La década no está ganada, sino desperdiciada

El Gobierno dilapidó el viento de cola y, con una mala asignación de recursos, dejó caer la infraestructura del país

Por Alieto Guadagni  | Para LA NACION 

La década del 80 fue la "década perdida" , en la Argentina y en América latina. Nuestra Presidenta ahora considera queesta es la "década ganada" . Estos calificativos exigen prestar atención a tres hechos nuevos en el escenario mundial de los últimos años. Primero, la tasa de interés internacional es hoy la más baja de los últimos 50 años y ni llega a la mitad del nivel de 2002. Segundo, gracias a estas tasas mínimas la inversión externa se derramó sobre toda América latina; comparando con el año 2000, hoy es 15 veces mayor en Perú y Ecuador; 10 veces, en Uruguay; seis veces mayor en Chile y Colombia, y dos en Uruguay. La Argentina no sólo permaneció al margen de esta tendencia, sino que desde 2005 se fugaron 84.000 millones de dólares. Tercero, los precios internacionales para nuestras exportaciones son los más altos de los últimos 40 años. Según el Indec, los términos de intercambio se duplicaron respecto de 1986; en mayo de 2003 la soja se cotizaba a 232 dólares y ahora vale 550. Gracias a estos excepcionales términos de intercambio nos hemos beneficiado con recursos adicionales que superan los 150.000 millones de dólares.

Es así como, financiado por estas rentas extraordinarias, el gasto público en la última década se multiplico más de tres veces, pero la infraestructura no se benefició de esta multiplicación. Por ejemplo, hay un gran déficit de agua potable y cloacas, elementos esenciales para reducir la mortalidad infantil y las enfermedades de transmisión hídrica. Unos 8,2 millones de habitantes carecen de agua por red y 21 millones no tienen cloacas.

En el conurbano, el 30% de la gente no tiene agua por red, el 63% carece de cloacas y el 39% no tiene gas por red. Las inversiones fueron insuficientes. La creciente urbanización también agudizó los daños por inundaciones, como en La Plata, pero la inversión en esta protección hídrica ha sido mínima: se gasta 10 veces más en subsidiar a Aerolíneas Argentinas. 

La infraestructura vial está atrasada frente a un parque automotor que creció un 90% en la última década, con un creciente "pasivo vial" por falta de inversiones. José Barbero señala que tenemos apenas 2500 kilómetros de carreteras de calzada doble, pero necesitamos más del doble. La red nacional y las rutas provinciales se degradan por falta de inversiones y sobrecostos notorios. Un kilómetro de carreteras de cuatro carriles le cuesta ahora al Estado casi el doble que en la década anterior.

Las cosechas crecen pero el ferrocarril de cargas retrocede por carencia de inversiones, incrementando así los costos logísticos. El ferrocarril transporta menos del 10% de la carga, mientras que en Canadá lleva el 55%; en Alemania, el 54%, y en Estados Unidos, el 47%.

En el área metropolitana el servicio ferroviario ha retrocedido y origina un alto costo de vidas humanas. Este retroceso es fruto de grandes subsidios mal direccionados, que no estimulan ni la inversión ni el buen mantenimiento de vías y trenes. Entre 2003 y 2011 se invirtió anualmente menos de la mitad de lo invertido entre 1995 y 2001. Las recientes inversiones apenas cubrieron la séptima parte de las necesidades de mantenimiento y reposición del material. Existen también notorios atrasos en áreas clave como puertos, dragados, aeronavegación, ferrocarriles interurbanos, radarización y control del espacio aéreo, esencial para combatir el narcotráfico.

En energía, la carencia de inversiones originó una gran caída en las reservas de gas (60%) y petróleo (20%). Por eso, desde 2003 la producción de petróleo cae un 30%, mientras que la de gas cae, desde 2004, un 20%. La caída en inversiones impacta sobre nuestras cuentas externas, por el fuerte ascenso en las importaciones de combustibles, que este año llegarán a 13.000 millones de dólares, cuando en 2006 el sector energético aportaba más de 6000 millones a la balanza comercial. La carencia de inversiones en hidroelectricidad ha impulsado el consumo de combustibles caros e importados. En 2003, más de la mitad de la generación eléctrica era aportada por la hidroelectricidad; ahora, aporta menos del 30%.

Todas estas carencias de inversión en sectores estratégicos no se explican, como hemos visto, por falta de recursos, sino por mala asignación del gasto público, que está hoy a un nivel récord histórico. Se aumentaron aceleradamente los subsidios fiscales, que ya superan los 20.000 millones de dólares anuales. Estos subsidios son apropiados por los segmentos socio-económicos más favorecidos, porque no existe una verdadera tarifa "social". Cuando comenzaron los subsidios, hacia mediados de la década, eran cifras razonables, pero hoy son tan gravosos que el Gobierno viene postergando desde hace ya varios años las necesarias inversiones en infraestructura, muchas de ellas de carácter urgente y prioritario porque hacen a la seguridad de las personas, como ocurre con el transporte ferroviario. Esta decisión estratégica del Gobierno de priorizar los subsidios a favor de los segmentos de arriba de la sociedad, y al mismo tiempo postergar las inversiones necesarias en los servicios de amplia demanda popular como el transporte público, configura un cuadro de alto riesgo. 

