Un episodio que desnuda aberraciones

Por Carlos Pagni | LA NACION 

En un ensayo de los años 60, Guillermo O'Donnell comparó las relaciones de clase de Río de Janeiro con las de Buenos Aires. Una de las curiosidades que observó es que, cuando un carioca presumido preguntaba a alguien más modesto: "¿Sabe usted con quién está hablando?", el otro de inmediato se ubicaba bajando la cabeza. En cambio, si la escena transcurría entre porteños, la advertencia era contestada con un "a mí qué carajo me importa".

El escándalo en el que quedó envuelto Juan Cabandié demuestra que, en algunos aspectos, las cosas no han cambiado. Y que, en otros, sí.

Cabandié encarnó al oligarca que reclama ser tratado no con arreglo a su conducta sino a su condición. Una arcaica aspiración a la que, también en los 60, Quino dedicó un libro en cuya tapa aparecía un personaje pequeño, muy menor, erigiendo un dedo enorme y preguntando: "¿Sabe usted con quién está hablando?".

Por su parte, Belén Mosquera , la agente que aparece en el video, no se amilana. Se mantiene indiferente a la presunción de Cabandié. Menos irreverente que el porteño de O'Donnell.

Aunque José Hernández escribió ya en el siglo XIX que "la ley es como el cuchillo/no corta al que lo maneja", puede ser una novedad que a Mosquera la hayan echado por cumplir con su deber. Cabandié pidió a Martín Insaurralde que le aplique "un correctivo" y el intendente de Lomas de Zamora le suspendió el contrato. "MI barrio, MI sueño, MI correctivo", podría agregar ahora el candidato a su publicidad. Pero mejor sería que ofreciera alguna explicación.

Tal vez Insaurralde haya dado crédito a la patraña de Cabandié, según la cual intentaban cobrarle una coima. Mosquera lo desmintió con bastante lógica: "¿Cómo voy a querer cobrar una coima si sé que me están filmando?".

Aquí aparece el otro rasgo de arbitrariedad del episodio. ¿Es admisible que a un vecino se lo filme sin su consentimiento? ¿No debería ocurrir lo mismo que en esas comunicaciones telefónicas en las que se advierte que la conversación podría estar siendo grabada? También es aberrante que el video circule después por Internet y sirva como munición de campaña electoral. Cabandié no se ha indignado lo suficiente por estas prácticas de las que ha sido víctima. Tal vez si lo hubiera filmado la Metropolitana de Mauricio Macri y no la Gendarmería de Cristina Kirchner su reacción habría sido otra. Él, que reclamó "un correctivo" para quien pretendía hacer cumplir las reglas, todavía no pidió sanción alguna para quien las violó en su contra. ¿Fue la propia Gendarmería, tan acostumbrada a dar dolores de cabeza al kirchnerismo? Mal que le pese a Cabandié, el teniente coronel Sergio Berni debería explicar quién confeccionó el video, dentro de qué marco reglamentario lo hizo y cómo fue filtrado a las redes sociales. ¿O el Estado se pasó al anonimato?

Las peculiaridades consignadas hasta aquí alcanzan para que el episodio adquiera una gran repercusión. Pero la discusión entre Cabandié y la agente Mosquera tiene otras dimensiones aberrantes. Es llamativo que el legislador presente como una virtud la circunstancia de ser hijo de desaparecidos. Ese carácter lo convierte en víctima de la dictadura militar. No en héroe. Por si hiciera falta, Graciela Fernández Meijide acaba de explicarlo en un libro ejemplar sobre la desoladora peripecia de su hijo.

Pensar que la filiación está dotada de una carga moral es una deformación habitual del oficialismo. El propio Cabandié, durante el debate electoral del miércoles pasado, reprochó a Elisa Carrió que llevara en su lista al hijo del ex ministro del Interior Enrique Nosiglia, Juan Nosiglia. Carrió le hizo notar que los hijos no heredan los vicios de sus padres. Aunque también esa aclaración merecería ser fundamentada: sobre Enrique Nosiglia no pesa acusación penal alguna; ni siquiera Carrió la ha formulado, a pesar de que de tanto en tanto se ensaña con su correligionario de UNEN.

La inclinación de Cabandié a juzgar a los demás por sus relaciones de parentesco, a tono con un gobierno que ha interrumpido la carrera de muchos militares por portación de apellido, no podría ser más reaccionaria. Los hombres son mejores o peores por su propio comportamiento, no por quiénes fueron sus padres. No hay mérito ni culpa en el hecho de ser hijo. Aun cuando esto pueda sonar extraño para un militante de La Cámpora, grupo que escogió como líder a alguien sin más antecedente que el ser hijo de un matrimonio poderoso. El hijo Máximo.

Desde que llegó al poder en 2003, el kirchnerismo ha subordinado en innumerables ocasiones la causa de los derechos humanos a sus impulsos y necesidades de facción. Muchas veces convirtió esa bandera, que por definición es universal, en instrumento de persecuciones caprichosas e infundadas. Se sirvió de ella para acosar a la prensa crítica; para neutralizar a chacareros levantiscos; para disciplinar a jueces imparciales; o para desacreditar a algún arzobispo poco complaciente, hasta que devino papa. Ahora esa manipulación alcanzó su grado cero: la vindicación de los desaparecidos fue utilizada para zafar de una boleta de tránsito. Los argumentos de Cabandié son la caricatura de una de las desviaciones más reprochables que presenta el kirchnerismo.

Hay un último punto de vista desde el cual este incidente se vuelve más doloroso. Cabandié llamó a Insaurralde para pedir un "correctivo". Esa palabra no es frecuente, salvo entre los agentes policiales. "Correctivo" es la sanción piadosa que suele aplicarse en las comisarías a quienes no merecen pasar la noche en el calabozo. Tal vez en la infancia de Cabandié, que fue criado por Luis Falco, un oscuro oficial de la Policía Federal, "correctivo" haya sido un término familiar. Tristísima sorpresa: por la boca del hijo de desaparecidos sale la voz del apropiador. Trágica Argentina, que puede mostrar, a través de una historia mínima, un abismo gigantesco.

