1 de cada 450 argentinos es la cifra que da 100.000
fallecidos por Covid-19 sobre una población total de 45 millones. Una manera
distinta, sin dudas, de leer los 100.000 muertos es poner la atención que de cada
450 seres humanos que conocemos murió 1, en nuestro país y en este lapso, por
un virus que comenzó a desperdigarse a fines del año 2019 en la lejana China.
¿Hay
responsables, antes que culpables, además del virus, quien no es punible de
ninguna sanción ni se le puede extender ninguna vara ética? Sabemos que el
virus sólo desea reproducirse, seguir siendo; en esto no es muy distinto a
nosotros y a todo ser vivo. Pero sí se debe responsabilizar en primer término
al gobierno nacional, ya que para algo es el gobierno de la Nación, por
voluntad propia y elección de los ciudadanos mediante el voto; aunque sí
queremos ir un poco más atrás o hilar fino, por encima de cualquier ataque o
crítica directa sobre la gestión que comienza con Alberto Fernández, debemos
poner en la mesa de las consideraciones que luego del gobierno de Néstor
Kirchner –con una
mano en el corazón y otra en la cabeza– no hubo ninguna presidencia en La Argentina
que ante un problema de esta trascendencia ofreciera alguna garantía de
idoneidad o al menos de pragmatismo. Néstor Kirchner fue, entre otras cosas, un
manipulador político, pero no comía vidrio. Una ideología barata y funcional a
intereses personales y egoístas –sumado el carácter de un timorato–
obstaculizaron la toma de decisiones en tiempo y forma que las circunstancias
que atravesamos exigen. Los 4 de copas no nacieron para los trances difíciles,
ni siquiera están para pagar las facturas de la fiesta. Y es importante sopesar
que Cristina Fernández, por lo que hizo en sus anteriores apariciones
presidenciales, o ese producto de consumo electoral denominada “Mauricio
Macri”, no crean expectativas distintas a este presente. Ante una consumada
clase política corrupta, soberbia e incapaz, cualquier cimbronazo –y más
una pandemia– produce
un desastre mayor en todos los órdenes. Otras consecuencias habría si el timón
lo condujeran políticos capaces, decentes y dignos de detentar la función
pública a la que han accedido republicana y democráticamente. No hay que ser sagaz
para saber que en la corporación de partidos que gobierna nuestro país desde
1983 no abunda esta especie en extinción, pero sí abunda la primera, ante
quienes hablar de “grieta” no es más que traer metáforas a una discusión
profunda.
No
considero que la vacuna sí o la vacuna no, sea lo que incline la balanza hacia
un lado o hacia el otro. Seguramente, la temprana gestión sobre este tema –que a
veces se muestra más como un parche que una solución ante– hubiera
creado otro horizonte. Más allá de eso, existieron y son explícitos, incluso
para quien por ceguera ideológica se niegue a ver, errores producidos por
incapacidad y corrupción en la gestión doméstica (sumado a esto el pésimo
manejo de la cuarentena, el desastre exacerbado de nuestra economía y el
maltrato directo a la ciudadanía, propia de un gobierno que improvisa y llega
tarde a las cuestiones cruciales).
Por esto
y otras cuestiones que se me vienen a la mente, cuando leo 100.000 muertos por
Covid-19, o simplemente Covid, mi cabeza comienza a realizar una traducción directa
de esta fatal y triste cifra: 1 de cada
450 argentinos ha fallecido.
Argentina está prisionera de un pasado que le impide despegar. No se trata sólo del pasado que se remonta a los años 70 del último siglo, impregnado por el choque de ideologías agónicas, sino del pasado reciente que se abrió con la gran crisis de 2001-2002.
Este colapso produjo consecuencias económicas y políticas. No cerró por completo las deudas pendientes generadas por el default , gracias a lo cual los denostados fondos buitre obtuvieron una victoria gravosa para el país en la sede judicial de los Estados Unidos. Vale la pena recordarlo: cuando rige una división de poderes real y efectiva, como en Estados Unidos, no hay que confiar demasiado en la buena disposición del gobierno norteamericano hacia nuestro país. Estas actitudes son menos importantes, llegado el caso, que las tradiciones judiciales. El mazazo de la Corte Suprema habla por sí solo.
Tampoco en el curso de los años posteriores a la crisis pudimos reconstruir un sistema de partidos acorde con nuestra legitimidad republicana y con el régimen de representación política de nuestra sociedad. Este déficit de mediación no se ha superado, pese al proyecto hegemónico que impulsó políticas inflacionarias y de consumo con graves deficiencias sobre el flanco fiscal y en materia de educación, infraestructura y energía. Como si esto fuera poco, en ese ambicioso escenario, sustentado en contundentes apoyos electorales en 2007 y 2011, campeó siempre -y ahora lo hace con más espesor- la nube contaminante de la corrupción de funcionarios y amigos del poder.
En estas horas, lo que muchos oficialistas creyeron tener bien atado, al influjo de los éxitos de corto plazo, se ha destapado estrepitosamente. Y el olor que emana de esa olla de agravios a la moral pública y de incongruencias en la política económica no augura una circunstancia dotada de honestidad y eficacia. La Presidenta sostuvo el lunes pasado que el país había dado pruebas suficientes de su voluntad para honrar las deudas . Es cierto, jamás hemos pagado tanto como en este período. Lo que en cambio aún no se vislumbra es la posibilidad de que se ensanche el terreno de las negociaciones y con ello aumente la capacidad de obtener financiamiento externo. Al contrario: la asfixia no cesa de aumentar.
Sin embargo, detrás de estos signos contradictorios sigue agazapada otra herencia no menos problemática. Si bien es evidente que últimamente se han dado pasos constructivos al respecto, una mirada con perspectiva amplia revelaría un estado de fragmentación y disputa entre candidaturas más que entre partidos y organizaciones.