Los cuantiosos subsidios que distribuye el gobierno nacional responden a un criterio altamente regresivo, ya que el 20% más pobre de la población se beneficia apenas del 6,3% del subsidio total, mientras que el 20% más rico se apropia nada menos que del 42,7% del total de los subsidios. Es decir, los ricos reciben subsidios 6,8 veces mayores a los subsidios que benefician a los pobres. Por su parte, tenemos la Asignación Universal por Hijo, eficaz política de transferencias monetarias que mejora la distribución del ingreso, ya que concentra estos subsidios en los segmentos más pobres. Pero la magnitud del gasto fiscal en la AUH ni por lejos alcanza a compensar el carácter regresivo de los subsidios económicos, por la sencilla razón de que el fisco gasta en estos subsidios regresivos ocho veces más que en la AUH. En 2005, la inversión pública era el triple de los subsidios; ahora los subsidios son un 50% mayores que la inversión. Un ejemplo de subsidios regresivos es Aerolíneas, ya que el 85% de su déficit proviene de los vuelos internacionales, como Miami, Roma y Madrid. Hay que recordar que quienes administran esta empresa pública que tanto incide en mermar recursos para otras inversiones prioritarias no publican sus balances desde 2008.

Cuando un gobierno pierde la visión del porvenir y no presta atención a la infraestructura del país, compromete su futuro. Pero el futuro siempre llega, a veces más temprano que tarde. Son ya varios años de prioridades equivocadas en el área de infraestructura, muchas de ellas salpicadas por sobrecostos propios del capitalismo de "amigos", que significan achicar los fondos que se dedican a las obras prioritarias. El mayor símbolo de prioridades ya no equivocadas sino absurdas fue el disparate del "tren bala", que entretuvo por varios años al Gobierno, que no prestó atención a las redes ferroviarias urbanas. No invertir en infraestructura es muy costoso, pero el costo para toda la sociedad es mucho mayor cuando la inversión no sólo no es suficiente sino que además está demasiado afectada por la corrupción. Considerando la decadencia y atraso de nuestra infraestructura se puede sostener que la última década no fue ni ganada ni perdida. Fue, simplemente, desperdiciada.

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La extraña historia del juez Zaffaroni

POR RODOLFO TERRAGNO 

ESCRITOR Y POLITICO 

Días después de arrebatar el poder, Jorge Rafael Videla designó a Eugenio Raúl Zaffaroni al frente del Juzgado Nacional en lo Criminal de Sentencia de la Capital Federal. Al asumir el juzgado, Zaffaroni juró “observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados [por la Junta Militar] y el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional”.

En 2003, cuando Néstor Kirchner lo propuso conjuez de la Corte Suprema, me opuse en el Senado a que se prestara acuerdo a su designación. Quien había convalidado el secuestro y desaparición de la Constitución Nacional no podía ser nombrado su custodio.

En efecto, al jurar fidelidad al estatuto de la Junta, Zaffaroni había aprobado de hecho:

• Que fueran declarados “caducos” los mandatos de la Presidenta, los gobernadores y los vicegobernadores.

• Que se disolvieran el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, la Sala de Representantes de la Ciudad de Buenos Aires y todos los consejos municipales del país.

• Que fueran removidos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

• Que también fueran removidos el Procurador General de la Nación y el Procurador del Tesoro.

• Que fueran desplazados los integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia de todas las provincias.

• Que Videla asumiera las facultades legislativas.

• Que se prohibiera la actividad política.

• Que se prohibieran, asimismo, todas las actividades gremiales.

No era la primera vez que Zaffaroni incurría en perjurio constitucional. En 1969, al ser designado camarista en San Luis, había jurado lealtad al Estatuto de la “Revolución Argentina”, por el cual Juan Carlos Onganía eliminó la Constitución de un plumazo y asumió la suma del poder público.

Él no lo desmiente. Durante el examen público de sus antecedentes, previo al acuerdo del Senado para su incorporación a la Corte, Zaffaroni respondió así a una pregunta mía: “Juré por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, juré por el Estatuto de Onganía, juré por la Constitución reformada por Lanusse en 1973, juré por la Constitución Nacional de 1853 y juré por la Constitución reformada en 1994”.

En el sitio web de la Asociación Madres de Plaza de Mayo aún estaba, en 2003, un “Proyecto contra la Impunidad y, como parte de éste, una denuncia de las Madres a los jueces que juraron por los Objetivos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional entre 1976 y 1980.

Se trataba de una “denuncia criminal” contra 437 jueces a quienes se identifica como “represores del Poder Judicial”.

En esa lista, ordenada alfabéticamente, figura en el puesto 435: Zaffaroni, Eugenio Raúl.

Como a los otros miembros de esa lista, se lo acusaba de haber sido “partícipe necesario”, en los términos del articulo 45 del Código Penal, de los delitos de privación ilegítima de la libertad; apremios ilegales; sustracción, retención y ocultamiento de personas, entre otros.

Sobre la desaparición forzada de personas, Zaffaroni dijo algo insostenible: “Obviamente, sabíamos que se estaba secuestrando gente. Ahora, cuál era su destino o qué pasaba con la gente, fue lo que, en líneas generales, me enteré en el extranjero [en 1978]”.

Y admitió que, después de haberse enterado en el extranjero de lo que sucedía en la Argentina, volvió y siguió siendo juez.

El conocimiento de lo que pasaba en el país tampoco le impidió escribir, en 1980, el sorprendente libro Derecho Penal Militar. La obra fue publicada durante la vigencia de un gobierno militar que proclamaba estar en guerra y que procuraba justificar sus actos en un “estado de necesidad”. Zaffaroni, refiriéndose a “una circunstancia hipotética”, afirmaba en 1980 que, “habiendo desaparecido cualquier autoridad, o siendo incapaz la que resta”, un grupo militar puede “usurpar justificadamente la función pública”.

Esta afirmación coincidía con la retórica empleada por la dictadura para legitimar la toma del poder por la fuerza en 1976.