Link: http://www.youtube.com/watch?v=mUTWhbeJ6gs

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El stand-up de la Presidenta

Lo que dice el nuevo estilo oratorio de Cristina Kirchner

Por Beatriz Sarlo | Para LA NACION

La Presidenta ha cambiado notablemente su oratoria. Todos los observadores coinciden en que está "más suelta". Yo diría que muchas veces se muestra sencillamente pintoresca.

Antes de esta transformación, desde la muerte de Néstor Kirchner en sus discursos incrustaba bloques de alto dramatismo, cuando mentaba, con la voz estrangulada por la emoción, su soledad y su voluntad de sobreponerse. La intensidad, aunque no ha desaparecido, hoy dura menos. En su lugar, están las ocurrencias de una espontaneidad libre de ataduras, que trae anécdotas, gustos, recuerdos, diálogos con la platea, bromas, sonrisas, miradas de costado, revoloteo de manos y pasos de baile tan expresivos que no sería justo citar sólo por escrito, sin los gestos. No voy a citar, me voy a privar de esa prueba que puede verse en www.presidencia.gov.ar/discursos .

El stand-up comedy presidencial, es decir el momento en que Cristina Kirchner improvisa en primerísima persona, tiene un público que parece disfrutar de esa fórmula escénica. Hace dos días, detuve el cuadro de video sobre una panorámica que mostraba a ese público en un salón de la Casa de Gobierno. Lo vi a Filmus riéndose ante un intercambio de datos sobre el origen étnico del comandante Chávez; quien los proporcionaba a la Presidenta era el secretario de Comercio, que se tocó la cabeza e hizo el gesto de enrularse el pelo. Rápida, la Presidenta captó que los gestos de Moreno sugerían que Chávez tenía mota. Y fue ésa la palabra que empleó. Me imaginé a un Filmus políticamente correcto, en alguna otra vida pasada, predicando ante unos niños que con esas cosas no debía bromearse. Hasta que festejó ese momento del stand-up presidencial, Filmus era un señor correcto, serio, con cara de aburrido, convencional. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué creen que se les pide? ¿Qué temen si no se ríen con obsecuencia?

Lo que le pase a Filmus, en realidad, tiene poca importancia. Dejará de reír y seguramente se sentirá más cómodo con un cambio en el estilo presidencial. Las salidas de tono de la Presidenta, cuando incursiona en el stand-up, son la incógnita para analizar. En el pasado, el registro más usual de Cristina Kirchner (mientras fue diputada y senadora) era tecnocrático. Hablaba de corrido una jerga de informe socioeconómico. Era evidente que se aplicaba a preparar esas intervenciones que luego hacía "de memoria". Después de presidentes que improvisaban mal y no aprendían de memoria, como Menem, ganaba de punta a punta. Kirchner era un orador directo, pasional y desgalichado; por el contrario, su esposa parecía la universitaria del tándem. Le faltaba algo para ser una oradora tan buena como se creía: no tenía temperatura escénica (a lo Lula) ni parecía una académica destacada (a lo Fernando Henrique Cardoso o Ricardo Lagos).

Se dirá que estas cuestiones carecen de importancia política. Creo, en cambio, que son importantes, porque no muestran simplemente modos de hablar, sino la relación que alguien mantiene con su propia imagen pública. Cada uno habla del modo en que se siente autorizado a hablar por sus antecedentes o su poder.

Cristina, en esta nueva forma de su oratoria, habla como alguien que piensa que sus más triviales ocurrencias pesan y, por lo tanto, deben ser comunicadas a la ciudadanía. Mientras su oratoria fue tecnocrática y populista (una buena mezcla), era unánime la opinión de que se adecuaba a las necesidades de su lugar político. Se toleraban sus sarcasmos, porque se los consideraba una manifestación de su inteligencia. Después, cuando atravesó el capítulo dramático de poner en escena el dolor y el duelo, recibió la paciente solidaridad de sus oyentes. Ahora, en este giro hacia el stand-up, corre un riesgo que antes no corría: ¿es graciosa cuando canta un jingle o revolea los ojos? Si la parodia falla, el stand-up se desmorona.

Hay una sombra de omnipotencia en este nuevo estilo oratorio de la Presidenta. Los buenos oradores políticos conocen perfectamente cuál es su género y, sobre todo, saben que no todos los géneros les quedan bien. La Presidenta parece haber perdido esta capacidad de distinguir.

A esto podría responderse con dos objeciones. La primera es que sus discursos son exitosos. Tal afirmación es incomprobable, salvo que las plateas cautivas de la Presidenta sean tomadas como adecuada muestra sociológica (como si las risas grabadas de la televisión sirvieran para probar el alto rating de un programa). La segunda objeción es que todo mi argumento carece de importancia y que lo que importa en los políticos es lo que hacen, no lo que dicen.

Es un error separar la acción política del discurso que la acompaña. El estilo de la explicación indica mucho sobre la idea que un político tiene acerca de sí mismo. El profundo autocentramiento de la Presidenta es tan visible en sus discursos como en el verticalismo que es el sello de su gobierno. La forma de sus teleconferencias enfatiza su concentrado personalismo para dirigirse a gobernadores, intendentes o (peor aún) gente de lugares alejados donde se inaugura o reinaugura una obra. Parece una señora que habla con subordinados, a los que trata con una confianza condescendiente que ellos jamás podrían devolver: bromas, preguntas, comentarios van en dirección única, de arriba para abajo. Es paternalista un discurso que coloca a su interlocutor en un lugar desde donde no puede responder sino celebrando a quien le habla. En la primera mitad del siglo XX, se llamó a este estilo populismo oligárquico, de patrón de estancia. Hoy es populismo de burguesa próspera, convencida de que todos sus actos son para beneficiar a esa pobre gente que la escucha.