La situación del peronismo es, en este sentido, aleccionadora. Sin recursos políticos y de caja, roto el embrujo de la hegemonía que tanto colmó las ilusiones de corto plazo, una presidenta rodeada de escándalos se ha quedado sin sucesión deseable hasta el punto de que ya no podrá siquiera desempeñar el papel de gran elector como lo hizo Lula da Silva en Brasil. Más que un partido, el oficialismo representa hoy un Poder Ejecutivo al que continúa apoyando, como última reserva, la disciplina de los bloques mayoritarios en el Congreso.
En la medida en que se siga fragmentando, el mundo peronista se reduce y desgasta. Siempre fue difícil en el peronismo operar sobre un plano horizontal. Esta hipótesis contradice su marca de origen: para funcionar con éxito y hacer uso efectivo del poder, el peronismo requiere una conducción capaz de sobresalir. Este fenómeno -de aquí el desconcierto- todavía está en veremos. Éstos son los frutos de un temperamento presidencial que desconfió del peronismo en tanto partido y organización estable. En su lugar, produjo su propio séquito de fieles y designó ayer en el cargo de vicepresidente y hoy en el de presidente provisional del Senado a personajes que provienen de otro pozo. Los resultados de este descalabro antipartidario están a la vista.
El carácter horizontal de las relaciones de poder no propone mayores problemas a la tradición que encarna la Unión Cívica Radical. De pie en todo el país, el partido radical está unido en el proyecto Frente Amplio-UNEN (FAU) con otros partidos y agrupaciones personalistas. Estas últimas abonan el terreno de una democracia de candidatos en la cual los partidos representan un rol menor. Cuestión para tomar en cuenta. En una democracia de candidaturas, como ahora se la llama, un líder predominante con apoyo electoral pica de entrada y capta para su espacio a diversos dirigentes que coinciden con su propuesta. Son propuestas frentistas de rápida construcción: la clave del éxito depende de la capacidad de atracción que manifieste ese nuevo líder durante la campaña electoral.
Hasta nuevo aviso, éste sería el perfil de Sergio Massa y Mauricio Macri. Uno presiona sobre el peronismo; el otro, sobre la concertación de FAU. Por eso los interrogantes que ya están dando vueltas entre los interesados: ¿es acaso posible derrotar a los candidatos peronistas que en estos momentos encabezan el lote de la preferencias sin el concurso de una dirigencia unida, capaz de dirimir sus diferencias en las elecciones primarias del año próximo? Y a contrario sensu: ¿no correrá riesgos un peronismo fragmentado, que además soporta el desgaste que conlleva el ejercicio del poder, frente a una oposición unida?
Son preguntas que dan cuenta de los contrastes entre una democracia de candidaturas y una democracia de partidos. En la concertación de FAU persiste el legado partidario tanto en el radicalismo como en el socialismo: respeto a las reglas de juego para dirimir candidaturas e interés en definir programas. Por definición, su trámite es más lento que el que propone un frente con tintes personalistas. Mientras los frentistas han lanzado la carrera muy pronto con el oído alerta al sube y baja de las encuestas, los partidos marchan más despacio con el objetivo puesto en las PASO de agosto de 2015.
Aquí están en juego la erosión del tiempo y el control de la iniciativa. Mientras el tiempo se escapa de las manos de un gobierno sin aliento, la iniciativa de los contrarios está dispersa. Aunque hay algunas excepciones valiosas, no hay todavía signos de que estén en marcha pactos de gobernabilidad y de convergencia en torno a políticas de Estado.
Por otra parte, a veces se olvida que en los períodos fuertes de la política, cuando se eligen autoridades ejecutivas, coexisten dos procesos electorales: el que tiene lugar en muchas provincias, previo a las elecciones presidenciales, y este último que comenzará con las PASO y culminará hacia finales del año próximo. De lo que acontezca, por ejemplo, en Catamarca, Córdoba, Salta, Santa Fe o Entre Ríos, por citar algunos distritos, dependerá quizás el curso que podrían adoptar las coaliciones nacionales. En otras palabras: las provincias son también laboratorios donde habrán de explorarse acuerdos y alianzas. No necesariamente las coaliciones que resulten tendrán que coincidir con las que se insinúan en el orden nacional.
Como se ve, el menú de ofertas es variado, mientras que el campo de la gobernabilidad se parece cada vez más a un estrecho desfiladero. En la etapa final de este gobierno, la confluencia de las crecientes dificultades económicas con el menoscabo a la moral pública y la fractura de los partidos no augura una atmósfera serena. Podría evocar, más bien, otra sucesión tormentosa para la cual habrá que pertrecharse con prudencia y visión estratégica. Dos atributos escasos en un país declinante.
Escribe: Rodolfo Terragno En 1947, el "Caudillo de España y de la Cruzada", Generalísimo Francisco Franco, dispuso que a su muerte lo sucediera un Rey. Decidió, además, que fuera un descendiente de Alfonso XIII, desplazado en 1931 por la República que el propio Franco hizo añicos a costa de una guerra civil. El afán de poder póstumo no terminó allí. El futuro Rey no sería el hijo de Alfonso -que no era beato ni tan anticomunista como Franco quería-- sino su nieto, Juan Carlos; y al declararlo príncipe heredero, hizo que le jurase lealtad a él, así como "a los principios del Movimiento Nacional" franquista. Una breve película del juramento puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=Od01GvIdS_s A la muerte de Franco, cuando el delfín del Caudillo se calzó la corona, fue ensalzado hasta por republicanos y comunistas. Ellos, y el mundo, vieron en él a un "Rey democrático", y así lo llamaron. Adolfo Suárez, Vicepresidente de aquel Movimiento Nacional franquista -a quien el Caudillo había hecho gobernador Segovia y luego amo de la omnipotente radiotelevisión oficial- se convirtió tras la muerte de Franco en "el artífice de la democracia". Esa fue la unánime condición que terminó atribuyéndole la comunidad política de España, la misma que, a su reciente muerte, se repitió en el mundo entero. Mudar de posición no es indigno. Evolucionar no es, al fin de cuentas, otra cosa que cambiar; y si alguien cambia para bien, no cabe exigirle que persevere en el error. El cambio indeseable es el que provoca involución. No fue el caso España, donde la acrobacia política del Rey y de Suárez despejó la entrada a la democracia. No obstante, hay mucho de odioso en el premio a quienes se paseaban por el Palacio de la Zarzuela mientras luchadores coherentes habitaban las cárceles de Franco, sufrían tormento o estaban obligados a vivir lejos de su terruño.