Hay también coincidencia entre los argumentos que esgrimía la dictadura para cohonestar la represión y los que, con aire académico, Zaffaroni desarrolló en su libro: “derecho penal militar de excepción”, “circunstancias especiales”, “necesidad terrible”, “necesidad terribilísima”, “bando militar como ley material”, “bando militar como tipificador de delitos”, “excepcional necesidad de dar muerte al delincuente”, o “muerte por legítima defensa cuando el delincuente haga armas contra la autoridad”.

Antes de enviarlos a imprenta, Zaffaroni entregó los originales del libro a los auditores de la Aeronáutica y la Marina.

En la introducción, el doctor Zaffaroni y su colaborador, Ricardo Juan Caballero, dicen: “Queremos hacer público nuestro agradecimiento al brigadier auditor doctor Laureano Álvarez Estrada, quien tuvo la gentileza de leer los originales, por las importantísimas observaciones que nos efectuara, y al contraalmirante auditor doctor Ramón León Francisco Morel”.

El 23 de julio de 2003, me dirigí a Zaffaroni, pidiéndole que me diera su interpretación de este hecho. En su respuesta, el actual juez de la Corte sostuvo: “En la citada obra no se agradece a nadie por funcionario de la dictadura, sino por auditor militar”.

Nadie puede sostener que los auditores de las Fuerzas Armadas fueran ajenos a la dictadura militar. Laureano Álvarez Estrada había sido designado, por decreto 105, del 14 de abril de 1976, subsecretario de Justicia de la dictadura.

El peronismo, la organización que vence al tiempo

Por Eduardo Fidanza  | Para LA NACION

El irresistible ascenso de Sergio Massa conmueve a la política. Su decisión de participar en las elecciones obliga a replantear estrategias, a revisar alianzas y a entender el nuevo mapa del poder. Todo se ha dicho sobre él y los diversos análisis convergen en una certeza, sólo desmentida por los funcionarios del Gobierno: la irrupción de Massa anuncia el fin del ciclo de Cristina Kirchner. Acaso haya que destacar tres datos básicos de este episodio. En primer lugar, comienza una vez más un proceso sucesorio en el peronismo; en segundo lugar, esa transición acontecerá en el seno del poder gubernamental, sin intervención relevante de otros actores externos; en tercer lugar, no parece que fuera a ocurrir en el contexto de una severa crisis económica y social.

En principio, la sucesión abierta en el peronismo y las consecuencias que pueda tener no constituyen ninguna novedad, más bien son una regla de la Argentina contemporánea. En cambio, el hecho de que la descendencia no ocurra después de un gobierno de otro signo, como en 1989 y 2001, asimila el escenario actual al de 2003, cuando el peronismo se sucedió a sí mismo, sepultando a Menem y entronizando a Kirchner de la mano de Duhalde. La autosucesión de hace una década fue consecuencia del afianzamiento de la hegemonía justicialista, bajo distintas variantes, después de la tragedia de la Alianza. Ahora volvería a repetirse el fenómeno, pero acentuado. En la singular elección presidencial de 2003, las tres listas del justicialismo se llevaron más del 60% de los votos. Hoy, las tres listas peronistas (Massa, Insaurralde y De Narváez) podrían alcanzar más del 70% en la provincia de Buenos Aires.

En este contexto, tal vez lo más novedoso es que la sucesión ocurriría sin una crisis terminal. Aun mal conducida, la Argentina de la soja y la deuda pública refinanciada tiene otras posibilidades, que la apartan del horror económico y social. No es un dato menor. A diferencia de Menem y la dupla Duhalde-Kirchner, Massa no deberá recurrir a un discurso refundacional. Nadie espera ahora "cirugía mayor sin anestesia", aunque haya que hacer ajustes, y mucho menos un lento éxodo del Infierno al Purgatorio como propuso Néstor Kirchner hace 10 años para alejarse del abismo.

En cierto sentido, la política argentina se ha simplificado y banalizado, dejando en pie una organización dominante y una demanda popular extendida. La organización es el peronismo, la demanda consiste en introducir cambios cosméticos, que mantengan el crecimiento económico y disminuyan la inflación y la inseguridad. Las instituciones, desgraciadamente, ocupan un plano secundario en relación con estas prioridades. Massa conoce la herramienta y la solicitud, y buscará su oportunidad. No habrá épica, sino pragmatismo, y los de afuera serán de palo.

De todos estos fenómenos, la perennidad del peronismo es quizá lo más relevante, constituyéndose, una vez más, en el enigma intelectual a descifrar. En esta búsqueda, el desafío de Massa al poder presidencial arrastrando intendentes, sindicalistas y otros líderes de base actualiza la brillante tesis de Steven Levitsky: la lozanía peronista se cifra en un juego dinámico entre una base preexistente, territorial y conservadora, y una cima presidencial fluida y cambiante, todo aceitado por el poder estatal a distintos niveles. Según este politólogo, el peronismo es antes un fenómeno organizacional que ideológico. Una "desorganización organizada", como lo llamó con sorna. Eso explicaría el giro de 180 grados entre el nacionalismo económico y el neoliberalismo, sin afectar la estructura del movimiento ni sacrificar franjas decisivas de su electorado. Juan Perón lo intuyó en la mejor tradición weberiana, aunque no consta que leyera al alemán: la organización es la heredera del carisma.