Sintonizo con frecuencia el canal Unasur. Allí puede escucharse a Chávez, un colorido orador antiimperialista, seguro dentro de esa cultura, y con sensibilidad verbal para diferentes registros: de la maldición a la amenaza, de la promesa a la confianza. Independientemente del juicio que se tenga sobre su política, Chávez tiene estilo. Los discursos de la Presidenta no pertenecen a esa tradición, como si no los hubiera practicado antes. Esto es particularmente evidente cuando se mete en la historia del siglo XIX y primera mitad del XX, con la insegura brevedad de alguien que no avanza por campo conocido.

Todo esto conforma una personalidad política (no hablo de inabordable psicología, sino de rasgos ideológicos). Todos los grandes dirigentes han sido juzgados no sólo por sus obras, sino también por sus discursos, desde Sarmiento hasta Perón. Los discursos son una de las materias en que se expresa y se define un estilo de gobierno y una concepción del poder. El centralismo verticalista produce una atmósfera de encierro, en la que Cristina Kirchner se mueve como si fuera el medio más favorable a su espontaneidad. Si un dirigente cree que está autorizado a decir cualquier cosa en cualquier momento, incluso malos chistes, ha perdido una conciencia de los límites dentro de los que se ejerce siempre, en todas partes, un poder que sea legítimo no sólo por los fines perseguidos, sobre los que puede disentirse, no sólo por los medios utilizados, que pueden discutirse, sino por las formas de comunicarlos.

Cristina Kirchner dijo que, en caso de usar un poco menos la cadena nacional, los opositores malévolos ya estarían preguntándose dónde está la Presidenta. Probablemente tenga razón. Ella es responsable de haber elegido esa incesante estrategia mediática. Si la deja de lado, es obvio que deberá reemplazarla por otra para evitar la pregunta que supone inminente, ya que la oposición en todas sus variantes le parece un ejército cuyo único impulso son las malas intenciones.

© La Nacion

Si no hay castigo, no hay justicia

Los permisos para que los presos tengan salidas transitorias 


Por Diana Cohen Agrest  | Para LA NACION

Desde siempre, las sociedades humanas presentan constantes naturales: todas reprueban social y penalmente el quebrantamiento de las normas. Desertor de los valores que sostienen el entramado social, el delincuente es aquel que transgrede la ley positiva históricamente situada. De allí que salvo condiciones excepcionales -guerras y revoluciones-, la protección ante la delincuencia es la intervención de la ley positiva en una dimensión moral que se puede calificar de universal: no provocar el sufrimiento del otro.

Dicha interdicción se instauró tras el reconocimiento de que el delito es consustancial a la condición humana: no es por azar que el relato del Génesis, tras narrar la expulsión del Paraíso, prosiga con el crimen inaugural de Caín perpetrado contra su hermano Abel. Según la narración bíblica, un Dios omnipotente castigó al victimario con una marca en su frente, estigma que lo preservaría del castigo humano y que acompañaría el derrotero existencial de Caín.

Antes de la celebración del hipotético pacto que fundó la sociedad civil, los particulares vengaban por su propia mano la afrenta sufrida: el hombre se cobraba el mal perpetrado por otro hombre. Con el devenir de la historia, esa oportunidad le fue arrebatada a la víctima y fue delegada en los poderes públicos -eclesiásticos y luego civiles-. Manos humanas que, en la Argentina que nos duele, las más de las veces son ajenas al dolor de la pérdida e indiferentes a la escisión definitiva e irreparable instaurada por la muerte de quien amamos.

En una interpretación disparatada de la Constitución Nacional, hoy asistimos a la propuesta (sin duda, innovadora en el mundo, también en esto somos "los primeros") de que los presos gocen de salidas transitorias "culturales" con el fin de "militar" (paradoja del lenguaje, pues si hay una palabra que carga en el imaginario social con una suerte de pecado de origen es esta expresión hoy sintomáticamente resignificada). Además de los intereses en juego, este empoderamiento del delincuente invierte el orden simbólico y, en un mecanismo de admiración inconsciente, celebra al victimario, quien es, al fin de cuentas, el ganador que "pudo" con la víctima, mientras que la víctima es el fracasado. Porque es mejor identificarse con el triunfador, quien se animó a hacer -y triunfó en su "ejecución" (¡otra paradoja!) de un acto que, según parece, anida como deseo en el inconsciente de muchos.

Los ideales que sustentan la laxitud normativa -rebajados a una presunta rehabilitación del convicto- son desmentidos por el alto porcentaje de reincidencias. Por supuesto, si por "rehabilitación" se entiende "resocialización", esto es, la oportunidad de volver a vivir en el seno de la sociedad y de continuar delinquiendo, esa asimilación semántica implicaría que la "resocialización" y el vivir del delito no serían mutuamente excluyentes, lo que se da de hecho en las políticas vigentes de excarcelación de delincuentes.

Fundándose en una teoría agnóstica del castigo que parte de la premisa de la ineficacia punitiva, en particular, de la pena privativa de libertad, se alega que la excarcelación es una de las vías propiciadas para descomprimir las lamentables condiciones de la realidad penitenciaria. Pero es una inconsecuencia lógica argumentar que porque las penas no disuaden del delito, deberíamos eliminarlas (porque las penas alternativas son un eufemismo, no son penas).

Esta inconsecuencia descarta otra posibilidad: mejorar el sistema carcelario y, fundamentalmente, en los casos de delitos en contra de la vida o de la integridad de las personas, imponer penas proporcionales a ese delito. El experto canadiense en seguridad Irvin Waller, en una nota publicada en LA NACION, señalaba que "en Bogotá se logró reducir fuertemente la tasa de homicidios en un plan que fue mantenido por tres alcaldes. Primero es necesario el diagnóstico. Y ése no es un tema de la policía porque se necesita una planificación general del Estado para dar respuestas efectivas. Allí se focalizó, al principio, en el control de las armas de fuego, el acceso al alcohol y las condiciones de vida en los barrios de mayor violencia, además de luchar fuertemente contra los crímenes de venganzas de sicarios y proteger a las víctimas de delitos. Los resultados muestran que el éxito es posible". Sin una férrea voluntad política de luchar contra el crimen cotidiano y una transformación de las causas sociales que lo cobijan es imposible recuperar el tejido comunitario. Ese es el desafío que nos espera como sociedad.

