000 millones a la balanza comercial. La carencia de inversiones en hidroelectricidad ha impulsado el consumo de combustibles caros e importados. En 2003, más de la mitad de la generación eléctrica era aportada por la hidroelectricidad; ahora, aporta menos del 30%.
Todas estas carencias de inversión en sectores estratégicos no se explican, como hemos visto, por falta de recursos, sino por mala asignación del gasto público, que está hoy a un nivel récord histórico. Se aumentaron aceleradamente los subsidios fiscales, que ya superan los 20.000 millones de dólares anuales. Estos subsidios son apropiados por los segmentos socio-económicos más favorecidos, porque no existe una verdadera tarifa "social". Cuando comenzaron los subsidios, hacia mediados de la década, eran cifras razonables, pero hoy son tan gravosos que el Gobierno viene postergando desde hace ya varios años las necesarias inversiones en infraestructura, muchas de ellas de carácter urgente y prioritario porque hacen a la seguridad de las personas, como ocurre con el transporte ferroviario. Esta decisión estratégica del Gobierno de priorizar los subsidios a favor de los segmentos de arriba de la sociedad, y al mismo tiempo postergar las inversiones necesarias en los servicios de amplia demanda popular como el transporte público, configura un cuadro de alto riesgo. 
Los cuantiosos subsidios que distribuye el gobierno nacional responden a un criterio altamente regresivo, ya que el 20% más pobre de la población se beneficia apenas del 6,3% del subsidio total, mientras que el 20% más rico se apropia nada menos que del 42,7% del total de los subsidios. Es decir, los ricos reciben subsidios 6,8 veces mayores a los subsidios que benefician a los pobres. Por su parte, tenemos la Asignación Universal por Hijo, eficaz política de transferencias monetarias que mejora la distribución del ingreso, ya que concentra estos subsidios en los segmentos más pobres. Pero la magnitud del gasto fiscal en la AUH ni por lejos alcanza a compensar el carácter regresivo de los subsidios económicos, por la sencilla razón de que el fisco gasta en estos subsidios regresivos ocho veces más que en la AUH. En 2005, la inversión pública era el triple de los subsidios; ahora los subsidios son un 50% mayores que la inversión. Un ejemplo de subsidios regresivos es Aerolíneas, ya que el 85% de su déficit proviene de los vuelos internacionales, como Miami, Roma y Madrid. Hay que recordar que quienes administran esta empresa pública que tanto incide en mermar recursos para otras inversiones prioritarias no publican sus balances desde 2008.
Cuando un gobierno pierde la visión del porvenir y no presta atención a la infraestructura del país, compromete su futuro. Pero el futuro siempre llega, a veces más temprano que tarde. Son ya varios años de prioridades equivocadas en el área de infraestructura, muchas de ellas salpicadas por sobrecostos propios del capitalismo de "amigos", que significan achicar los fondos que se dedican a las obras prioritarias. El mayor símbolo de prioridades ya no equivocadas sino absurdas fue el disparate del "tren bala", que entretuvo por varios años al Gobierno, que no prestó atención a las redes ferroviarias urbanas. No invertir en infraestructura es muy costoso, pero el costo para toda la sociedad es mucho mayor cuando la inversión no sólo no es suficiente sino que además está demasiado afectada por la corrupción. Considerando la decadencia y atraso de nuestra infraestructura se puede sostener que la última década no fue ni ganada ni perdida. Fue, simplemente, desperdiciada.
© LA NACION.