En otra perspectiva, Eliseo Verón y Silvia Sigal también eludieron la ideología para explicar el peronismo. Afirmaron que éste no reposa en los contenidos programáticos, sino en el modo de enunciarlos. Esa enunciación consiste en un "modelo de llegada" al poder, posibilitado por crisis profundas. Perón adviene, en el 45 y el 73, para redimir a la patria de su desgracia. Menem y Kirchner, sus sucesores en el 89 y 2003, reiteran el mandato salvador. La receta fue, a grandes rasgos, siempre la misma: un relato refundacional, un compromiso entre el pueblo y el líder y una feroz crítica a los antecesores políticos.

Como quería su fundador, el justicialismo vence al tiempo, aunque las condiciones ahora son distintas. No es necesario una actitud salvadora, ni refundacional. Al cabo de una década de relativa recuperación, la Argentina mayoritaria oscila entre el consumo y la indignación, y aguarda la vuelta del esplendor para despolitizarse.

Acaso Massa le venga como anillo al dedo. Pero aún es temprano, no probó su liderazgo y hay otros postulantes. En cualquier caso, el eterno peronismo garantizará el desenlace.

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Malas noticias para Cristina y para Scioli

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION

Tal vez Cristina Kirchner y Daniel Scioli hayan vivido ayer esos días en los que la historia se fuga hacia otro lado. La Presidenta tropezó con una pésima novedad en la provincia de Buenos Aires, su distrito natal, político y electoral. Scioli podría haber hecho la peor opción cuando su destino vacilaba entre el futuro o la nada.

Sergio Massa, el político más popular de la provincia, encabezará una lista que enfrentará a los candidatos de la Presidenta. No es una noticia imprevista, pero el cristinismo esperó, como siempre, un milagro de última hora. Cristina no tenía un candidato bueno en el más grande territorio electoral del país. Prefirió, a pesar de esos malos augurios, encumbrar al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, un político del que sólo se conoce que pocos lo conocen. La tenacidad presidencial es siempre más grande que su necesidad política. Evitó, sí, la derrota de una Kirchner, Alicia.

Todo indica que Daniel Scioli entró ayer, sin darse cuenta quizás, en el período de su definitivo eclipse.

Quemó los papeles de un acuerdo con Massa cuando ya todo estaba resuelto. El gobernador argumentó su paso atrás con dramáticas razones institucionales. Nunca sería él, deslizó a varios amigos, el culpable de una situación de debilidad terminal de la Presidenta. Cree que ésa hubiera sido la segura consecuencia política de su unión con Massa. Cuesta imaginar que esa deducción de Scioli sea la correcta, pero, de todos modos, esas razones estaban intactas hace 15 días cuando él autorizó las negociaciones con Massa.

Todos los caminos conducen a la misma conclusión: el miedo lo paralizó cuando ya estaba preparado el escenario que compartirían él y Massa para anunciar una alianza. Un caso típico de pánico escénico. Pero, ¿miedo a qué? Me van a destruir, le dijo a uno de los negociadores. La repentina decisión del gobernador, que ni los suyos ni Massa esperaban, dio lugar ayer a muchas versiones. Aprietes. Extorsiones. Amenazas. Quizá ni siquiera hayan existido, pero el estilo del gobernador, que cambió su resolución en el momento agónico, convierte posible cualquier versión.

El acuerdo incluía el anuncio compartido de la alianza y también el ascenso de la esposa del gobernador, Karina Rabolini, al segundo lugar como candidata a diputada, inmediatamente después de Massa. Debe reconocérsele a éste una generosidad política inusual. También habían convenido que Scioli podría seguir hablando de su candidatura presidencial en 2015, aunque eso se resolvería más adelante, en encuestas o en elecciones internas.

Es cierto que Massa le dio a Scioli todas las condiciones porque necesitaba dividir los blancos de la segura furia de la Presidenta. Hubiera preferido que fueran dos, y no uno, los destinatarios de ese odio. La presencia en las listas de Karina Rabolini fue una imposición de Massa. Quería un protagonismo explícito, no soterrado, de Scioli en la campaña electoral. El acuerdo habría descabalgado a Francisco de Narváez de su candidatura, aunque Massa incorporaría en sus listas a algunos de los dirigentes de De Narváez. Massa consideraba que De Narváez expresa una política mucho más opositora que la que él está dispuesto a pregonar.

De Narváez aceptó ese pedido de Scioli porque sabe leer las encuestas: su candidatura pierde casi la mitad de la intención de votos cuando compite Massa. Aunque el denarvaismo desmintió esa propuesta, ya está fuera de cualquier duda la influencia que Scioli tuvo sobre De Narváez. Es extraño, pero el gobernador no quiso convertirse en una manifiesta alternativa a la Presidenta, mientras los únicos candidatos suyos que iban a competir estaban en las listas de De Narváez, el candidato peronista bonaerense que enfrentó más abiertamente a Cristina. Anoche, se deslizó incluso que Scioli hubiera querido una lista de Massa más abarcativa, con él incluido. ¿En qué covacha hubieran quedado arrumbados entonces los argumentos institucionales exhibidos por Scioli? Al final del día, Scioli terminó rompiendo también con De Narváez y abrazándose definitiva y vanamente a Cristina

La negociación entre Massa y Scioli fue larga. Empezó el lunes 3 de junio con una reunión entre el intendente de Tigre y Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete de los Kirchner y amigo político de Scioli. Fernández salió convencido de que las dudas sobre el futuro de Massa eran de todos, menos de Massa. Massa se presentará como candidato, dedujo. Pero, ¿y Scioli? ¿Permitiría que su carrera política se terminara abruptamente con la segura victoria de Massa? Le llevó su certeza a Scioli y le pidió autorización para abrir una negociación formal. ¿Quería Massa una alianza? La quería.