Quienes persisten en seguir modelos noruegos o finlandeses, sin embargo, descartan una segunda dimensión del castigo, la retributiva. En las páginas de Sobre la justificación moral del castigo , Eduardo Rabossi declaraba que mientras quienes defienden el poder de disuasión de la pena afirman que se castiga para disuadir al delincuente o a otros de continuar delinquiendo, en cambio, quienes defienden la tesis retribucionista sostienen que el castigo en general se justifica porque el ofensor cometió un delito. El castigo es entonces el resultado de aplicar una norma en la que se estipula una pena para cierta clase de actos, y aplica dicho castigo a un caso particular. Pero allí se hace una distinción entre el legislador y el juez. Si se toma en cuenta la ley penal, "cuando el legislador establece que determinado tipo de acciones deben ser penadas con tal o cual castigo, mira hacia el futuro y si tiene presente hechos pasados, sólo es como motivación de su proceder". En cambio, concluye Rabossi, cuando el juez aplica una sanción mira hacia el pasado, porque "lo que le interesa es determinar la culpabilidad efectiva del supuesto ofensor", y si mira hacia el futuro, por ejemplo al efecto reformador que pueda tener la pena, "sólo es como algo derivado de su culpabilidad". En lugar de sacrificar uno de los dos criterios sancionatorios clásicos, ambos se reconcilian en el justo castigo.

De la Justicia pública siempre se esperó, cuando menos, que el mal cometido nunca llegara a ser conmutado. Jamás se espera que repare aquel mal intrínsecamente irreparable (el homicidio o la violación no son condiciones que puedan remediarse), ni tampoco se espera que cometa un nuevo mal (tal como sería la tortura).

Sin embargo, la Justicia pública desprecia la lógica retributiva que gobierna todas las otras actividades humanas: la retribución se ejerce tanto en la economía basada en la noción de intercambio como en la política fraguada en las lealtades y hasta en el intercambio cotidiano de regalos o favores. Pero suele ser descartada en la ejecución de la pena cuando se exonera al victimario de su cumplimento. Demonizando cualquier atisbo de un presunto "afán vindicativo", se contradice esa lógica inherente a la condición humana, conmutando la pena y, en el mismo gesto, burlando la buena fe de las víctimas sobrevivientes que han renunciado a devolver personalmente un mal con otro mal.

Cuando el Estado expropia la venganza, se compromete a sustituir su función primordial. Si ese compromiso no se cumple, el Estado es un Leviatán que destruye los lazos comunitarios una y otra vez desgarrados por el dolor de una impunidad que, en el mejor de los casos, nutre el sentimiento de impotencia, y en el peor, el horror del resentimiento. Ese mismo Estado omnipresente en la persecución de los ciudadanos es ejecutor, por omisión, de esas miles de vidas expropiadas por un sistema inerme que no cuidó de lo más valioso y, frente al dolor de lo irreparable, responde con la negación, el silencio y el olvido.

El filósofo Paul Ricoeur señalaba una rigurosa sucesión de conexiones: donde hay normas sociales, decía, "hay posibilidad de infracción; donde hay infracción existe lo punible, ya que el castigo tiende a restaurar la ley al negar simbólica y efectivamente el daño cometido en detrimento del otro, la víctima. Si el perdón fuera posible a este nivel, consistiría en levantar la sanción punitiva, en no castigar allí donde se puede y se debe castigar. Esto es imposible directamente, pues el perdón crea impunidad". Donde no hay castigo, no hay orden simbólico y donde no hay orden simbólico, no hay justicia.

Como una impostora, se instaura una injusticia alentada por los mismos que nos prometieron otra historia. Esa historia que hoy se inscribe en el borramiento del mal cometido, en la exaltación de la transgresión, en el aniquilamiento de los valores más elementales, en un vaciamiento del entramado simbólico que sostiene el entramado social.

Los errores de discurso de Cristina

Jorge Oviedo

Especial para La Nación

En su discurso en la Bolsa de Comercio, Cristina Kirchner cometió una serie de errores e inexactitudes, entre los que se cuentan:

-"Yo era diputada nacional y me acuerdo de que meses antes del desastre [de 2001] se sancionó una ley, que se denominaba de intangibilidad de los depósitos. Según el gobierno de la Alianza, era una señal muy fuerte para los mercados, a los efectos de asegurarle que la gente iba a tener el dinero que le iban a devolver los bancos. Como si la economía pudiera manejarse por leyes y la confianza y la garantía te la pudiera dar una ley."

El proyecto comenzó a tratarse el 15 de agosto en la Cámara baja sobre tablas por pedido del diputado del PJ Miguel Angel Pichetto, actual jefe del bloque kirchnerista del Senado.

-"Recuerdo, bien sentada a mi derecha, porque era la diputada Ana María Mosso (...) que hizo una gran y perfecta objeción a lo que era esa ley de intangibilidad diciendo que no iba a servir de nada."

La versión taquigráfica menciona a Mosso no como opositora, sino como autora de uno de los proyectos. Se aprobó rápido y sin objeciones. No hay en la versión taquigráfica ningún discurso contra el proyecto.

-"Lo que hay es una formidable crisis especulativa (...) a partir de una crisis que conocimos muy bien, y que fue el estrangulamiento del sector externo. Esto es el endeudamiento del sector externo público y el endeudamiento del sector externo privado, y del sector externo familiar."

En todo caso se trataría del endeudamiento externo del sector público y privado, que no es lo mismo. Durante la convertibilidad, personas y familias se financiaron con créditos en moneda extranjera, que no eran "externos" y por eso pudieron pesificarse.

-"Los otros dos grandes momentos de endeudamiento se dan durante la dictadura (...). Allí el sector privado fue fundamentalmente el endeudado y que culminó con la estatización, que el doctor Cavallo y obviamente el Gobierno, sostuvieron (...). Entonces se estatizó la deuda que finalmente son los bonos Par, los bonos Discount, etc., etc., que terminaremos de pagar recién en el año 34. Hay bonos que se emitieron en aquel momento que son con legislación de Nueva York."

