Por Carlos Pagni
Cristina Kirchner ha llevado a un extremo sorprendente su creencia en el señorío de la política sobre otras dimensiones de la vida pública.
Toda dinámica colectiva es susceptible de ser sometida, según ella, a la voluntad del que manda. Este axioma explica por qué, ante cada desequilibrio en un mercado, no atina a atacar las causas del problema, sino a anular sus efectos con una reglamentación. Para terminar con la inflación apeló al control de precios. Para superar el déficit de energía estatizó YPF y decretó lo que cada empresa debía producir. Para evitar que los ahorristas corran hacia el dólar construyó el cepo, que es un vallado tributario.
La misma terapia fue administrada en otros "mercados" en los que aparecieron trastornos. Cuando tuvo "problemas de comunicación", optó por encorsetar al periodismo con una nueva ley de medios. Y cuando esa ley encontró dificultades en la Justicia, en vez de mejorar los argumentos o aceptar las sentencias, se lanzó a "democratizar" los tribunales con magistrados que le dieran la razón.
Este año la Presidenta teme que se perturbe el mercado más decisivo: el de los votos. La supervivencia de su sueño de poder necesita de un triunfo contundente en las elecciones legislativas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. La estrategia para sortear esa encrucijada vuelve a ser la de siempre. En lugar de mejorar su mensaje y su política, se propuso alterar la regulación de los comicios. Cristina Kirchner se parece cada vez más a sí misma. En 2009 se ilusionó con que la manipulación del calendario y las candidaturas testimoniales le darían la victoria. Y hace 15 días, ante el dudoso triunfo del chavismo en Venezuela, rechazó cualquier recuento y exigió a Barack Obama que bendijera la elección. Curiosa reivindicación de la política, que es capaz de hacerla prevalecer sobre la propia democracia.
Ahora las ventajas en las urnas deben provenir de algunas reglas incorporadas a último momento en la remodelación del Consejo de la Magistratura. La reforma judicial lleva en su seno una reforma electoral.
La propuesta de que los representantes de los jueces, los académicos y los abogados se elijan en una votación general supuso desde el comienzo una alteración para los comicios de este año. Ya no se votaría sólo por los diputados o senadores de cada distrito. Habría también una boleta de consejeros capaz de unificar la elección en varias provincias. Como definió Graciela Camaño, "cuando sólo iba a haber comicios por distritos, el Gobierno inventó una elección nacional".
El kirchnerismo llevó esta innovación mucho más allá, con dos cambios en el texto original de la ley. Por un lado, prohibió a los partidos o alianzas rivalizar en todos los rubros, pero compartir los candidatos al Consejo. Esa combinación hubiera permitido, en teoría, que se enfrentaran sólo dos listas de consejeros: la del Gobierno y la de la oposición.
Por otro lado, el oficialismo se aseguró también la dispersión de sus rivales al modificar en Diputados el artículo 18 sancionado por el Senado. Los partidos o alianzas que promovieran una lista de consejeros debían estar inscriptos, con la misma composición, en por lo menos 18 distritos. La única fuerza capaz de cumplir con este nuevo cepo es el Frente para la Victoria.
Con este requisito el kirchnerismo aspira a nacionalizar la elección y presentar en 2013 un resultado parecido al de 2011. Propondrá en todo el país un conjunto de consejeros identificados con la Presidenta. Hay quienes suponen que en la lista estará la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, por portación de apellido. Del lado de sus rivales sólo figuraría la fuerza que haya homologado una alianza en 18 distritos. El recuento de los votos sería presentado como un triunfo arrasador de la Casa Rosada. Se trata de mantener la sensación de que el país carece de una alternativa al Gobierno. Sensación indispensable para cualquier intento de reelección.
Esta organización de las elecciones estuvo en la raíz del escándalo que sacudió a la Cámara de Diputados durante la sanción de la ley. Agustín Rossi quiso evitar la votación particular porque sabía que varios aliados provinciales se negaban a que sus partidos no pudieran postular consejeros. La resistencia más notoria fue la de la neuquina Alicia Comelli, que se abstuvo de votar el artículo 2º. El oficialismo quedó en 128 votos y estalló la guerra.