Scioli y Massa se reunieron a solas por primera vez el 10 de junio. El 11, Massa inscribió su Frente Renovador en alianza con varios partidos. Entre ellos, el de Alberto Fernández. Sería el canal por el cual arribarían al massismo los candidatos de Scioli. Hubo, al menos, tres reuniones más entre Massa y Scioli. Pero el viernes a las 3 de la tarde se apagaron los teléfonos de Scioli. No hablaba, no contestaba. En la noche del viernes, el sciolismo propuso a Massa que era mejor que no se presentara ninguno de los dos. Massa contestó que su decisión era definitiva.

En la mañana de ayer, Scioli comenzó a explicar las razones institucionales para romper el acuerdo. ¿Qué hubiera ganado Scioli acordando con Massa? Hubiera tenido, al fin y al cabo, la posibilidad de discutir su destino. Ésa era una alternativa que le había negado el cristinismo y que ahora se la negará el propio Massa. El discurso de Massa podría ser también más tolerable para Cristina, por lo menos a los ojos de Scioli. El intendente de Tigre sostiene que la sociedad no quiere más peleas y que promueve un cambio de políticas y de personas, pero no un vuelco dramático en la administración de los asuntos públicos. Es la vieja posición gestual de Scioli, a la que Scioli no quiere ponerle palabras. En cambio, el gobernador no ganará nada con su defección de ayer. Es probable que ni siquiera espere ganar algo. Su miedo es la expresión de una personalidad que no ha nacido para pelear. No sabe hacerlo. ¿Alguien podría imaginar a Alfonsín, a Menem o a Kirchner preguntando qué debían hacer en un momento como éste? Nadie. El kirchnerismo, por el contrario, le enrostrará sus negociaciones hasta último momento con un adversario y la decisión de incorporar sus candidatos en las listas de De Narváez. La estrategia de jugar sin jugar.

¿Por qué Scioli se encontró con su deber institucional después de sabotear todas las alianzas probables de Mauricio Macri? Massa le preguntó sobre su vocación de acordar con el líder capitalino. Scioli vetó esa posibilidad. Massa terminó dándole lugar al macrismo, pero no oficializó un acuerdo con Macri por pedido de Scioli. De alguna manera, el gobernador bonaerense también boicoteó el incipiente acuerdo de Macri con Roberto Lavagna en la Capital. En el fondo, Scioli aspiraba a que Massa y Macri se apartaran como él. Un mundo ideal, sin competencias políticas.

El peor papel le toca ahora a De Narváez, bajado y subido al podio de candidato en pocas horas. Massa le quita, en las actuales encuestas, muchos votantes. Es probable, además, que Cristina Kirchner se coloque al hombro la campaña bonaerense por Insaurralde. Ella tiene más del 30 por ciento de los votos de Buenos Aires, aunque el massismo sostiene que sólo la mitad está dispuesta a seguirla a cualquier lado. Sea como sea, no puede descartarse que De Narváez termine asfixiado por la tenaza que armarán Massa y Cristina.

Scioli se enfrentará a momentos de enorme debilidad. Desde ayer ya no es un peligro electoral para el cristinismo. No había conseguido tampoco que la Presidenta incorporase en sus listas del Frente para la Victoria a ningún candidato de Scioli, sobre todo a los cruciales legisladores provinciales. La posibilidad de un juicio político pende siempre sobre la cabeza del gobernador, que se resguarda en la Legislatura de La Plata detrás de los hombres de De Narváez y del radicalismo para huir de la destitución. La mezquindad cristinista de anoche podía anticiparle al gobernador su futuro.

El problema institucional en la Argentina no es un concepto teórico o eventual, como lo plantea Scioli. Ya existe, y es un fuego atizado por el gobierno de Cristina Kirchner. Basta leer la reciente acordada de la Corte sobre la reforma judicial para establecer hasta qué punto el cristinismo está dispuesto a desconocer la Constitución. Resulta suficiente haberla escuchado en el acto del Día de la Bandera, cuando transformó una ceremonia patria en una trifulca de vecinas, para entrever su proyecto de propinarle un golpe de Estado a la Corte. El deber de la política es buscar un nuevo equilibrio político e institucional entre tantas desmesuras. Los dirigentes se repartían ayer entre el compromiso y la deserción. 

Una década de batalla kirchnerista por la historia

Por Eduardo Fidanza  | Para LA NACION 

El sentido de una década, como medida temporal, adquiere los más diversos significados y resonancias, en el plano público y privado. Se sabe que el paso del tiempo es un registro subjetivo, ligado a las experiencias vitales y los acontecimientos sociales. Para unos es posible rememorar la infancia entre dos estaciones de subte, como le ocurría al Charlie Parker de "El Perseguidor", de Cortázar. Para otros, según nos recuerda el tango "Volver", dos décadas no son nada. Las variaciones pueden resultar infinitas, desconcertantes, porque el tiempo vivido es una longitud indescifrable y polémica.

En ciertas épocas, a las sociedades les ocurre lo mismo: el tiempo queda sujeto a discusión, su relevancia o intrascendencia, su carácter emancipatorio o tiránico, es objeto de debate e interpretaciones divergentes. Así, la historia de un país se convierte en un campo de batalla. Sin duda, uno de los legados del kirchnerismo, por ahora con final abierto e imprevisible, será haber desatado esta controversia cuando la Argentina ingresaba en el siglo XXI.