En la dictadura aumentó mucho la deuda en moneda extranjera. Con las devaluaciones de 1981 se rompió la promesa de depreciación predecible de la "tablita". Se dio al sector privado un seguro de cambio para cancelar las deudas. Varios economistas señalan que el problema fue que cuando Cavallo ya no estaba en el Banco Central no se lo adecuó correctamente por inflación. El default fue en 1982, lo renegoció sin éxito Alfonsín y luego se hizo el acuerdo Brady en 1992. Entonces se emitieron los Par y Discount, no en la dictadura. Se defaultearon. Los Par y Discount que hoy existen los emitió Kirchner.

-"Luego vino el segundo período de endeudamiento, la convertibilidad, y para sostener la ficción de que un peso era igual a un dólar. Nos endeudamos, inclusive, para sostener gastos corrientes y además desprendiéndonos de bienes. Algunos, afortunadamente, hemos recuperado."

Según los estudios más serios, la mitad del aumento de la deuda en el gobierno de Menem reconoció cuentas impagas con jubilados, proveedores del Estado, personas perseguidas, secuestradas o despedidas de sus empleos públicos por la dictadura, acusados de "subversivos".

Néstor Kirchner, fue un gran apoyo de Menem para privatizar YPF. En 1999 la Nación, Santa Cruz y todas las provincias petroleras vendieron a Repsol las acciones que en la privatización de 1993 habían conservado y dieron el control a los españoles.

-"La deuda pública total contra Producto Bruto Interno: en el año 2002, significa el 166% de nuestro PBI, hoy significa el 41,8."

Comparó contra el peor momento, cuando el PBI medido en dólares se había derrumbado por la brusca devaluación y cuatro años de recesión. Sólo a fines de 2001 la deuda pública superó el 50% del PBI. El PBI en dólares estaba sobrevaluado por el atraso cambiario. Pareciera que hoy ocurre algo parecido. Tras la reestructuración, los niveles de deuda no tienen un diferencia tan grande respecto de los últimos años de la convertibilidad.

-"Deuda Pública Total en poder del sector privado, en moneda extranjera, contra PBI: en 2002, 92%; (...) Cuando se pague el Boden 12 - vamos a pasar a deber solamente el 8,4%."

Pareciera que no computa la deuda por fallos adversos del Ciadi, que el Gobierno no paga. Excluye la deuda con el Club de París, en default hace 11 años, que podría superar los US$ 8000 millones. También la deuda con Venezuela por importaciones de fueloil. Y seguramente tampoco una previsión de indemnización a Repsol por la expropiación de YPF.

En la deuda total, seguramente no incluyó los fallos en favor de jubilados que el Gobierno no cumple.

-"La exportación de carne cayó entre 27 y el 30%. La cuota Hilton (...) el año pasado nos la pagaban a 22.000 dólares, este año está entre 12.000 y 13.000, si te la compran (...) La tonelada de leche en polvo estaba ya en 2011 a 5000 dólares, hoy está entre 2600 y US$ 2700."

La Argentina durante años no ha cubierto la cuota Hilton, aun con precios récord. Los exportadores lo atribuyen a malas prácticas gubernamentales. Con precios internacionales récord, Néstor Kirchner prohibió los envíos de carne y Guillermo Moreno, los de leche en polvo. En el sector aseguran que así se desalentó la inversión en secadoras de leche y hoy no hay suficientes.

-"En el año 2001, todos los consultores económicos, todos los periodistas, todos los diarios decían que estaba arreglado y que no pasaba nada."

La crisis fue para los medios internacionales un "choque de autos en cámara lenta", por lo previsible. Los republicanos decían desde 1997 que había que abandonar a países como la Argentina que debían defaultear sus bonos y pagar por anticipado al FMI. Anne Krueger, número 2 del FMI, propuso una ley de quiebras para países, mientras De la Rúa intentaba el canje de noviembre de 2001. La Presidenta acusó de encubrir la crisis al economista Jorge Avila, profesor del CEMA, donde se graduó Boudou.

Las advertencias de que la Argentina marchaba hacia el colapso, hechas por Avila y otros economistas, sacaron de quicio a Cavallo. Los acusó "traidores a la patria" en 2001, en una entrevista con LA NACION que, como todos los medios, reflejaba el debate. El 30 de noviembre de 2001, Ambito Financiero anticipó el corralito. Durante todo el año los ahorristas retiraron miles de millones de dólares en depósitos, advertidos de las dificultades del Gobierno.

El Estado impone su propia épica - Luis Alberto Romero

Publicado en LA NACION - Edición 30 de noviembre de 2011

Un reciente decreto creó el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego. De sus fundamentos se deduce que el Estado argentino se propone reemplazar la ciencia histórica por la epopeya y el mito.

El mito y la epopeya están en la prehistoria del saber histórico. Los mitos explicaban el misterio y el papel de lo divino; los relatos épicos exaltaban la acción de los héroes, entre divinos y humanos. La historia se ocupó, simplemente, de los hombres, y trató de entenderlos basándose en el razonamiento y la comprobación. En la Antigua Grecia, Herodoto y Tucídides fundaron la historia como ciencia y dejaron en el camino mitos y héroes. A mediados del siglo XIX, Wagner recurrió al mito y a la épica, pero sus óperas se representaban en los teatros; en las universidades estaban los historiadores tan notables como Mommsen.

Más o menos así estamos hoy en la Argentina. No tenemos ópera, pero hay abundantes cantantes, poetas y escritores de mitos y epopeyas, que conquistan la fantasía de su público. Los historiadores, por su parte, trabajan en las universidades y en el Conicet.

El Estado tiene otra idea: la épica debe ocupar el lugar de la historia. La tarea que le encomienda al Instituto de Revisionismo es rescatar y valorar la obra de los héroes fundadores de nuestra nación, sistemáticamente ignorada por la "historia oficial". Nadie se sorprendería si leyera esa propuesta en los escritos de Pacho O'Donnell, presidente del nuevo instituto. Su pluma y su verba son familiares. Lo insólito es que una prosa tan idiosincrática sea asumida, sin correcciones ni matices, por el Estado nacional a través de un decreto firmado por la Presidenta, el jefe de Gabinete y el ministro de Educación.