De haber triunfado la congruencia, España se habría vuelto republicana, y el primer gobernante democrático habría sido, acaso, el preclaro Luis Jiménez de Asúa, que entre 1962 y 1970 presidió, desde la Argentina, la República Española en el Exilio.
En Rusia, Vladimir Putin integró la KGB --la CIA soviética-- hasta la caída de la URSS, en 1991. Se retiró con el grado de Teniente Coronel. Su misión más importante había tenido lugar en la Alemania comunista, donde la policía secreta (Stasi) lo había condecorado con la medalla de oro. Caída la Unión Soviética, Putin fue saludado como un "gran demócrata". Su actuación posterior, a diferencia de lo que ocurrió con Juan Carlos y Suárez, menguó su prestigio. Se lo vio autoritario y, en los últimos tiempos, se supo de su vocación imperial. Ha dicho, por lo demás, que el colapso de la URSS fue "la mayor catástrofe geopolítica del siglo [XX]" y sentenció que "quien no lamente la desaparición de la Unión Soviética no tiene corazón". Con todo, este gobernante arbitrario, expansionista y nostálgico, ha guiado el paso del comunismo a un circunspecto sistema capitalista.
Sin embargo, es también odioso que un espía soviético se haya hecho del lugar que pudo ocupar, tal vez, alguno de los valerosos activistas del Comité de Derechos Humanos, fundado en Moscú por Andréi Sajarov durante el imperio de los Soviets. Símbolo de la resistencia, Alexander Solyenitzin, miembro de ese Comité, pudo haber presidido un gobierno de transición.
En la Argentina, el peronismo de los últimos años ha exhibido una sorprendente capacidad para mutar. Carlos Menem proponía, en 1986, la nacionalización del comercio exterior y de los depósitos bancarios. Para él, "achicar el Estado" era, cuanto menos, una "zoncera". En el libro Argentina hacia el año 2000 alertó sobre el peligro de una "penetración liberal en el peronismo", explicó que el subdesarrollo era culpa del "imperio" y sostuvo que la Argentina debía luchar, desde el Tercer Mundo, contra la "dependencia". Tres años más tarde, achicaría el Estado, se haría un peronista neoliberal, anunciaría nuestra entrada al "primer mundo", auspiciaría las "relaciones carnales" con los Estados Unidos y convertiría a la Argentina en "aliado extra OTAN" del "imperio".
Néstor Kirchner también hizo un giro inesperado. En 1996 se proclamó "defensor acérrimo de la contabilidad" y elogió al ministro Domingo Cavallo, "pieza vital" en la reelección de Menem, que era el conductor de un "proceso de transformación y cambio". Por otra parte impulsó con todas sus fuerzas la privatización de YPF, de la cual Oscar Parrilli, entonces diputado, dijo que era "un apoyo explícito a nuestro compañero Presidente". Años más tarde, Kirchner se convirtió en un feroz crítico de los 90, agrandó el Estado y aseguró no haber apoyado nunca a Menem. Bajo su gobierno se suspendieron las relaciones de la Argentina con el Fondo Monetario, y él se mostró tan hostil al Presidente George W. Bush como cercano al Presidente Hugo Chávez. Hay una diferencia entre esas metamorfosis vernáculas y las de España o Rusia, que abrieron un camino sin rotondas ni salidas. Los españoles entraron a la democracia y los rusos al capitalismo. En la Argentina, hubo cambios sucesivos, que un día nos hicieron marchar para el norte y otro día para el sur. Eso condena al estancamiento.
Hoy, protagonistas de la década kirchnerista -que ocuparon puestos tan altos como la Vicepresidencia de la Nación o la Jefatura de Gabinete- se preparan para protagonizar, en el supuesto de que llegaran al gobierno, un gran cambio. El riesgo es que, en caso de lograrlo, nos hagan marchar esta vez para el este o el oeste. La Argentina necesita un GPS que nos oriente hacia otros objetivos. Sería más que odioso (y dañino) que otra vez el premio se lo llevara la incongruencia; no la perseverancia de quienes se opusieron, con fundamentos, a Menem cuando gobernaba Menem y a los Kirchner cuando gobernaron los Kirchner. Los que supieron que íbamos por mal camino.
América Latina da la espalda a la violencia política, la censura y la criminalización de la protesta que se ha agudizado en el país.