Hace hoy exactamente diez años, Néstor Kirchner se calzó la banda presidencial e inició una de las etapas políticas más polémicas y dramáticas de la historia contemporánea argentina. Ese ciclo, aún no concluido, es en muchos sentidos excepcional: incluyó su propia pasión y muerte, la construcción de una democracia plebiscitaria sin antecedentes, un período de recuperación económica después de una crisis terminal, la revisión de la política de derechos humanos, el descrédito de la Argentina en Occidente, la mala praxis administrativa y resonantes casos de corrupción. Más allá de las vicisitudes y polémicas, la muerte de Kirchner, un hombre joven y entregado a la política, les otorgó a estos años una peculiaridad trágica y épica, que no habían tenido los anteriores gobiernos desde la recuperación de la democracia.

Para consolidarse, después de un inicio débil, Néstor Kirchner optó por gestos inequívocos, cuyo sentido fue dejar en claro su intención de cambiar el curso de la historia. Las circunstancias eran propicias: el país salía con dificultades de una devastación, cargado de horror económico y careciente de autoestima y liderazgo político. El espacio para una amplia restitución material y simbólica estaba abierto. Lo posibilitarían tres factores: la nueva riqueza proveniente de la soja, la ausencia de oposición y la propia audacia política.

Tal vez sin saberlo, Kirchner se aventuró a contar la historia argentina al modo de Walter Benjamin, convirtiéndola en la aventura de los oprimidos. Abrazó a los humillados del presente económico y a los ofendidos del pasado político. Y señaló a los responsables de su sufrimiento: la represión militar de los 70 y el neoliberalismo de los 90. Con esta operación quebró el vínculo entre pasado y presente que había establecido la democracia a partir de 1983: el pasado era la dictadura, el presente eran las instituciones. Con Kirchner, el pasado regresó en bloque como experiencia trágica, sin distinción de régimen político. Así, los militares de la dictadura y los neoliberales de la democracia resultaron (y resultan) homologados. Según la interpretación del régimen, fueron equivalentes y produjeron lo mismo: desaparecidos, desempleados, explotados. Por eso, el 24 de marzo de 2004, a poco menos de un año de asumir la presidencia, Kirchner desconoció los juicios a los militares en los 80 como un logro de la democracia incipiente. Para el kirchnerismo no hubo gesta democrática hasta un día como hoy, hace diez años.

El recurso a la memoria es un requisito indispensable para que "el Otrora encuentre el Ahora" como quería Benjamin. A poco de andar, el kirchnerismo blandió la memoria como una herramienta clave. Y la utilizó al servicio de su particular interpretación de la historia argentina. Se arrogó nada menos que la administración de la memoria de un país. Esta audacia produjo un efecto hemipléjico, previsible, que el filósofo Paul Ricoeur describe como "el exceso de memoria aquí, el exceso de olvido allí?". Aunque deben reconocerse los logros en materia de derechos humanos y el rol del Estado en la economía, los estragos del reparto injusto de la memoria son perversos, nocivos para la sociedad.

Una década después la realidad se trastocó dramáticamente: al agonismo redentor del primer Kirchner, le siguieron la consagración autorreferencial de Cristina y la decadencia del modelo. El tiempo ya no es propicio, es adverso, aunque el Gobierno lo niegue. En esas condiciones, insistir en las batallas por la historia puede ser un error. Y asumir la defensa sesgada de los humillados puede tener consecuencias paradójicas. Hoy el pasado sigue incrustado en el presente, obturando el futuro. Y los que apostaron por los oprimidos no logran explicar por qué algunos compañeros de ruta amasaron fortunas incalculables y corruptas, propias de los opresores.

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Con el blanqueo, el Gobierno cierra un circuito de impunidad

POR SILVIA NAISHTAT

Entrevista a Javier González Fraga

Sobre su escritorio, un montón de papeles. Y en la biblioteca, distintas obras sobre Keynes. Por cierto, desde que acompañó en la fórmula a Ricardo Alfonsín en 2011, a Javier González Fraga no le queda una pizca de solemnidad. Y ha ganado en intensidad. Esta vez no será candidato. Pero advierte que la oposición debe tener como objetivo quitarle al oficialismo el control del Senado. “Hay que frenar los atropellos y defender las instituciones”, dice.

-¿Cómo califica el blanqueo?

-Lanzaron varias medidas desesperadas. Hay una huida hacia adelante. No terminan de cerrar el cerco a la Justicia y lanzan el blanqueo y antes de cerrarlo, lanzan lo de Papel Prensa. La intención es no permitirle a la sociedad tomar conciencia de lo que está pasando.

-¿Qué buscan con el blanqueo?

-Cierra el circuito de impunidad que abrió el blanqueo de 2009, que eliminó 4.000 denuncias penales sobre facturas truchas. Esa plata, que fue perdonada, no apareció en aquel momento y es la que viene ahora. Hay una evaluación pobre por parte del Gobierno, porque en un contexto donde la presión tributaria está cerca del 37%, ir a perdonar a los evasores es tirarse en contra a la mayoría de la población. Este blanqueo es la demostración de una filosofía donde son más importantes los dólares del lavado, de los evasores que los dólares de los exportadores o de los que quieren venir a invertir. Hubiera sido más sencillo generar un par de modificaciones cambiarias, no una devaluación, para que la brasileña Vale invierta los US$ 6.000 millones, generando trabajo. Ni hablar de los exportadores que sufren el atraso cambiario. La calle dice que estas medidas están hechas para que ellos salven su dinero y yo me pregunto sino será realmente así.

-Hay quienes sostienen que el peso está apreciado, ¿cree que hay que devaluar?