El decreto amonesta severamente a los historiadores. Obnubilados por el "liberalismo cosmopolita", abandonaron su misión -la reivindicación de los héroes patrios- y ocultaron la gesta de las grandes personalidades identificadas con el ideario nacional y con las luchas populares. Entre otros héroes olvidados se encuentran personajes como San Martín, Rosas, Yrigoyen, Perón y Eva Perón. También son culpables de haber olvidado el aporte de las mujeres y, sobre todo, la contribución de los sectores populares a estas luchas. Al nuevo instituto se le pide que elabore una reivindicación de los auténticos héroes, con la salvedad de que debe hacerse mediante un saber científico riguroso, ausente de la investigación histórica actual.

Los historiadores profesionales vivimos en el engaño. Creímos que la investigación histórica científica y rigurosa se había consolidado en las universidades y el Conicet. Computamos como hechos positivos no sólo la excelente formación profesional, sino la ampliación de nuestros temas, inclusive -entre tantos otros-, los referidos a las personalidades mencionadas. Nos enorgullecimos de haber superado viejas controversias esterilizantes. Acordamos que no existen verdades únicas ni definitivas y que el nuestro es un conocimiento en revisión permanente. No se si efectivamente lo logramos. Pero lo cierto es que hoy hay una enorme cantidad de historiadores excelentes y altamente capacitados, que se han formado y han sido examinados en sus capacidades por las rigurosas instituciones del Estado argentino: sus universidades, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas o la Agencia Nacional de Investigaciones.

Creímos que retribuíamos al Estado lo que hizo por nuestra formación con buena historia, reconocida en todo el mundo. Pero a través de este decreto, la más alta autoridad nos dice que ha sido un trabajo vano, y que sus instituciones académicas y científicas han fallado. Todo lo que hemos hecho es historia "oficial", y, peor aún, "liberal".

El decreto también se ocupa del conjunto de los ciudadanos. Les advierte sobre los riesgos de las ideas equivocadas sembradas por los enemigos del pueblo. Los previene acerca del pernicioso relativismo del saber. Sobre el pasado -así como sobre el presente- hay una verdad, que el Estado conoce y que este instituto contribuirá a inculcar. Para ello se ocupará de la correcta educación de los docentes y los vigilará para que no recaigan en el error. Podrá además cambiar los nombres de las calles y las imágenes de los billetes, monedas y estampillas; crear museos y lugares de memoria, establecer nuevas celebraciones y, en general, promover la difusión de estas ideas a través de cualquier medio de comunicación. En estos prospectos, inquietantemente totalitarios, se dibuja una suerte de orwelliano Ministerio de la Verdad, del cual ya hemos visto algunos adelantos en la cuestión de la llamada "memoria del pasado reciente".

El revisionismo histórico, cuya tradición se invoca en este decreto, merecía un destino mejor. En esa corriente historiográfica militaron historiadores y pensadores de fuste. Julio Irazusta desarrolló una bien fundamentada defensa de Juan Manuel de Rosas, con sólida erudición, aguda reflexión y una prosa refinada. Ernesto Palacio dejó una Historia de la Argentina bien pensada y provocativa. José María Rosa, quizá más desparejo, tiene piezas de preciso conocimiento y convincente argumentación. Ellos y sus seguidores, como todos los buenos historiadores, cuestionaron las ideas establecidas, provocaron el debate y aportaron nuevas preguntas. Sobre todo, formaron parte de una tradición crítica, contestataria, irreverente con el poder y reacia a subordinar sus ácidas verdades a las necesidades de los gobiernos.

Quienes hoy hablan en su nombre impresionan por su mediocridad. El decreto los califica de "historiadores o investigadores especializados", capaces de construir un conocimiento "de acuerdo con las rigurosas exigencias del saber científico". Pero ninguno de ellos es reconocido, o simplemente conocido, en el ámbito de los historiadores profesionales. De los 33 académicos designados, hay algunos conocidos en el terreno del periodismo, la docencia o la función pública. Dos de entre ellos, Pacho O'Donnell y Felipe Pigna, son escritores famosos. En mi opinión, entre ellos hay muchos narradores de mitos y epopeyas, pero ningún historiador. Nada comparable con los fundadores del revisionismo.

Estos epígonos del revisionismo comparten con sus predecesores ciertos rasgos, disculpables en quienes reunían otros méritos. Uno de ellos es la idea de la conspiración. Los "vencedores" han mantenido oculta una historia verdadera, que ellos revelarán. Lo que hemos leído muchas veces a propósito de Rosas y de otros se aplica hoy a Manuel Dorrego, cuyos méritos enumera el decreto. A los historiadores siempre nos asombra este permanente descubrimiento de lo ya sabido. Personalmente, hace cincuenta años ya aprendí todo eso con Enrique Barba y Tulio Halperín Donghi. Desde entonces, aparecieron abundantes trabajos académicos, algunos brillantes, que están al alcance de cualquiera que se tome el trabajo de buscarlos.

La retórica revisionista, sus lugares comunes y sus muletillas, encaja bien en el discurso oficial. Hasta ahora, se lo habíamos escuchado a la Presidenta en las tribunas, denunciando conspiraciones y separando amigos de enemigos. Pero ahora es el Estado el que se pronuncia y convierte el discurso militante en doctrina nacional. El Estado afirma que la correcta visión de nuestro pasado -que es una y que él conoce- ha sido desnaturalizada por la "historia oficial", liberal y extranjerizante, escrita por "los vencedores de las guerras civiles del siglo XIX". Los historiadores profesionales quedamos convertidos en otra "corpo" que miente, en otra cara del eterno "enemigo del pueblo".

En nombre del pueblo, el Estado coloca, en el lugar de la historia enseñada e investigada en sus propias instituciones, a esta épica, modesta en sus fundamentos, pero adecuada para su discurso. Más aún, anuncia su intención de imponerla a los ciudadanos como la verdad. Quizá sea el momento de que, en nombre del pueblo, se le diga a quien encabeza el Estado que hay cosas que no tiene derecho a hacer.