La Organización de Naciones Unidas ha pedido justicia para los muertos. La Unión Europea ha abogado por el “diálogo pacífico” y por el respeto a la libertad de prensa y al derecho a la protesta. El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha llamado a evitar más confrontaciones. Pero los principales líderes de América Latina, en cambio, han guardado silencio frente a la violencia desatada en Venezuela, durantelas protestas estudiantiles de esta semana contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Más que el funcionamiento democrático del Estado venezolano –medido por la garantía de los derechos sociales y políticos de sus ciudadanos y por el respeto a las minorías--, lo que tradicionalmente ha preocupado de Venezuela al liderazgo Latinoamericano durante la última década es la estabilidad del Gobierno en funciones; concretamente, la permanencia en el poder del chavismo, aliado político y sobre todo, aliado económico. La última vez que un organismo multilateral se reunió para tratar la delicada situación política que atraviesa Venezuela, especialmente desde la muerte del presidente Hugo Chávez, ha sido aquella reunión de emergencia en la que participaron ocho de los doces presidentes de los Estados que conforman la Unión de Países Suramericanos (Unasur). Un encuentro celebrado en Lima, en abril de 2013, que resultó en el respaldo incondicional a la elección de Nicolás Maduro como nuevo presidente de Venezuela, sin reparar en las denuncias que ponían en entredicho la transparencia del proceso, ni en las circunstancias que rodearon la muerte de ocho venezolanos durante las protestas posteriores a los comicios.
En este nuevo episodio de violencia que sacude a Venezuela –a la nación, como un todo--, los Gobiernos de América Latina lucen de nuevo conformes con la información parcial e inexacta que hasta ahora ha ofrecido el Gabinete de Nicolás Maduro, que una vez más ha denunciado tramas conspirativas para justificar el uso de la fuerza y la censura. En su alocución de este jueves por la noche, 24 horas después de los episodios que resultaron en la muerte de los estudiantes Bassil Da Costa y Roberto Redman, y del dirigente chavista Juan Montoya, el presidente Maduro se equivocó una y otra vez al dar los nombres de los fallecidos, pero dijo tener certeza absoluta acerca de dónde provinieron las balas que mataron a dos de ellos. La misma noche del jueves, el canciller venezolano Elías Jaua justificó como decisión de Estado la salida del aire en Venezuela de la cadena de noticias colombiana NTN24, la única televisora que estuvo informando en directo de lo que ocurría en las calles del país, mientras las emisoras nacionales de radio y TV transmitían programas de variedades y actos oficiales.
Al mismo tiempo, una decena de organizaciones venezolanas comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión en Venezuela –Provea, Cofavic, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, entre ellas—han documentado con testimonios, videos y fotografías la violación sistemática de los Derechos Humanos en Venezuela, sin que sus denuncias hayan sido consideradas por ningún organismo multilateral. Han comprobado la negación de la defensa y en algunos casos, la tortura –con golpizas e intimidación—de los dos centenares de estudiantes detenidos durante las manifestaciones. Han protestado contra los ataques y el robo de material gráfico a los reporteros de los medios nacionales e internacionales que cubrían los sucesos de esta semana, y que prueban el suo de armas automáticas por parte de policías y militares y la intervención de grupos paramilitares afines al chavismo - denominados en Venezuela "colectivos - en la represión de las manifestaciones. Se trata de las mismas organizaciones que durante más de dos décadas han demostrado con rigurosidad ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) la responsabilidad del Estado venezolano en crímenes de lesa humanidad. ¿Acaso esta vez no merecen ser escuchadas?La reacción de los gobiernos de América Latina fue la siguiente: Ecuador y Argentina manifestaron su respaldo irrestricto al Gobierno de Maduro, y Panamá anunció que seguirá con cautela la situación venezolana. El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, informó incluso que “hasta el momento no hay prevista” una reunión de Unasur o de los socios del Mercado Común del Sur (Mercosur) para tratar el asunto.
La comunidad de países Latinoamericanos y del Caribe se presenta ante estos hechos como una alianza de gobiernos y no de Estados, que desconoce abiertamente las voces disidentes de sus ciudadanos, en función de intereses coyunturales. El grueso de los países que conforman la Organización de Estados Americanos y casi la totalidad de los que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos (Celac) y la Unasur, aún reciben apoyo de Venezuela a través de los envíos de petróleo barato o tienen a este país como un cliente seguro de sus exportaciones. Ante estas razones prácticas, no caben siquiera la preocupación y la duda. Y así, mientras más acompañado está el presidente Nicolás Maduro de sus pares regionales, más solos están los ciudadanos a los que Gobierna: el pueblo chavista y el opositor, que requieren justicia para que episodios como estos no se repitan cíclicamente y mediación para el diálogo, cada vez más necesario.
Nota publicada en El País online, 14 de febrero de 2014
No es necesario rastrear sociedades y cuentas bancarias alrededor del mundo para comprender la simbiosis entre el empresario Lázaro Báez y el matrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Basta con revisar la contabilidad de sus hoteles en Santa Cruz.
La conclusión es elocuente: siete empresas de Báez firmaron acuerdos retroactivos con Valle Mitre SA, la empresa que gerencia los hoteles de la familia Kirchner, que le garantizaron a la pareja ganancias millonarias durante más de dos años.
Para eso, el 90% de las facturas que emitió esa gerenciadora se destinaron a Austral Construcciones y otras firmas de Báez, que les aseguraron a los Kirchner la supuesta ocupación de un tercio de sus habitaciones durante años. Sin importar que fuera temporada alta o baja.
El dato cobra relevancia si se tiene en cuenta que esta semana fue suspendido el fiscal José María Campagnoli por investigar movimientos de dinero del zar de la obra pública patagónica.
A tal punto llegaron esos convenios, que las empresas de Báez se comprometieron a pagar a Valle Mitre SA una cantidad prefijada de 935 habitaciones por mes en el hotel Alto Calafate, por ejemplo, con una tarifa en dólares más baja, pero que debieron abonarse sí o sí, aunque no usaran las habitaciones, según corroboró LA NACION, al revisar la facturación durante meses junto a seis expertos antilavado y tributarios que prefirieron mantener sus nombres en reserva.