-Comparto con Kicillof y la Presidente la inconveniencia de devaluar. Pero en pesos de hoy ajustado por la inflación real, el dólar que tenía Cristina cuando asumió en diciembre de 2007 es el equivalente a 7u 8 pesos. La pregunta es por qué lo bajó a 5,20. Pero devaluar sin corregir las expectativas inflacionarias es ir a un Rodrigazo. En todo esto está la mentira del INDEC. Quien cree en el índice piensa que el kilo de pan vale $3,60 y el asado, $12,80. A partir de la mentira del INDEC se oculta el atraso cambiario. Néstor supo mantener un tipo de cambio competitivo. Hay que preguntarle a Cristina por qué no siguió con la misma política y transformó un superávit de 3% en un déficit de 3%.

-¿Es caro un dólar a $10?

-El precio de 10 no se explica por razones económicas, se explica por pánico. Este valor es el precio de un boleto para subirse al arca de Noé. No tiene que ver con lo que vale un dólar. La divisa está perdiendo terreno en el mundo y acá sube.

-¿Qué le aconsejaría a Cristina?

-Tengo la esperanza de que Cristina rectifique. Las soluciones de los desequilibrios fiscales y cambiarios no tienen porqué transitar por la generación de una oleada de pobreza como en 1989 y en 2001. Es inaceptable éticamente. Y además la paciencia política de los sectores perjudicados está colmada. No quiero vivir en un país donde vuelva a subir la pobreza al 35% porque no es vivible. Habría que echar mano al endeudamiento que en este contexto es aceptable. Tomás US$ 20.000 millones y se soluciona el mayor costo de las correcciones con una política de producción e inversión sin generar pobreza. En la medida que se tomen las medidas correctas duplicaría la asignación por hijo, la haría realmente universal, subiría las jubilaciones llegando al 82%. La salida de esta crisis no puede ser como en el 89 o 2001 con un golpe de devaluación e inflación. Cristina sabe lo que hay que hacer pero tiene objetivos políticos por encima de los económicos y no le importa el costo de mediano plazo. Su mundo termina el 27 de octubre y todo lo que le sirva para ganar las elecciones es bueno sin importarle el costo.

-Pero, ¿qué debería hacer?

-Hay que regularizar el INDEC, diseñar una política anti inflacionaria basada en metas que es lo que le permitió al mundo combatir la inflación sin recesión. No estoy de acuerdo en subir la tasa de interés ni creo en planchar el tipo de cambio, son soluciones monetaristas de la tablita de Martínez de Hoz o la convertibilidad de Cavallo. Hay que cambiar las expectativas a través de una gradual moderación de los resultados fiscales, controlando el desequilibrio fiscal y con eso bajo control se puede tener una inflación en suave descenso. En el interín habrá que bajar retenciones, desdoblar el mercado cambiario. Sería conveniente que las operaciones financieras o cancelaciones de préstamos y el turismo vayan a un mercado libre donde pueda actuar el Banco Central, eso generaría calma en el mercado paralelo.

Aparecido en Diario Clarín, edición 13/05/2013

El nuevo cepo: Los comicios de octubre

Por Carlos Pagni

Cristina Kirchner ha llevado a un extremo sorprendente su creencia en el señorío de la política sobre otras dimensiones de la vida pública.

Toda dinámica colectiva es susceptible de ser sometida, según ella, a la voluntad del que manda. Este axioma explica por qué, ante cada desequilibrio en un mercado, no atina a atacar las causas del problema, sino a anular sus efectos con una reglamentación. Para terminar con la inflación apeló al control de precios. Para superar el déficit de energía estatizó YPF y decretó lo que cada empresa debía producir. Para evitar que los ahorristas corran hacia el dólar construyó el cepo, que es un vallado tributario.

La misma terapia fue administrada en otros "mercados" en los que aparecieron trastornos. Cuando tuvo "problemas de comunicación", optó por encorsetar al periodismo con una nueva ley de medios. Y cuando esa ley encontró dificultades en la Justicia, en vez de mejorar los argumentos o aceptar las sentencias, se lanzó a "democratizar" los tribunales con magistrados que le dieran la razón.

Este año la Presidenta teme que se perturbe el mercado más decisivo: el de los votos. La supervivencia de su sueño de poder necesita de un triunfo contundente en las elecciones legislativas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. La estrategia para sortear esa encrucijada vuelve a ser la de siempre. En lugar de mejorar su mensaje y su política, se propuso alterar la regulación de los comicios. Cristina Kirchner se parece cada vez más a sí misma. En 2009 se ilusionó con que la manipulación del calendario y las candidaturas testimoniales le darían la victoria. Y hace 15 días, ante el dudoso triunfo del chavismo en Venezuela, rechazó cualquier recuento y exigió a Barack Obama que bendijera la elección. Curiosa reivindicación de la política, que es capaz de hacerla prevalecer sobre la propia democracia.

Ahora las ventajas en las urnas deben provenir de algunas reglas incorporadas a último momento en la remodelación del Consejo de la Magistratura. La reforma judicial lleva en su seno una reforma electoral.

La propuesta de que los representantes de los jueces, los académicos y los abogados se elijan en una votación general supuso desde el comienzo una alteración para los comicios de este año. Ya no se votaría sólo por los diputados o senadores de cada distrito. Habría también una boleta de consejeros capaz de unificar la elección en varias provincias. Como definió Graciela Camaño, "cuando sólo iba a haber comicios por distritos, el Gobierno inventó una elección nacional".

El kirchnerismo llevó esta innovación mucho más allá, con dos cambios en el texto original de la ley. Por un lado, prohibió a los partidos o alianzas rivalizar en todos los rubros, pero compartir los candidatos al Consejo. Esa combinación hubiera permitido, en teoría, que se enfrentaran sólo dos listas de consejeros: la del Gobierno y la de la oposición.