El autor, historiador, es investigador principal del Conicet/UBA

Dónde está hoy la izquierda - Luis Alberto Romero

Cuando la política se lee desde categorías esquemáticas y equivocas

Hace poco me referí a un intelectual como un "hombre de izquierda", y un joven colega me preguntó si se trataba de la "izquierda kirchnerista" o "de la otra". Pensé contestar que "izquierda kirchnerista" era un oxímoron, una contradicción en los términos, pero me contuve: al fin, cada uno tiene el derecho de acomodar las clasificaciones corrientes.

El problema está en la clasificación misma. La de "izquierda" y "derecha" divide el complejo mundo de la política en dos opciones únicas y excluyentes, inmutables aunque sus contenidos cambien, y asociadas con un sentido y un final atribuidos a la historia. Progresistas y conservadores conforman un esquema y una teleología, adecuados para creencias o convicciones, problemáticos para compartir su sentido e inútiles para comprender lo que pasó y lo que pasa.

Su origen es casual. Designó simplemente el lugar donde se sentaban dos grupos de la Asamblea de la Revolución Francesa: los radicales a la izquierda y los moderados a la derecha. El esquema se impuso y constituye desde entonces el punto de apoyo de cualquier relato político. Se reconocen infinidad de subespecies, y hasta un híbrido "centro", pero siempre remiten a la distinción binaria principal. Antes de la Primera Guerra Mundial sirvió para diferenciar a liberales de conservadores y, en general, las cuestiones en debate podían ser alineadas en esos términos. Quienes miraban las cosas en particular señalaron frecuentemente la inadecuación del esquema, aunque prefirieron culpar a la gente, que no se comportaba como debía hacerlo.

En 1890, los liberales de Viena, convencidos de ser la izquierda progresista y sensata, lamentaban ser atacados por un movimiento popular, radical, nacionalista, antijudío y dirigido por un aristócrata. Izquierda y derecha mezcladas; un completo contrasentido. Por entonces el politólogo Mijail Ostrogorski lamentó similares contrasentidos de los políticos ingleses: los liberales eran imperialistas; los conservadores, populistas, y los laboristas, partidarios del comercio libre.

El comunismo soviético y el fascismo revitalizaron la idea de una confrontación esencial entre izquierdas y derechas, ignorando los múltiples puntos de contacto entre ambos. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, los Estados de bienestar, los movimientos anticoloniales y la Guerra Fría hicieron mucho más complejo el escenario y las opciones, pero no declinó la voluntad de agruparlas en ese lecho de Procusto. Los cambios de finales del siglo XX están demasiado cercanos para que necesitemos recordar, por ejemplo, el desconcierto que producen en la izquierda las figuras de Tony Blair o Felipe González.

En la política argentina, con sus dos grandes movimientos nacionales y populares, identificar a derechas e izquierdas nunca fue fácil. El peronismo fascinó a muchos izquierdistas, pero no al punto de considerarlo de izquierda. En los años 60 y 70 se instaló otro eje, que cruzaba ambos campos: el método de la violencia asesina. En 1983 se estableció un nuevo escenario, firmemente basado en la democracia y los derechos humanos, que mantuvo acotadas las tendencias o divergencias. Dentro de ese acuerdo, las posturas progresistas, que se denominaron de centroizquierda, se caracterizaron por asociar la democracia con la equidad social, garantizada por un capitalismo serio y un Estado robusto.

Esta propuesta progresista chocó pronto con la realidad de un país profundamente transformado, que emergió en 1989. Una sociedad polarizada, un vasto mundo de la pobreza, un Estado desarticulado, agobiado por la deuda externa y exprimido por los grupos de interés que lo colonizaban.

En los años 90 esta realidad se impuso y redefinió la división entre derechas e izquierdas. La "derecha neoliberal" -básicamente peronista- impulsó políticas de reforma y achique del Estado que en lo inmediato consolidaron el mundo de la pobreza. Las impuso un poder presidencial acrecido, que descartó los controles institucionales y reforzó el prebendarismo y la corrupción. Otros cambios, como una parcial racionalización del Estado o una mejora en la eficiencia del agro o las industrias exportadoras, no fueron percibidos o valorados. Por entonces, el progresismo de izquierda encontró un cómodo espacio de coincidencia, que incluyó a los afectados por la gran transformación y a sus críticos políticos; entre ellos, unos cuantos peronistas. Las diferencias eran secundarias. Cualquiera sabía dónde estaba la izquierda.

En este siglo, con el kirchnerismo, los tantos ya no están claros. La prosperidad económica -un don imprevisto- ha cambiado mucho las cosas. El Estado salió de sus aprietos y el Gobierno pudo estabilizar la economía y disponer de amplios recursos para consolidar su poder y apaciguar el mundo de la pobreza, que, sin embargo, permaneció irreductible. Nada muy distinto de los años 90. Tampoco cambiaron mucho los gobernantes. La diferencia está sobre todo en su discurso. Kirchner atacó el "neoliberalismo", proclamó un populismo de izquierda que emparentaba con el de 1973, construyó con palabras una derecha que alternativamente centró en la oligarquía, los monopolios, los grandes medios o los destituyentes, y negó la posibilidad de posturas intermedias.

Políticas muy tradicionales fueron envueltas en los tópicos del nacionalismo populista, sensible para parte de la tradición de izquierda. Los subsidios al consumo fueron presentados como crecimiento del mercado nacional; los subsidios a la pobreza, como inclusión; la prosecución de los juicios a los represores, como política de derechos humanos. La proclamada recuperación del Estado consistió en la injerencia discrecional del Gobierno y la promoción de nuevos prebendados a través de la reestatización de empresas privatizadas en los 90. Esta combinación produjo desconcierto: ¿la izquierda es hoy el kirchnerismo? Quienes conformaban en los 90 el progresismo de centroizquierda están hoy divididos, y confrontan duramente, reclamando cada uno la bandera de la izquierda.