¿Resultado? Todos los meses, el Alto Calafate se garantizó un tercio mínimo de ingresos, ya fuera que esa localidad desbordara de turistas o éstos brillaran por su ausencia. Así, y siempre según esos convenios cuya copia obtuvo LA NACION, las 103 habitaciones de lujo de este hotel debieron ser ocupadas 9 noches por mes por los empleados de Báez, uno de los grandes beneficiarios de la obra pública durante la década kirchnerista. O dicho de otro modo, que a lo largo de cada mes, esos empleados debieron ocupar 1 de cada 3 habitaciones.
Ese tercio garantizado por Báez se combinó, además, con otro tercio diario que cubría Aerolíneas Argentinas, ya en pleno proceso de expropiación, y aún cuando otros hoteles de la misma categoría en El Calafate ofrecían tarifas más bajas, según reveló LA NACION en 2010. Así, de combinarse ambos ingresos, el Alto Calafate se garantizó una ocupación superior al 60 por ciento.
Sin contar los ingresos generados por Aerolíneas -además de convenios y eventos pagados por el gobierno nacional en ese mismo hotel, como el III Congreso Federal de la Industria, en noviembre de 2012-, de todos modos, el flujo que aportó Báez resultó millonario. Sólo durante 5 meses de 2010, por ejemplo, reportó $ 2,8 millones, aún cuando esos convenios comenzaron a tejerse en agosto de 2009 -según consta en la copia del Libro IVA Compras de diciembre de ese año de Austral Construcciones, y se extendieron hasta mediados de 2011.
Con esos documentos a su disposición, los seis expertos consultados por LA NACION arribaron por separado a conclusiones similares: estimaron que surgen conductas que podrían configurar los presuntos delitos de lavado de activos, evasión tributaria agravada y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otras figuras. También, forzar la reapertura por "cosa juzgada írrita" de las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner.
Las sospechas de los expertos -que incluyen referentes del sector privado, de la AFIP y dos ex altos funcionarios de la UIF, la unidad antilavado- se fundaron en un eje: la operatoria podría representar la forma en que parte de los ingresos por la obra pública que recibió Báez durante años habría vuelto al bolsillo de los Kirchner mediante la operatoria hotelera.
El umbral de sospecha se elevó por ciertas características de la operatoria. La primera, que algunos convenios se firmaron en septiembre de 2010, por ejemplo, pero de manera retroactiva al 1° de julio de ese año, según consta en las copias de esos contratos a los que accedió LA NACION.
Por otro lado, que esos convenios son habituales entre, por ejemplo, aerolíneas y cadenas hoteleras internacionales que negocian tarifas preferenciales para hospedar a sus pilotos y azafatas alrededor del mundo, lo cual podría explicar el acuerdo, sin licitación previa, con Aerolíneas. O entre una cadena hotelera y un gran operador turístico. Pero no entre un grupo empresario concentrado en la Patagonia -y con base en Río Gallegos- y un hotel de lujo ABC1 en un destino turístico como El Calafate.
En la misma línea, este tipo de convenios de alojamiento masivo suele darse como un beneficio de la empresa para sus empleados o por razones laborales, así como destinarse a regalos empresariales a clientes y proveedores. En el caso de las empresas de Báez, no surgen evidencias de estas opciones. Durante ese período, además, un contador pudo servir de enlace. Se trata de Daniel Pérez Gadín, quien en su currículum detalló que asesoraba al Alto Calafate al mismo que tiempo que trabajaba para Báez. Ambos son investigados por la justicia federal por presunto lavado y su interacción con el financista Federico Elaskar y el valijero Leonardo Fariña. Y todos ellos eran investigados por el fiscal Campagnoli, hasta que le quitaron el expediente, primero, para después suspenderlo.
La operatoria en sí, en tanto, incluyó varios eslabones, pero todos manejados por el ex empleado del Banco de Santa Cruz o por los Kirchner. Así, las firmas de Báez firmaron sus convenios con la gerenciadora Valle Mitre -también controlada por Báez-, que tenía un acuerdo con la sociedad Hotesur SA -de la pareja presidencial- que a su vez era dueña del Alto Calafate.
En la práctica, algunos de los convenios resultan cuestionables. Con sólo 20 empleados verificados, la firma La Estación SA, que controla una estación Esso en Río Gallegos, se comprometió a pagar por 90 habitaciones en el Alto Calafate, distante a 300 kilómetros. Es decir que cada uno de sus empleados debería hospedarse dos fines de semana por mes en el hotel para honrar el acuerdo preestablecido.
Similares acuerdos firmaron otra estación de servicio controlada por Báez, pero de la marca YPF (Don Francisco SA, con 23 empleados verificados y 90 habitaciones comprometidas por mes), Kank y Costilla (79 empleados y 235 habitaciones por mes), Loscalzo y Del Curto (53 empleados y 180 habitaciones por mes), Alucom Austral (13 empleados y 70 habitaciones por mes), Badial (9 empleados y 180 habitaciones por mes) y la nave insignia del grupo, Austral Construcciones (615 empleados y 90 habitaciones por mes).
A tal punto controla Báez la firma Valle Mitre SA, que el área contable del empresario ultrakirchnerista se encargó de llevar adelante la facturación y contabilidad de la firma gerenciadora de los hoteles, según corroboró LA NACION. Y de allí surge, además, que cerca del 90% de las facturas emitidas por Valle Mitre fueron emitidas, de manera correlativa, a esas mismas empresas y, en particular, a Austral Construcciones. Es decir que 9 de cada diez facturas de la firma que gerenció el Alto Calafate de los Kirchner -y les pagó un abono por ello- se emitió a favor de alguna empresa de Báez.
El control del grupo Báez sobre Valle Mitre -controlada en los papeles por el joven escribano de meteórica carrera junto a Báez, Leandro Albornoz, y su esposa- fue tal que su equipo de colaboradores llegó hasta a supervisar de manera directa los ingresos y gastos mensuales del Alto Calafate.