La polémica electoral puede determinar, cuando llegue a tribunales, el destino de toda la reforma. No porque la regulación de los comicios sea más inconstitucional que otros aspectos de estas nuevas leyes, sino porque su trámite procesal puede ser más veloz. El 13 de mayo es el nuevo Día D de la señora de Kirchner. En esa fecha debe convocar a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Si para entonces la Corte declaró que la forma de elegir los consejeros es inconstitucional, el empeño de la Presidenta por controlar la Magistratura deberá esperar, por lo menos, hasta 2015, ya que debería modificarse la normativa.
A pesar de las denuncias de Elisa Carrió sobre un pacto de los radicales con el oficialismo, Ernesto Sanz y Ricardo Gil Lavedra se pusieron al frente de un equipo para impugnar por inconstitucional la elección de consejeros. Es el camino que seguirán otros partidos, sobre todo los de escaso despliegue territorial, como Unión Celeste y Blanca (De Narváez), el Frente Progresista de Santa Fe (Binner) o Pro (Macri).
La carrera de la oposición será infartante. En cambio, el Gobierno apostará a que los jueces se pronuncien después del 13-M. Por esta razón, el Senado aprovechará el feriado de pasado mañana para "ganar" una semana. La dilación tiene una dificultad: el recurso de per saltum que reglamentó el kirchnerismo para ganar velocidad en el litigio con Clarín. Cristina Kirchner tropieza contra su propia invención. Como dijo Gómez Dávila, "no hay nada peor que dar soluciones permanentes a problemas transitorios".
La Cámara Nacional Electoral y, después, la Corte quedarán en el centro de la escena. Los primeros indicios insinúan que en el máximo tribunal ya se ha formado una mayoría contra la que chocaría el Gobierno. "Para ser presidente de la Nación basta con estar habilitado en cinco distritos. No se pueden exigir más requisitos para ser consejero", interpretan allí.
Nunca los políticos se enfadan más con la Justicia que cuando ésta les quita ventajas electorales. Barack Obama vapuleó a la Corte de los Estados Unidos en 2010, durante el discurso sobre el estado de la Unión, por una sentencia sobre el financiamiento de las campañas. El escándalo ganó temperatura cuando la televisión leyó los labios del juez Samuel Alito repitiendo "no es verdad".
¿Qué sucedería si la Corte voltea la elección para el Consejo? ¿Las PASO se realizarían igual o el Gobierno las suspendería para desalentar la polarización del voto en las generales? Es la pregunta que desvela a toda la clase política.
El disenso de la Corte no se limita a la alteración del sistema electoral. Cuando analizaron la reforma, los jueces detectaron cinco razones para la declaración de inconstitucionalidad. Entre ellas está la eliminación de los dos tercios para remover a los magistrados: "Es una mayoría especial que se exigía desde la Constitución de 1853 y que se trasladó al Consejo", apuntó un experto que conoce bien el tribunal.
También habrá otra controversia por la creación de las cámaras de casación. O, mejor dicho, de "la" Cámara de Casación: es la que tendría competencia en el caso Clarín. Hasta que se sustancien los concursos, Cristina Kirchner puede integrar ese tribunal por decreto y hacerlo intervenir en una causa que está en curso. Justicia legítima.
El juego es inquietante. La Cámara Civil y Comercial -Najurieta, Guarinoni y De las Carreras- falló a favor de Clarín.
El Poder Ejecutivo debe apelar esa medida, pero pretende hacerlo ante la Cámara de Casación, creada por la Presidenta. Para hacerlo ese tribunal debería estar creado antes de que venza el plazo de la apelación: 10 días hábiles, que están corriendo. Aquí la intención del kirchnerismo es que el proceso se demore. La ayuda de los paros judiciales es, en este aspecto, invalorable. En el caso de que se consiga injertar esa nueva instancia: ¿la Cámara Civil y Comercial aceptará esa alzada o la declarará inconstitucional?
Gracias al monumental poder que ha acumulado, cuando el Gobierno va perdiendo un pleito, puede sacar de la galera un nuevo tribunal que corrija el resultado. Y cuando las urnas presentan algún riesgo, crear una ortopedia para torcer la corriente de los votos. La democratización judicial cambió de rostro. Y a la Corte la espera un reto escalofriante: impedir que se instale en la Argentina una república fraudulenta..