Quizá convenga dejar de lado esta distinción, casi metafísica, y ordenar las cuestiones que enfrentan a ambos sectores. No son exclusivas de la izquierda, pues las alternativas dividen a casi toda la ciudadanía. En mi opinión, el principal punto de clivaje separa a quienes toman como referencia la propuesta política de 1983 y quienes se identifican con la profunda revisión de esa propuesta en 1989.

Para los primeros, la democracia está asociada con las instituciones, el equilibrio de poderes y el pluralismo. Para los segundos, la lección de 1989, ratificada en 2001, legitima la concentración presidencial del poder y la subordinación de las formas institucionales a las políticas de emergencia que solucionen los problemas del pueblo. Respecto de los derechos humanos, los primeros encadenan los juicios a los represores con la consolidación del Estado de Derecho. Los segundos unen ese castigo con la reivindicación de la militancia de los años 70, su gesta, sus proyectos y también sus métodos. No es fácil decir dónde está la derecha y la izquierda.

El otro gran clivaje se refiere al Estado. Hoy su necesidad e importancia no es discutida. Pero unos la entienden en términos de políticas de Estado, apuntaladas por un Estado institucional, eficiente, regulador y regulado, que establezca reglas y las sostenga. Los otros subordinan el Estado a un gobierno cuya plebiscitada legitimidad lo autoriza a ajustar las normas a las necesidades de la coyuntura. "Las normas están hechas para ser violadas", dicen sus intelectuales; "salvo la ley de la gravedad, todo se arregla", se repite en sede popular. Nada muy distinto de los años 90.

Hay muchas otras cosas en debate, cada una con sus especificidades y alineamientos cambiantes: la pobreza, la educación, la seguridad, la libertad de expresión y tantas otras. De un modo u otro remiten a estas dos maneras de entender la política y el progreso.

Volvamos a la clasificación. Aunque tengo una opinión acerca de cuál de estas alternativas puede reclamar legítimamente pertenecer a la tradición de izquierda, no creo que sea una discusión relevante. Parece mucho más productivo discutir sobre cuestiones y no sobre banderas: qué tipo de gobierno queremos, qué tipo de Estado, qué tipo de capitalismo, qué tipo de políticas sociales. Sean de izquierda o no.

© La Nacion
Publicado en edición impresa el jueves 11 de agosto de 2011

La degradación de las políticas públicas y la verdad de la milanesa

La degradación de las políticas públicas y la verdad de la milanesa

Por Ignacio Miri - Editor de Política
Tomado de El Cronista.com

En algún momento del nuevo siglo, la Argentina perdió la noción de lo que es una política pública. Dicha así, esa afirmación parece una cita destinada al mundo académico, pero existen formas de bajarla de tamañas alturas. Esta semana, por ejemplo, Cristina Kirchner presentó una medida que permite llevar esa idea al ámbito doméstico, incluso hasta el comedor o la cocina. La Presidenta anunció el miércoles el programa “Milanesas para todos”. A pesar de que el plan fue anunciado por la máxima autoridad política del país, que representa a todos los argentinos, en un acto público en la Casa de Gobierno, la medida no es una política pública. No lo es porque, según explicó la propia Presidenta, el anuncio implica que una sola carnicería –el Mercado Central, en Tapiales– de las miles que existen en el país, ofrecerá un corte de carne determinado a un precio de 21 pesos. Eso parece más una impensada publicidad para un pequeño emprendedor privado que una política pública, que por definición debe estar destinada a toda la población o al menos tener la pretensión de llegar a todos.
El disparate pasó desapercibido acaso porque la Presidenta acostumbra a presentar en persona esa clase de ideas, que hasta no hace mucho caían en manos de funcionarios menores. Ya desde los inicios de su gobierno, cuando ofrecía planes de bicicletas a bajo precio que se mantenían por dos semanas en algunas cadenas de supermercados, o el año pasado, cuando escenificó una escena de compra de filetes de merluza para promocionar la aparición de un camión frigorífico bautizado como “Pescado para todos”, Cristina mostró su predilección por los anuncios destinados a porciones ínfimas de la población, de duración mínima o que llegaban a un puñado de barrios. La etiqueta “Para todos” –que debutó cuando el Gobierno decidió subsidiar con fondos públicos a los clubes, dirigentes, representantes, técnicos y jugadores de fútbol profesional para quitarle el negocio de las transmisiones televisivas al Grupo Clarín– fue usada también para promocionar toda una serie de intervenciones, algunas más arbitrarias y extravagantes que otras, en los mercados de bienes y servicios. ¿Cuánto falta para que se lance el plan “Bailando por un sueño para todos”, ya que los programas de Marcelo Tinelli demostraron ser incluso más populares que el fútbol? ¿Qué otros platos de la cocina argentina, además de las venerables milanesas, se cruzarán en la mente de los publicistas del Gobierno? ¿Por qué discriminar a los suculentos y popularísimos ravioles? ¿Qué funcionario tuvo la idea de mezquinar la implementación del programa “Flan con crema para todos”, atendiendo a su arraigo entre la población y a sus reconocidas propiedades alimenticias? Para tranquilidad del Ministerio de Economía, hay que decir que el flan también está caro en los restaurantes y almacenes. Incluso, si se atiende al cálculo proporcional, más caro que las milanesas.
La explicación tal vez haya que buscarla en la pretensión de mostrar a la Presidenta en un continuado de anuncios diarios, que la obliga a ocuparse de esa clase de microanuncios. Hay que decir que las inauguraciones de una escuela o de tres kilómetros de autopista no son patrimonio de Cristina Kirchner y que son muchos los presidentes que se dedicaron a esas cosas en la historia argentina. Sin embargo, la proliferación de publicidades con decisiones irrelevantes termina por opacar otras medidas que benefician a todo el país. Por caso, el mismo miércoles, unas horas después de anunciar el plan de las milanesas, Cristina aseguró que la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) –que afecta a millones de argentinas y que es la segunda causa de cáncer femenino– se incorporará al calendario de vacunación oficial. Esa sí que es una política pública, para decir la verdad de la milanesa.