De allí surge que, por ejemplo, en febrero de 2010, el hotel llegó a registrar supuestos ingresos por 888.851,13 pesos, pero sólo $ 1257,87 en lavandería -es decir, huéspedes que mandan a lavar algo-, o $ 4138,98 en telefonía y otros $ 8301,63 de ingresos por su "Health Club".
CONTRATOS "CONFIDENCIALES" Y CON EL MISMO FORMATO
Todos los contratos que firmaron las empresas de Lázaro Báez con la gerenciadora Valle Mitre repitieron ciertos rasgos, según consta en las copias que obtuvo la nacion. Incluyeron el logo de "Alto Calafate - Hotel Patagónico" en el margen superior izquierdo de cada página, informaban que sus tarifas eran "en dólares americanos" y aclaraban, desde el mismo encabezado, que se trataba de "convenios confidenciales".
Los acuerdos registraban otra coincidencia. Todos se firmaron con validez retroactiva al 1° de julio de 2010, aun cuando varios de ellos se fecharon en septiembre e incluso se firmaron más adelante, según reconstruyó la nacion durante los últimos meses.
Uno de esos convenios lo firmó el propio Lázaro Báez, en nombre de Badial SA; otros, en tanto, los suscribió su hijo Martín Báez. Por ejemplo, por Alucom Austral SRL y por Loscalzo y del Curto Construcciones SRL. Otro dos convenios, en tanto, los firmó un ejecutivo de su máxima confianza, Jorge Ernesto Bringas, quien figura en tres sociedades vinculadas al empresario ultrakirchnerista.
Con fecha del 8 de julio de 2010, por ejemplo, Bringas figuró como el destinatario del convenio que la empresa gerenciadora del Alto Calafate, Valle Mitre SA, firmó con La Estación SA, que controla en Río Gallegos una estación de servicio Esso. Y el 1° de septiembre de 2010 firmó en representación de Don Francisco SA, que controla otra estación en la capital santacruceña, pero de YPF.
Desde Valle Mitre, en tanto, uno de los convenios lo suscribió como director Adrián Eduardo Bourguet, un ejecutivo de la industria hotelera vinculado a uno de los dueños originales de Hotesur SA, antes de que la comprara Néstor Kirchner.
Los convenios restantes, sin embargo, los firmó Adrián Berni, un ex ejecutivo del sector petrolero quien también figuraba como director, pero que en la práctica ya era el máximo responsable de Valle Mitre, al punto de presentarse en Internet como su "CEO".
Todos los convenios detallaban las mismas condiciones:
- fijaban el precio, sin IVA, de tarifas corporativas en dólares para reservas individuales, es decir, que excluían "congresos, convenciones y o eventos especiales" que podría organizar, con otra tarifa y mediante otro acuerdo, el grupo Báez;
- la validez del contrato se fijaba de manera retroactiva al 1° de julio de ese año y hasta el 30 de junio de 2011;
- la empresa se comprometía al "prepago mensual" de la cantidad de habitaciones fijado por mes, en dólares o al tipo de cambio vendedor del día del Banco Nación;
- en todos los convenios, lo único que se remarcó con una letra más oscura era la siguiente leyenda: "Les recordamos que Hotel Alto Calafate es una empresa del Grupo Valle Mitre". De manera oficial, sin embargo, los Kirchner dijeron que era dueña del hotel, pero no de Valle Mitre;
- los convenios consignaban como domicilio de Valle Mitre SA una oficina comercial en la calle San Martín 948 de la ciudad de Buenos Aires que se encontraba operativa en 2010, pero que meses después desalojaron.
Nota tomada de la edición del 15 de diciembre de 2013, Diario La Nación, La Nación.com
Cuando hace 40 años el sociólogo alemán Jürgen Habermas escribió el libro Problemas de legitimación en el capitalismo tardío , abordó las tensiones crecientes que provienen del doble rol del Estado democrático: por una parte, regular y promover el funcionamiento económico privado, y, por otra, garantizar la satisfacción de las necesidades sociales. Para cumplir esa función, sostenía Habermas, el sistema político necesita, como requisito básico, la lealtad difusa de las masas y, como resultado, debe asegurar un repertorio de decisiones racionales, impuestas con autoridad.
En democracia, "la lealtad difusa" la obtienen los gobiernos por medio de las elecciones. Se trata de una participación tenue, que se limita a consultar la opinión popular en una fecha determinada -eso haremos mañana- para delegar luego las decisiones en una elite política y administrativa. En esa situación, los ciudadanos votan para aprobar o rechazar, en bloque, "los hechos consumados", según la expresión de Habermas. En rigor, los electores permanecen despolitizados, circunscribiendo sus preocupaciones al ámbito privado, donde prevalecen el trabajo, el tiempo libre y el consumo.
En este contexto, la crisis de legitimación se expresa mediante dos preguntas, cuya respuesta es incierta: 1) ¿quién tomará las decisiones con suficiente autoridad?, y 2) ¿cómo se asegurará que esas decisiones sean racionales -es decir, profesionales y consistentes- para garantizar el desenvolvimiento de la economía y la satisfacción de las necesidades sociales? Crisis de legitimidad significa, efectivamente, dudas acerca de la autoridad y la aptitud de un gobierno. No se discute la legitimidad de origen, sino la de ejercicio.