Por otro lado, el oficialismo se aseguró también la dispersión de sus rivales al modificar en Diputados el artículo 18 sancionado por el Senado. Los partidos o alianzas que promovieran una lista de consejeros debían estar inscriptos, con la misma composición, en por lo menos 18 distritos. La única fuerza capaz de cumplir con este nuevo cepo es el Frente para la Victoria.

Con este requisito el kirchnerismo aspira a nacionalizar la elección y presentar en 2013 un resultado parecido al de 2011. Propondrá en todo el país un conjunto de consejeros identificados con la Presidenta. Hay quienes suponen que en la lista estará la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, por portación de apellido. Del lado de sus rivales sólo figuraría la fuerza que haya homologado una alianza en 18 distritos. El recuento de los votos sería presentado como un triunfo arrasador de la Casa Rosada. Se trata de mantener la sensación de que el país carece de una alternativa al Gobierno. Sensación indispensable para cualquier intento de reelección.

Esta organización de las elecciones estuvo en la raíz del escándalo que sacudió a la Cámara de Diputados durante la sanción de la ley. Agustín Rossi quiso evitar la votación particular porque sabía que varios aliados provinciales se negaban a que sus partidos no pudieran postular consejeros. La resistencia más notoria fue la de la neuquina Alicia Comelli, que se abstuvo de votar el artículo 2º. El oficialismo quedó en 128 votos y estalló la guerra.

La polémica electoral puede determinar, cuando llegue a tribunales, el destino de toda la reforma. No porque la regulación de los comicios sea más inconstitucional que otros aspectos de estas nuevas leyes, sino porque su trámite procesal puede ser más veloz. El 13 de mayo es el nuevo Día D de la señora de Kirchner. En esa fecha debe convocar a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Si para entonces la Corte declaró que la forma de elegir los consejeros es inconstitucional, el empeño de la Presidenta por controlar la Magistratura deberá esperar, por lo menos, hasta 2015, ya que debería modificarse la normativa.

A pesar de las denuncias de Elisa Carrió sobre un pacto de los radicales con el oficialismo, Ernesto Sanz y Ricardo Gil Lavedra se pusieron al frente de un equipo para impugnar por inconstitucional la elección de consejeros. Es el camino que seguirán otros partidos, sobre todo los de escaso despliegue territorial, como Unión Celeste y Blanca (De Narváez), el Frente Progresista de Santa Fe (Binner) o Pro (Macri).

La carrera de la oposición será infartante. En cambio, el Gobierno apostará a que los jueces se pronuncien después del 13-M. Por esta razón, el Senado aprovechará el feriado de pasado mañana para "ganar" una semana. La dilación tiene una dificultad: el recurso de per saltum que reglamentó el kirchnerismo para ganar velocidad en el litigio con Clarín. Cristina Kirchner tropieza contra su propia invención. Como dijo Gómez Dávila, "no hay nada peor que dar soluciones permanentes a problemas transitorios".

La Cámara Nacional Electoral y, después, la Corte quedarán en el centro de la escena. Los primeros indicios insinúan que en el máximo tribunal ya se ha formado una mayoría contra la que chocaría el Gobierno. "Para ser presidente de la Nación basta con estar habilitado en cinco distritos. No se pueden exigir más requisitos para ser consejero", interpretan allí.

Nunca los políticos se enfadan más con la Justicia que cuando ésta les quita ventajas electorales. Barack Obama vapuleó a la Corte de los Estados Unidos en 2010, durante el discurso sobre el estado de la Unión, por una sentencia sobre el financiamiento de las campañas. El escándalo ganó temperatura cuando la televisión leyó los labios del juez Samuel Alito repitiendo "no es verdad".

¿Qué sucedería si la Corte voltea la elección para el Consejo? ¿Las PASO se realizarían igual o el Gobierno las suspendería para desalentar la polarización del voto en las generales? Es la pregunta que desvela a toda la clase política.

El disenso de la Corte no se limita a la alteración del sistema electoral. Cuando analizaron la reforma, los jueces detectaron cinco razones para la declaración de inconstitucionalidad. Entre ellas está la eliminación de los dos tercios para remover a los magistrados: "Es una mayoría especial que se exigía desde la Constitución de 1853 y que se trasladó al Consejo", apuntó un experto que conoce bien el tribunal.

También habrá otra controversia por la creación de las cámaras de casación. O, mejor dicho, de "la" Cámara de Casación: es la que tendría competencia en el caso Clarín. Hasta que se sustancien los concursos, Cristina Kirchner puede integrar ese tribunal por decreto y hacerlo intervenir en una causa que está en curso. Justicia legítima.

El juego es inquietante. La Cámara Civil y Comercial -Najurieta, Guarinoni y De las Carreras- falló a favor de Clarín.

El Poder Ejecutivo debe apelar esa medida, pero pretende hacerlo ante la Cámara de Casación, creada por la Presidenta. Para hacerlo ese tribunal debería estar creado antes de que venza el plazo de la apelación: 10 días hábiles, que están corriendo. Aquí la intención del kirchnerismo es que el proceso se demore. La ayuda de los paros judiciales es, en este aspecto, invalorable. En el caso de que se consiga injertar esa nueva instancia: ¿la Cámara Civil y Comercial aceptará esa alzada o la declarará inconstitucional?

Gracias al monumental poder que ha acumulado, cuando el Gobierno va perdiendo un pleito, puede sacar de la galera un nuevo tribunal que corrija el resultado. Y cuando las urnas presentan algún riesgo, crear una ortopedia para torcer la corriente de los votos. La democratización judicial cambió de rostro. Y a la Corte la espera un reto escalofriante: impedir que se instale en la Argentina una república fraudulenta..