En cierta forma, los problemas del kirchnerismo "tardío" son parecidos a los del capitalismo maduro que preocupaban a Habermas. Descontadas las elecciones, se impone la pregunta sobre la capacidad efectiva del Gobierno para administrar los dos años que restan para concluir su gestión. No es una preocupación capciosa, se deriva de los datos de la realidad: la Presidenta está enferma y fuera de escena; sus funcionarios sostienen enfrentamientos y toman decisiones autónomas y disímiles; la fracción política en el poder sufre un incesante desgaste y perderá su posición hegemónica; la economía no augura buenos resultados. Los observadores temen, una vez más, por la gobernabilidad.
Acaso la misma naturaleza de la legitimación kirchnerista es la que otorga dramatismo a una transición que debería considerarse normal. Desde el principio, los Kirchner apoyaron su autoridad en un trípode: desempeño económico, carisma y relato. Con una particularidad: estas realizaciones debían mantenerse en su máxima expresión, negándose cualquier disminución. Ése fue el núcleo del "nunca menos": crecimiento económico a full , carisma atravesado por la épica; relato asimilable a la verdad absoluta e irrefutable. Con este programa omnipotente, el kirchnerismo cebó a los argentinos. Es notable cómo varias acepciones del término "cebar" se compadecen con sus actitudes: alimentar o fomentar un afecto o pasión, echar leña al fuego; entregarse con mucha eficacia e intención a algo; encarnizarse, ensañarse.
A tono con esa desmesura, el contrato de legitimidad se tornó extremadamente exigente desde el principio. Las mayorías acompañaron al Gobierno en los momentos de máximo rendimiento, en términos materiales y simbólicos, y lo abandonaron cuando sobrevino la crisis. Le otorgaron el 54% de los votos en épocas en que la economía volaba, resplandecía el carisma de la viudez, se estatizaban empresas y se juzgaba a los militares, y le quitaron brutalmente el apoyo en 2008 y 2009, cuando hubo recesión y se alzaron los productores agropecuarios.
Al negar cualquier disminución, la legitimación kirchnerista se privó de una estrategia para la crisis. Prefirió la potencia perpetua y contagió a la sociedad con ese espejismo, que la soja contribuyó a sostener. Si se permite la comparación, el discurso oficial careció de un "fondo anticíclico", un cúmulo de palabras y actitudes que previera la desaceleración económica y la rutinización del carisma. Tampoco frecuentó la autocrítica. Ahora, sin esas herramientas, el camino parece empinado. La gente sigue esperando lo más, cuando el Gobierno puede ofrecerle cada vez menos.
Según las estimaciones, siete de cada diez argentinos cambiarán de identidad política mañana. Esa decisión presagia problemas de legitimación en el corto plazo. Cebados y abandonados por el kirchnerismo, votarán un proyecto alternativo, que promete restablecer la prosperidad dentro de dos años. Es como si compraran un pozo, con toda la incertidumbre que eso implica, esperando vivir con la misma comodidad que tuvieron la última década. Los nuevos arquitectos callan las dificultades con tal de obtener "la lealtad difusa" de los votantes.
Un gobierno dominante declina, el reemplazante aún no llega. Las expectativas son más altas que las posibilidades. La principal figura política está ausente. Los rumores acechan. La Argentina empieza a transitar la incertidumbre y los riesgos del kirchnerismo tardío.
En 1901, Maurice Maeterlinck fascinó a la elite europea con La vida de las abejas, un ensayo que, en la senda de Virgilio, propone un paralelismo entre la organización de esos insectos y la ciudad de los hombres. Maeterlinck describe el trance de la reina al emprender el último vuelo, mientras el enjambre se desdobla para regenerar la colmena y coronar a una nueva soberana. El poder metafórico de ese proceso, tan seductor en su aparente racionalidad, ayuda a observar la transformación en la que se está embarcando, una vez más, el peronismo.
Sergio Massa está derrotando al Gobierno en su plataforma principal: el conurbano bonaerense. Su triunfo, que promete ampliarse el 27 de octubre, introduce una incógnita inquietante sobre la perduración del oficialismo. No sólo cancela cualquier fantasía sobre una nueva reelección deCristina Kirchner. También entorpece la carrera de Daniel Scioli, que será vencido como gobernador de la provincia. En otras palabras: el éxito de Massa afecta a ambos candidatos y, de ese modo, complica las dos estrategias que venía calibrando el kirchnerismo para su supervivencia.
Para comprender el juego conviene recordar una premisa: si en las elecciones primarias Massa se impuso sobre la Presidenta, en las generales se propone doblegar a Scioli, que pasó a ser su verdadero adversario. No sería de extrañar que para ese objetivo cuente con la resignada colaboración de la señora de Kirchner.
Para ella puede ser beneficioso que se explique el resultado de las elecciones bonaerenses como un fracaso del responsable administrativo de la provincia, presentado a último momento como su líder político. No hace falta pacto alguno para que converjan los intereses de Massa y los de su antigua jefa. Bastaría con que la Casa Rosada se desentendiera un poco del destino de Martín Insaurralde.
Es lo que está sucediendo. La suerte de Insaurralde ha quedado a cargo de Scioli, que es quien más tiene que perder con su caída. Convertido en un golem del gobernador, Insaurralde denunció que hay inflación y aceptó aparecer en la pantalla "enemiga". Esas herejías cayeron pésimo en Olivos. Por ejemplo: cuando el candidato pidió autorización para concurrir a TN, Cristina Kirchner no abrió la boca. Pero tres horas antes de esa aparición, en un acto del que participaban Scioli e Insaurralde, reavivó su guerra con Clarín vociferando contra las "balas de tinta que intentan derrocar gobiernos populares".
La diferenciación de Insaurralde es el primer capítulo de la que está emprendiendo Scioli, su tutor. Después de comprobar que la migración de Massa fue exitosa, Scioli también se propone encabezar un nuevo enjambre. La defenestración de Ricardo Casal y su reemplazo por Alejandro Granados en el Ministerio de Seguridad son parte de ese ensayo.
La elección de Granados es un agravio para el kirchnerismo. Fue una forma de resistir la designación del coronel Sergio Berni, candidato de la Presidenta para sustituir a Casal. Berni se preparó para el nuevo destino aceptando, contra el credo oficial, que la inseguridad no es una psicosis inducida por los medios. Pero para Scioli entregarse a Berni era admitir una intervención federal de facto sobre la provincia.
Además, Granados es percibido por los custodios del garantismo como el agente de una involución insoportable. En Ezeiza se hizo famoso por armar patrullas de vigilancia que fueron denunciadas como "escuadrones de la muerte" por organizaciones de derechos humanos afines al Gobierno, como el CELS. Además, mientras Scioli adopta una estrategia más represiva contra el delito, su pupilo Insaurralde defiende la reducción de la edad de imputabilidad penal. Ayer volvió a hacerlo, sentado a la mesa de Mirtha Legrand.
Scioli, al borde del cinismo, aduce que lo que ha cambiado es el delito, no su política. En realidad, vuelve sobre sus pasos, acosado por la derrota frente a un candidato como Massa, que adoptó la lucha contra la inseguridad como eje de su carrera. Granados busca armar su equipo con viejos colaboradores de Carlos Stornelli, que fue el ministro al que Scioli reemplazó por Casal. Más allá de sus resultados, esta improvisación tiene una dimensión política significativa: el Frente para la Victoria concurre a las elecciones bonaerenses con una propuesta de seguridad que deja a la intemperie a sus simpatizantes de izquierda.
EL ENJAMBRE
Maeterlinck observa que, cuando se insinúa la formación del nuevo enjambre, la abeja reina comienza a estar inquieta: "No se sabe si ordena o si implora", dice. Scioli trata de construir otra colmena sin detenerse demasiado en la opinión de Cristina Kirchner, quien, según él comenta frente a íntimos, "todavía no advirtió que ha comenzado su partida". Ese empeño de Scioli excede la campaña de Insaurralde y se dirige a la escena nacional. Como titular del PJ, inició una ronda de consultas con los principales dirigentes de la fuerza. Se propone reunir al Consejo Nacional y comunicar una iniciativa que aún está evaluando: declarar una indulgencia plenaria para que vuelvan al redil quienes se enemistaron con la Presidenta. Scioli ya conversó sobre esta propuesta con Mario Das Neves, Jorge Yoma y Juan Carlos Romero. Espera hacerlo esta semana con José Manuel de la Sota. Con Hugo Moyano está en contacto permanente, lo que permite entender por qué el camionero no rompió con Francisco de Narváez. Antes de convocar a los apóstatas, Scioli indagó a gobernadores alineados con la Casa Rosada, como José Luis Gioja.
La propuesta de Scioli tiene un límite muy obvio: el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires. Sus interlocutores le han pedido que cualquier convocatoria sea posterior a los comicios. No quieren contaminarse con la derrota de Insaurralde.
Scioli entiende ese problema. Él mismo huye hacia arriba porque su base se ha resquebrajado. No sólo Massa le asignará la paternidad de la derrota. En los próximos dos años no controlará la Legislatura. Para advertirlo no hay que esperar las elecciones. El viernes pasado los diputados que responden al intendente de Tigre se unieron al resto de la oposición para exigir que comparezcan en la Cámara provincial los directivos de IOMA, acusados de una defraudación con medicamentos oncológicos. Scioli carece de legisladores propios. Para defenderse de Massa depende de Cristina Kirchner. ¿Cómo dormir tranquilo?
Si se pretende vislumbrar el futuro de Scioli, se deben despejar dos incógnitas. La primera es si la Presidenta lo aceptará como heredero. Es difícil que lo haga. Las disidencias de Insaurralde anticipan las de Scioli. Y entrañan la peor de las derrotas: la derrota conceptual, que se produce cuando los propios seguidores adoptan la imagen de las cosas que propone el adversario. Si la escena santacruceña cobijara alguna lección sobre lo que está por venir, habría que sospechar que Cristina Kirchner sueña, llegado 2015, que el Frente para la Victoria renuncie al poder, pero no a la identidad. ¿Alentará la dispersión postulando un candidato testimonial? Es lo que desea Mauricio Macri, para que la ruleta rusa de un ballottage lo deposite en la Presidencia.
El problema es que, según Maeterlinck, "cuando la reina entra en decadencia, las abejas recuerdan que tienen alas". Scioli e Insaurralde demuestran que ella está perdiendo autoridad. Los dirigentes que han acompañado a la Presidenta emprenden una mudanza que, desde el kirchnerismo, los devolverá al peronismo.
La segunda pregunta es si en esa marcha se encolumnarán detrás de Scioli. Es decir, detrás de un perdedor. La tradición indicaría que no. Pero Scioli podría sacar ventaja de una paradoja. Quizá los peronistas, sobre todo los del interior, acepten otro gobierno con base en Buenos Aires sólo si su titular aparece disminuido. Dicho de otro modo: es posible que, al cabo de una década de despotismo centralista, el peronismo no tolere a un bonaerense, salvo que se parezca a Eduardo Duhalde, que llegó a la Casa Rosada después de haber perdido.
La precocidad de Massa acaso refuerce esa preferencia. ¿El PJ entregará el poder a un candidato de 41 años que viene de vencer a la Presidenta y al gobernador de Buenos Aires? ¿Aceptarán sus viejos leones un salto generacional que podría ser mucho más predatorio que el que temieron con La Cámpora? ¿Tolerará esa nueva jefatura la generación de Capitanich o de Urtubey?
Maeterlinck sostiene que en las transiciones aparece al desnudo la verdadera ley de la colmena. Es decir: se advierte que la que manda no es la reina, sino la pasión del enjambre por sobrevivir.
